Los procedimientos, con base en quejas de internos y familiares

Investiga la Contraloría General a personal de reclusorios por prácticas de corrupción

ANGEL BOLAÑOS Y MIRNA SERVIN

La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal inició alrededor de 20 procedimientos administrativos contra igual número de funcionarios de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social adscritos a los diferentes reclusorios, informó la titular de la dependencia, Bertha Luján Uranga.

Esto, como resultado de las quejas y denuncias que recibió en los operativos anticorrupción aplicados en diciembre pasado en coordinación con la Secretaría de Gobierno capitalina.

Precisó que se levantaron alrededor de 50 quejas y denuncias de internos y sus familiares, así como solicitudes de gestión ante alguna autoridad, de las cuales una parte se atendió de manera inmediata y por el resto, unas 20, se inició una investigación. La mayoría, explicó, se refieren principalmente a cobro de diversas cantidades de dinero a los familiares para permitirles ingresar al penal, o para dejar pasar algún alimento u objeto no permitido, en las que se señala tanto a personal de custodia como administrativo.

Por otra parte, el subsecretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que hay disposición de la autoridad federal para atender la solicitud de traslado de presos de alta peligrosidad de los reclusorios capitalinos a penales federales de máxima seguridad.

En una reunión con el secretario del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, Carlos Tornero Díaz, se acordó enviar toda la información relacionada con aproximadamente 50 internos considerados de alta peligrosidad.

En tanto, el jueves se realizaron operativos de manera sorpresiva en las áreas de supervisión de aduanas, donde se decomisaron dos teléfonos celulares y fueron detenidas dos mujeres con droga.

Al participar en una mesa de trabajo en la materia, organizada por la Asamblea Legislativa, el director de la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, Antonio Ruiz, señaló que de los más de 24 mil reclusos en cárceles de la ciudad, apenas 5 mil 983 reciben algún tipo de servicio educativo, debido a la falta de presupuesto y mantenimiento a las instalaciones destinadas para ese fin.