Robert Cook

Blair sobrevivirá  al juez Hutton

Esos periódicos que tienen la esperanza de que el señor Blair no sobreviva han adornado de dramatismo los acontecimientos de la próxima semana. Han presentado al atribulado gobierno laborista como próximo a enfrentar el paralelo político de una plaza central destruida, un rifle trabado y un coronel muerto.

Personalmente espero que el señor siga siendo primer ministro cuando la ceniza del estallido se haya asentado, al término de la próxima semana, y estoy convencido de que tiene la intención de encabezar al Partido Laborista en las próximas elecciones generales.

A menos que lord Hutton anuncie que el primer ministro es culpable de asesinato con una contundencia que estaría totalmente fuera de lugar en un juez cuyo carácter y prudencia conocemos, sospecho que Tony Blair tiene todas las posibilidades de sobrevivir hasta su décimo aniversario en Downing Street.

La mayor amenaza que podría impedirle concluir su mandato es la pérdida de gusto por el trabajo. Pero entre más tiempo pasa en el puesto, Blair emana cada vez más indicios de su exacerbado afán misionero.

Su sobrevivencia, sin embargo, no quiere decir que los desafíos de la próxima semana no sean serios. Para Tony Blair, su gravedad es, además, directa, pues estos momentos decisivos son consecuencia de decisiones enteramente suyas, y no del colectivo del gobierno. Se trata de la cuestión de tarifas universitarias que pagarán alumnos recibidos en cuanto logren los empleos mejor remunerados, y el tema de Irak.

La forma en que se adoptaron las tarifas universitarias tiene que ver también con el estilo de gobierno que éstas simbolizan. Está de moda entre las personas que apoyan el cambio de política lamentar que el tema ha sido mal presentado. Pero la forma en que se maneja la nueva política corresponde a la forma en que se creó. Fue producto de una reunión a puerta cerrada entre el grupo Russel, formado por funcionarios de las principales universidades, y el primer ministro. Ni el gabinete ni su bancada parlamentaria fueron invitados a compartir la autoría del proyecto antes de que Downing Street lo adoptara unilateralmente como política de su gobierno, para después quedarse a la espera de que todos, simplemente, obedecieran.

Ignoro si ya suficientes ministros han saltado por el aro y piensan aprobar la ley en el Parlamento el próximo martes. Tampoco el gobierno lo sabe. La semana pasada Downing Street alardeaba sobre un supuesto cambio en la composición química del Parlamento, pero ahora el círculo de Blair parece consciente de que subestimó sus motivos de preocupación.

La razón por la que ha sido tan difícil arrojar al asador suficientes filetes de concesión como para lograr consenso, es una brecha ideológica entre ambas partes. Quienes se oponen a las tarifas variables insisten en que los servicios públicos deben ser accesibles a todos, y no financiados por consumidores individuales, sino por la comunidad en su conjunto. Creen que la cohesión social se estimula al preservar un terreno público en que las personas son tratadas equitativamente, como ciudadanos con los mismos derechos, y no como consumidores con diferentes poderes de compra.

La cuestión de las tarifas se ha vuelto emblemática, porque hace surgir la sospecha de que el nuevo laborismo está perdiendo su voluntad de defender los servicios públicos financiados mediante la recaudación fiscal. Si ahora se nos dice que los contribuyentes, en general, no deben ser ''castigados'' con los costos de los estudiantes, ¿cuánto falta para que el mismo argumento se aplique a las escuelas, y nos digan que los alumnos con las más altas calificaciones tienen un mayor potencial para cubrir los déficit en el sistema escolar que quienes reprueban y los expulsan?

Es una cosa que nos digan, con mucha razón, que los servicios públicos deben responder con flexibilidad a las necesidades del individuo, pero es muy diferente que se aplique a los individuos con distinto potencial adquisitivo.

Los teóricos de la conspiración tienden a ver un plan maquiavélico en el hecho de que el voto sobre las tarifas coincide con el informe del juez Hutton.

Personalmente creo que la mitad del personal en Downing Street tuvo que recostarse y tomar agua durante una hora cuando se informó que lord Hutton adelantaría una semana la entrega del reporte. Los políticos tienen gran capacidad de recuperación ante un reto difícil. Pero de lo que deben estar muy temerosos es de una línea de acontecimientos en la que todo sale mal al mismo tiempo.

Así las cosas, la mañana después de que se voten las tarifas universitarias escucharemos el reporte de lord Hutton. Es difícil imaginar que no responsabilizará al gobierno por no cumplir su deber hacia la privacidad del doctor Kelly. El asesor gubernamental, el señor Dingemans, admitió en su declaración final que se hicieron tres versiones sucesivas sobre la postura oficial ante la prensa. En la primera se habló de no revelar el nombre de Kelly, y en la última versión se optó por confirmarlo, en caso de que la prensa preguntara. La mayoría de quienes tomaron parte en la redacción de las distintas versiones trabajan en Downing Street.

Durante los recientes días Geoff Hoon y chivo expiatorio han sido prácticamente sinónimos. Creo que fue profundamente injusto dejar que se echara la culpa. Si de algo es culpable es sólo de haber anticipado con gran entusiasmo lo que él percibió como deseos de Downing Street y, posiblemente, vencer su reticencia a satisfacerlos.

El círculo de Blair duda constantemente de los juicios de sus ministros, y la consecuencia de ello es que ya no es posible que el primer ministro salga ileso cuando una de sus decisiones es equivocada. Sospecho que Downing Street entiende muy bien que no puede destituir a Hoon tras el dictamen de Hutton, sin provocar incómodas preguntas sobre su propia complicidad.

Pero en cierto sentido el reporte de Hutton podría dar un paso repentino de lo trascendente a lo trivial. La muerte de David Kelly fue una tragedia para él y su familia, pero el escándalo mayor en que se enmarcaba era la forma en que Gran Bretaña maniobró para justificar su participación en la guerra contra Irak con base en una supuesta amenaza armamentista, que resultó un invento.

El admirable compromiso de Hutton a la transparencia ha hecho pública una sucesión de correos electrónicos muy comprometedores que confirman que ni siquiera el jefe del estado mayor de Blair estaba convencido de que Saddam fuera una amenaza inminente, y descubrió, además, que nadie en la maquinaria gubernamental creía que Irak tuviera armas de destrucción masiva listas para ser lanzadas en 45 minutos. Todos pensaban que Irak, cuando mucho, tendría artillería pesada.

Estos temas, sin embargo, quedaron excluidos del reporte que presentará Hutton, y asesores del juez ya han dado a entender que corresponde a otros ahondar en ellos. Lo último que Tony Blair quiere es que el reporte de Hutton incluya la promesa de llevar a cabo más investigaciones sobre Irak. Cualquier comité parlamentario cuyos miembros tengan la impertinencia de sugerir que ellos pueden realizar investigaciones, se arriesgan a que las celdas victorianas dentro del Big Ben sean remozadas para alojarlos. Además, ninguna nueva investigación podría mejorar la evidencia ya descubierta por Hutton, que expuso lo hueca que era la justificación de la guerra.

Tony Blair no sólo quiere sobrevivir la semana próxima, sino también restaurar la autoridad que necesita desesperadamente para cerrar, de una vez por todas, la controversia en torno a la guerra. Pero la polémica no desaparecerá por más que insista en que él tenía razón y que volvería a hacerlo si Bush se lo pidiera otra vez. En algún momento debe reconocer los errores que cometió y garantizar que hay lecciones que deben aprenderse.

No tendrá una mejor oportunidad para hacerlo que su respuesta al reporte de Hutton. Si su respuesta tiene un espíritu de contrición, podría provocar la catársis que necesita para superar el problema de Irak.

Pero si decide defender con tono desafiante cada penoso detalle, desde la redacción del dossier de septiembre sobre las supuestas armas de Irak, hasta la revelación de la identidad de Kelly, la semana siguiente habrá una renovada controversia sobre una guerra que se ha vuelto ya un tema decisivo dentro del Parlamento.