El ex gobernador de BCS, acusado de ordenar destrucción de cuentas públicas de 97 y 98

Comparece Mercado Romero por usurpación de funciones

EVA YANNIT BERTINI CORRESPONSAL

La Paz, Bcs, 20 de enero. El ex gobernador del estado, Guillermo Mercado Romero, rindió su declaración preparatoria la mañana de hoy por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido de funciones, luego de que la subsecretaria de Finanzas, Griselda Uribe Figueroa, lo acusó de ordenarle destruir la documentación que sustentaba las cuentas públicas del Gobierno del estado de los ejercicios fiscales de 1997 y 1998.

Al comparecer ante la agencia del Ministerio Público del ramo penal, Griselda Uribe declaró que la destrucción de las cuentas públicas le fue ordenada directamente por Mercado Romero, durante una reunión celebrada el 13 de enero de 1999, en la casa de gobierno conocida como El Caimancito.

Declaró que al citado encuentro también asistió el entonces secretario de Finanzas Ramón Ernesto Delgado Navarro.

Uribe Figueroa aseguró que después de cumplir con el mandato de destruir la documentación acudió a la casa de Gobierno, en la que Mercado Romero le preguntó en su privado y a solas, si ya se había cumplido su instrucción. "Le dije que sí, que de acuerdo con sus instrucciones había sido destruida en su totalidad", refirió.

A partir de estas declaraciones, el juez primero de primera instancia del ramo penal, Bárbaro Valenzuela Serrano, giró una orden de aprehensión contra Mercado Romero, quien fue detenido el 13 de enero de este año y sólo permaneció unos 30 minutos internado en el Centro de Readaptación Social de La Paz, porque la defensa presentó una orden de amparo que le otorgó un juez federal.

La auditoría en 1999

La auditoría a la administración estatal que encabezó Mercado Romero, de extracción priísta, se realizó a principios de 1999, por instrucciones del gobernador del estado, Leonel Cota Montaño.

De acuerdo con las declaraciones que hizo Cota Montaño, los resultados de la investigación revelaron un desvío de recursos públicos por 518 millones de pesos. Sin embargo, y luego de casi cinco años, la fiscalía especial no ha logrado comprobar dicha malversación en los juzgados estatales y federales.

La información de que el Gobierno del estado, por conducto de la fiscalía especial, ha destinado más de 20 millones de pesos en el proceso penal contra ex funcionarios estatales, entre ellos el ex secretario de Gobierno, Raúl Antonio Ortega Salgado; el ex director de Obras Públicas, Román Pozo Juárez; el ex secretario de Finanzas, Ramón Delgado Navarro y contra el ex gobernador Guillermo Mercado Romero.

Cabe resaltar que durante el proceso penal contra los mercadistas, la presente administración estatal ha cambiado a la juez de primera instancia del ramo penal, Rosalía Domínguez Cota, quien fue relevada por Bárbaro Valenzuela Serrano, y al fiscal especial, Valentín Moreno Soria, quien fue remplazado por Hugo Carlos Mendoza Núñez.