Pide al gobierno federal intervenir y permitir al pueblo elegir a sus autoridades

Arbitrario y excesivo, el uso de fuerzas de seguridad en Morelos: Centro Pro

CLAUDIA HERRERA BELTRAN Y LAURA POY SOLANO

El gobierno de Morelos ha hecho uso "arbitrario y excesivo" de las fuerzas de seguridad pública, al pasar por encima de los derechos fundamentales de los pobladores de Tlalnepantla, concluye un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Producto de una visita de observación y del seguimiento de las denuncias de los campesinos del municipio, el documento critica la omisión del gobierno federal para intervenir en el conflicto y pide que se garantice el libre ejercicio del pueblo para la elección de sus autoridades bajo sus usos y costumbres.

El Centro Pro confirmó que han ocurrido "graves violaciones" a los derechos humanos de sus habitantes. De manera individual o colectiva han sufrido daños, lesiones físicas, sufrimiento emocional, pérdida de sus hogares y trabajo.

Asegura que las consecuencias de las acciones realizadas por los agentes de seguridad pública, bajo el mandato del gobernador, Sergio Estrada Cajigal, son la muerte de Gregorio Sánchez, 24 personas detenidas (que ya fueron liberadas); un número no definido de lesionados y heridos, así como de personas desaparecidas y aproximadamente mil pobladores refugiados en pueblos aledaños.

Además de mencionar que desde entonces a la fecha, alrededor de 400 policías mantienen sitiado el lugar sin que existan condiciones para el restablecimiento de la vida comunitaria cotidiana.

Señala que la administración de Estrada Cajigal ha seguido con el patrón que establecieron administraciones priístas, de usar la ley como herramienta para reprimir los movimientos sociales que los habitantes de Morelos han encabezados para hacer valer el interés colectivo ante la imposición de intereses económicos y políticos.

Aurora de la Riva, Alejandra Ancheita, Claudia Ordóñez y Lilia Moreno, autoras del estudio, dicen que en este gobierno hay ausencia de voluntad política para establecer canales institucionales y encauzar las demandas de la sociedad.

Este conflicto, explican, hace evidentes los vacíos de la actual reforma constitucional en materia indígena, y demostró igualmente la falta de espacios institucionales para dar cauce al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indios.

Sobre el papel del gobierno federal, señala que su omisión para intervenir en un conflicto que ha rebasado los alcances del gobierno de Morelos, hace que la situación de los pobladores sea de "completa vulnerabilidad e indefensión".

La organización no gubernamental advierte que la ocupación del municipio por agentes de seguridad pública, lejos de garantizar el estado de derecho, violenta la vida cotidiana de la comunidad.

Ante ello, demanda al gobierno del estado adoptar medidas, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para el retorno de los desplazados en un contexto de civilidad.

Mentalidad colonialista: Raúl Vera

Las acciones "represivas" contra campesinos de Tlalnepantla forman parte de una mentalidad "colonialista" que insiste en aplicar una política de "dádivas" y no de respeto a los derechos, usos y costumbres de los pueblos, aseguró Raúl Vera López, obispo de Saltillo e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Los ataques contra los pobladores forman parte del incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de "vivir según sus costumbres, respetuosos de los derechos de los demás, por lo que no son ellos quienes crean el conflicto sino las autoridades que ejercen la represión", manifestó.