Reabrir el debate sobre la reforma indígena, demandó Stavenhagen al Congreso

Relator especial de la ONU recomendó al Estado respetar caracoles y juntas

Pidió al EZLN reanudar los contactos con autoridades para reactivar el diálogo de paz

HERMAN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 31 de enero. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, demandó al Congreso de la Unión "reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena, con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo con la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los acuerdos de San Andrés".

Para el relator especial de la ONU, los conflictos agrarios y ambientales son tan importantes como el proceso de paz, y "recomienda al Estado mexicano respetar la existencia de los caracoles y las juntas de buen gobierno (JBG), y mantener en todo momento su disponibilidad a colaborar con estas instancias, cuando sea requerido, con el objeto de facilitar una solución pacífica al conflicto en Chiapas".

Respecto a la militarización, apunta: "Cuando así lo demanden las comunidades indígenas, el Ejército deberá ser replegado de las inmediaciones de los poblados, y su presencia y actividades en zonas indígenas deberán ser estrictamente compatibles con sus deberes constitucionales".

Considera que la búsqueda de la paz negociada en Chiapas "deberá ser retomada como tema de alta prioridad en la agenda de política interna del gobierno federal".

Propone la creación, "con carácter prioritario", de una "instancia nacional de atención a desplazados internos por cualquier causa y dotarla de los recursos necesarios para atender sus necesidades, incluyendo, en su caso, la reparación de los daños sufridos", dice más adelante.

Recibidas por el gobierno federal con diplomáticas sonrisas, y poco difundidas para el público, estas recomendaciones se dieron a conocer en diciembre pasado en el Consejo Económico y Social de la ONU, y son fruto de la misión especial a México del relator, efectuada entre el primero y el 18 de julio de 2003.

El curso de los acontecimientos y el manejo oficial, al menos de la "cuestión Montes Azules", no podrían ser más opuestos y alejados al espíritu de las recomendaciones incluidas en el informe de Stavenhagen a la ONU: "Ninguna comunidad indígena deberá ser reubicada contra su voluntad fuera de la reserva de la biosfera de Montes Azules. Cualquier esquema de reubicación de las comunidades asentadas en la reserva deberá ser acordado por consenso de todas las partes.

"La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios", se lee en el documento, que se pronuncia por "el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos".

Y también: "Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios". (Esto ofrecería también una eventual coartada al "recurso lacandón" que tan útil resulta a las autoridades. Sólo que las recomendaciones de Stavenhagen no apuntan en esa dirección).

"Los grupos y comunidades indígenas deberán tener acceso prioritario a los recursos naturales con fines de consumo directo y subsistencia, por encima de los intereses económicos y comerciales que puedan existir". Además, "deberá elaborarse cuanto antes un marco jurídico adecuado para la bioprospección en territorios indígenas, que respete el patrimonio cultural y natural de los pueblos indios".

En su carácter de enviado de la ONU, el conocido antropólogo mexicano aconseja "revisar a fondo, con criterios amplios y flexibles, el sistema de procuración y administración de justicia para los indígenas en el ámbito nacional, con amplia participación de éstos".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales "deben fortalecer sus áreas de atención a los derechos humanos indígenas, con particular énfasis en el sistema judicial". Sugiere penalizar severamente cualquier práctica de tortura, y que "todo delito cometido por un militar contra un civil debe ser visto sin excepciones en el fuero civil".

El relator especial se pronuncia por la promulgación de "leyes de amnistía general a nivel federal y estatal en beneficio de presos y perseguidos indígenas por sus actividades políticas y/o sociales".

Del mismo modo, señala: "El gobierno debe proceder con urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles armados que operan en regiones indígenas".

Otra de las 52 recomendaciones de Stavenhagen señala: "Deberá legislarse para permitir el libre acceso de las comunidades y pueblos indígenas a las ondas de radio, televisión y otros espacios informáticos, otorgando los permisos correspondientes sin cortapisas y modificando la legislación en caso necesario".

Excepcionalmente, una recomendación no va dirigida al gobierno, sino al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al cual le propone "reanudar los contactos con las diferentes instancias del Estado mexicano para reactivar un proceso de diálogo que pueda conducir a una paz justa y duradera en el respeto absoluto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas".