Los hechos, tras la llegada de marinos, policías y miembros de la Profepa, dice ONG

Queman 23 casas de pro zapatistas en Montes Azules

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 23 de enero. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que el jueves fueron quemadas 23 viviendas en la comunidad Nuevo San Rafael, que se ubica en la reserva de la biosfera de Montes Azules, propiedad de indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Añadió que, de acuerdo con la denuncia de habitantes de la región, la quema de las 23 casas ocurrió ayer, después de que decenas de integrantes de la Secretaría de Marina, policías y empleados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegaron a la comunidad, donde además detuvieron al indígena Josué Jiménez Cruz, quien al parecer está recluido en el penal de Ocosingo.

En un comunicado de prensa, el organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García informó que la comunidad se encuentra "incomunicada", ya que la Profepa ha "prohibido a los lancheros de la comunidad de Ixcán el tránsito por el río Lacantún", único acceso al lugar.

"Hoy, miembros de este centro se constituyeron en el lugar para documentar los hechos, pero no les fue posible el acceso hasta Nuevo San Rafael por la prohibición" a los lancheros y, por tanto, se desconocen las condiciones en que se encuentran los pobladores, pero se presume que huyeron del lugar, manifestó.

Aseveró que, según los testimonios que ha recibido, unos 40 miembros de la Marina y varios policías se encuentran en Nuevo San Rafael, una de las comunidades de más reciente fundación en la zona. Sus habitantes son indígenas choles desplazados de El Calvario, municipio de Sabanilla, ubicado en el norte de Chiapas, y llegaron a ocupar las tierras hace dos años.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas señaló que hace unos días fue reportada la llegada de decenas de militares a la zona, lo que "causó temor entre los pobladores ante las amenazas de un inminente desalojo por las autoridades federales".

El organismo condenó "enérgicamente la incomunicación a la que están sometidas las comunidades" de la zona y la "violación del libre tránsito en la región de Montes Azules" por la Profepa y la Marina.

"Es sumamente grave que las autoridades federales mantengan incomunicada la comunidad de Nuevo San Rafael, violando las garantías constitucionales de libre tránsito y comunicación", subrayó.

Exigió a las autoridades federales y estatales "el cumplimiento de su deber en lo que toca a vigilancia y protección de los derechos humanos individuales y colectivos de las comunidades indígenas asentadas en la zona de Montes Azules".