No hay registro de que se recibieron los depósitos, dice

Descarta Gobernación satisfacer demandas de manifestantes

La Secretaría de Gobernación expresó anoche "extrañeza" por la forma en que cerca de 2 mil 500 integrantes de la Alianza Braceroproa "irrumpieron" en el rancho San Cristóbal, propiedad de la familia Fox, y advirtió que el gobierno federal "no cuenta con fundamento legal para proceder al pago de los supuestos fondos de los ex braceros", aunque seguirá coordinando la atención a sus demandas.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia encabezada por Santiago Creel Miranda resaltó que el gobierno foxista se ha caracterizado por la "observancia de las reglas de un estado de derecho", y por eso "expresa su extrañeza por los hechos" que se dieron ayer en el rancho propiedad del jefe del Ejecutivo.

Destacó que la anterior legislatura integró la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros y el organismo determinó que si bien el Programa Bracero operó de 1942 a 1964, sólo los convenios de trabajo que se firmaron entre 1942 y 1946 contenían una cláusula que estipulaba la retención de 10 por ciento del salario, misma que supuestamente sería depositada en el Banco Nacional de Crédito Agrícola o en el Banco del Ahorro Nacional.

Gobernación advierte que "es importante destacar que el gobierno federal no cuenta con fundamento legal para proceder al pago de los supuestos fondos de ex braceros, ya que no se cuenta con registros contables que acrediten que se recibieron depósitos por ese concepto, o en su caso, que existan los adeudos que los ex trabajadores reclaman".

En el comunicado resalta que de todas formas la dependencia ha realizado una serie de acciones para dar cumplimiento al acuerdo entre las organizaciones y la comisión especial. Menciona entre ellas la realización de un registro de ex braceros en el periodo comprendido del 7 de abril al 15 de octubre de 2003, "con el fin de establecer el universo de atención".