Analizan en Bucareli el Presupuesto de Egresos de 2004

En duda, la legalidad de la asignación de tiempos en radio y tv por el Congreso

MIREYA CUELLAR

El gobierno federal tiene serias dudas sobre "la legalidad, la constitucionalidad", de la distribución que la Cámara de Diputados hizo en el Presupuesto de Egresos de los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación (radio y televisión) que operan mediante concesión federal, dijo ayer el secretario de Gobernación, Santiago Creel, en una reunión con los titulares de Comunicación del gobierno federal.

Del encuentro, a puerta cerrada, trascendió que Creel dijo que la dependencia analiza el artículo 31 del Presupuesto de Egresos para 2004 aprobado por los diputados -donde se distribuyen en forma porcentual el uso en radio y televisión de los tiempos oficiales- porque está en duda su legalidad.

Fuentes de Gobernación confirmaron lo dicho por Creel, y apuntaron que lo siguiente será la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte, porque además de que el presupuesto es confuso, podría darse el caso de que los legisladores estuvieran invadiendo un ámbito exclusivo del Ejecutivo al asignar porcentajes de tiempo a los poderes de la Unión.

El artículo 31 del presupuesto aprobado en diciembre en San Lázaro dice que "los tiempos que por ley otorgan las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, serán distribuidos en los siguientes porcentajes: 40 al Poder Ejecutivo federal; 30 al Poder Legislativo federal, asignándose en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la de Senadores; 10 al Poder Judicial federal, y 20 a los entes públicos federales definidos en el artículo 2 fracción 8 de este decreto. [...] Gobernación supervisará esta distribución".

En principio el presupuesto no aclara a cuáles tiempos se refiere, dado que hay dos modalidades que por ley otorgan los medios electrónicos y que genéricamente se conocen como tiempos "oficiales": los que están regulados por el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que se denominan "tiempos de Estado", y los que se desprenden de la decisión presidencial (de Díaz Ordaz) de que los concesionarios puedan pagar sus impuestos en especie (ratificado por Fox el 10 de octubre de 2002), y que se llaman "tiempos fiscales".

Una lectura, dijeron las fuentes de Gobernación, podría ser que el Legislativo incluye los dos tiempos, otra que sólo los del Estado. Pero en el caso de los fiscales los legisladores estarían invadiendo, al asignar porcentajes en el reparto, facultades del Ejecutivo, porque el decreto del 10 de octubre de 2002 dice: "Los concesionarios [...] pagarán la contribución que se menciona con 18 minutos diarios de transmisión en [...] televisión, y con 35 minutos diarios en [...] radio, para la difusión de materiales del Poder Ejecutivo federal [...]."

El decreto foxista habla de materiales del Ejecutivo federal, no incluye a los otros poderes de la Unión. Eso fue parte de la discusión cuando Fox emitió su decreto en 2002, que el Ejecutivo se estaba quedando con todos los "tiempos fiscales", cuando tendrían que ser, según varios legisladores, para todos los órganos del Estado.

El artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión dice que "las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos [...]. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo".

En este artículo no hay restricción sobre quiénes tienen derecho a los tiempos, aunque, según algunos funcionarios de Gobernación, otorga facultades al Ejecutivo para distribuirlos. La Corte dirá.