Víctor M. Quintana S

Chihuahua: arroz en los prietos

Mucho más que cadáveres es lo que se está exhumando de las narcofosas de Ciudad Juárez. Más putrefacto que los cadáveres está el sistema de procuración y administración de la justicia en Chihuahua.

La nota roja se ha vuelto a posesionar de los titulares. En una casa de seguridad del narcotraficante Humberto Santillán, sucesor de Amado Carrillo Fuentes, en la colonia Las Acequias de esta ciudad fronteriza, la Procuraduría General de la República (PGR) descubrió varias fosas en las que fueron inhumados por lo menos 12 cadáveres de personas previamente torturadas y ejecutadas. La búsqueda de más casas de este tipo y de inhumaciones clandestinas continúa. El operativo lo realiza la PGR sin comunicación alguna con el gobierno del estado.

El hallazgo se logró a partir de información proporcionada por un testigo protegido a la Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y a Homeland Security, de Estados Unidos. Gracias a esta información fueron ubicadas las fosas y los responsables fueron identificados de inmediato: el comandante del destacamento nocturno de la Policía Judicial Estatal en Ciudad Juárez, Miguel Angel Loya Gallegos, y 16 policías judiciales más. Este grupo, uno de los más importantes del país, dado que tenía a su cargo la vigilancia nocturna en la frontera señalada como el punto clave de operación del narcotráfico, estaba plenamente coludido con los delincuentes. A la sombra de la noche perpetraba levantones, ejecuciones e inhumaciones de adversarios, competidores, soplones, etcétera. Hasta ahora 13 elementos del grupo han sido arraigados en la ciudad de México, y el comandante y otros cuatro están prófugos. Otros mandos de la Policía Judicial del Estado inexplicablemente han abandonado su trabajo. También, a decir del subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, estarían involucrados elementos de las policías Judicial Federal y Municipal de Ciudad Juárez.

Las reacciones del gobierno del estado son de antología. El titular de la Procuraduría General de Justicia, José de Jesús Solís Silva, se vio obligado a reconocer que su corporación está "infiltrada por el narcotráfico", pero que sólo son "los prietos que hay en el arroz" y que al comandante Loya lo conoce "muy poco". El gobernador Patricio Martínez, en otras circunstancias muy dado al uso de la palabra, guarda silencio, lo mismo que el comandante de la Policía Judicial del Estado, Vicente González.

Todo esto debe vincularse con los hechos de mediados de diciembre pasado: el gobierno del estado hizo todo un escándalo cuando detuvo a dos agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que se dedicaban a monitorear las conversaciones telefónicas, entre otros del gobernador y del procurador. Entonces la procuraduría estatal respondió que se trataba de un operativo para seguir la pista al narcotráfico. Ahora la opinión pública piensa que el espionaje telefónico de la dependencia parte de las fundadas sospechas de la infiltración del narco en la Procuraduría General de Justicia del estado, ahora reconocida por su propio titular.

Pero lo que más indigna a la población son dos cuestiones: la desfachatez de las declaraciones de Solís Silva y el hecho de que él y su comandante de la Policía Judicial continúen en el puesto. ƑCómo es posible que se les llame "prietos en el arroz" a que el grupo más importante de la Policía Judicial sea no un aliado sino un ejecutor, en los dos sentidos de la palabra, de las acciones y vendettas del narcotráfico? El otro motivo de indignación de la sociedad es que el gobernador no cese fulminantemente a su procurador y al jefe de la Judicial del estado. Ambos continúan en sus cargos. Y ni siquiera se les finca responsabilidad por haber permitido que su dependencia se convierta en un nido de narcos.

Pero no. El gobierno del estado continúa ignorando y reprimiendo a la sociedad. La semana pasada acaba de suspender el financiamiento a algunas organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas, el Grupo Fátima, encargado de la educación y la atención a seropositivos. La razón: firmaron un desplegado en el que se oponían a la Ley Trevizo. La iniciativa de un diputado priísta para controlar desde el gobierno del estado, de una manera autoritaria e intervencionista, a las organizaciones de asistencia privada y promoción humana.

Impunidad para los narcos y para los feminicidas. Tolerancia con los policías corruptos y los funcionarios ineptos. Calumnias, claros intentos de asfixia y control para las organizaciones de la sociedad civil. Así se viven las cosas en Chihuahua.