Informe preliminar señala que en ese tiempo se "exacerbó" el desorden administrativo

Con Rosario Robles la deuda del PRD se incrementó 289 millones de pesos

El OCF demanda "normas claras" para permitir el fincamiento de responsabilidades

RENATO DAVALOS Y MIREYA CUELLAR

Durante la gestión de Rosario Robles al frente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la deuda creció 289 millones de pesos en medio de un "desorden" administrativo que requiere una "investigación a fondo" para determinar "posibles actos de corrupción". Se contrataron pasivos por "personas sin autorización estatutaria" y se "sustrajeron" 20 millones de pesos que debieron destinarse a la remodelación del edificio que sería nueva sede partidista.

El informe preliminar del Organo Central de Fiscalización (OCF) perredista llegó a esas conclusiones con base en la auditoría que el despacho Deloitte & Touche practica al PRD. Leído por Carlos Payán Velver, uno de los tres integrantes del órgano y en el prólogo de un áspero debate de los consejeros, el documento ejemplificó que tan sólo en dos operaciones hubo irregularidades por 25 millones de pesos.

Ante esas circunstancias, el OCF incluyó en sus recomendaciones que se establezcan "normas claras" para permitir el fincamiento de responsabilidades, corrigiendo la situación de "impunidad" que se da frente a la inexistencia de "sanciones eficaces".

El titular del OCF, Ricardo García Sainz, dijo en entrevista que "hasta el momento" no hay evidencia de desviación de recursos o malversación de fondos, pero tampoco "podemos descartar" que ello "pudiera haber ocurrido" porque la auditoría sigue en marcha y en los niveles de "toma de decisión podríamos encontrar alguna irregularidad".

Los datos "no cambiarán"

Incluso después de la legión de oradores de una y otra expresiones que habló ante los consejeros perredistas y frente al argumento de que se trataba de un "informe preliminar" y que había que esperar al término de la auditoría, García Sainz pidió la palabra para aclarar que "no se adelantaron vísperas" y anticipó que los datos "no cambiarán". El informe "condiciona" al PRD a una restricción presupuestal. Hay que "reconstruir" financieramente el partido con la venta de activos y sugurió que las auditorías se conviertan en una "rutina partidista".

Desde la tribuna, Payán Velver leyó el informe -que aprobó el consejo-, en el que se establece que el órgano expresó en "reiteradas ocasiones" a la presidenta del partido, a la secretaria de Finanzas -María Eugenia López Brun- y al coordinador de Finanzas -José Ramón Zebadúa- la necesidad de proveer información suficiente y veraz sobre el gasto que se estaba realizando y la estructura de endeudamiento ante la dinámica que "empezaba a manifestarse".

El informe, con corte al 31 de julio de 2003, revela que hubo "deficiencias importantes" en la ejecución y control de actividades financieras. Se detectó, por ejemplo, la compra de playeras por 10 millones de pesos, sin que se encontrara constancia de haber solicitado cotizaciones y en la que el precio por unidad fue más alto que el existente en el mercado. La operación fue ejecutada por la empresa comercializadora Jumen, que "al parecer fungió como intermediaria".

También hubo contratación de intermediarios para supervisión sin que constara el "verdadero servicio" y sin determinar si era el más conveniente, por el que se pagaron 15 millones de pesos. Además, hubo "falta de normas, ausencia de políticas para el control de gasto, procedimientos y controles en las áreas administrativas, desorden en la contratación de prestadores de servicios, proveedores y en la propia adquisición del edificio de Insurgentes".

En su discurso de renuncia, el 9 de agosto pasado, Robles informó que la deuda era de 258 millones de pesos, "108 millones más que en la gestión anterior". El informe presentado ayer señala que el monto asciende en realidad a 409 millones de pesos, integrados por 202 millones correspondientes a créditos bancarios; 167 millones a proveedores y 40 millones de impuestos.

"Al inicio de su gestión los pasivos eran de 120 millones, de los que 74 millones eran créditos bancarios, 5 millones por servicio de deuda, 27 millones de proveedores y 14 millones de impuestos", externó Payán. Conforme a las cifras ofrecidas por Robles, la deuda que recibió fue de 150 millones.

"El origen del endeudamiento de 289 millones se debe a la adquisición del edificio por 50 millones, al gasto de 60 millones en el ejercicio de 2002 y de 128 millones en 2003, financiado con endeudamiento, más 40 millones que corresponden a 12 millones de pasivos de las brigadas de la esperanza y a impuestos pendientes de pago", añade el documento.

Las conclusiones del informe indican que durante la gestión Robles se "exacerbó" el desorden administrativo y contable partidista. La situación imperante impone severas restricciones al presupuesto del presente ejercicio y al de los años siguientes.

Todo el pasivo contraído por la compra del edificio debió ser pagado con recursos extraordinarios, pero ello no se logró en "ningún momento". No se han obtenido recursos suficientes para pagar las obligaciones por el crédito inicial con que se adquirió el edificio y, además, se "sustrajeron 20 millones de pesos que debieron ser usados en la remodelación y adecuación del edificio, lo que determinó que la inversión quedara totalmente inmovilizada".

Adicionalmente, existe un incremento de gastos "fuera de proporción", en los que resalta la basificación de personal a un nivel "más alto" que el del mercado del trabajo y a un "incremento excesivo" del número de trabajadores en el área de administración y finanzas.

El desorden -resume el informe- propicia "prácticas contrarias a la ética" que deben ser desechadas de cualquier organización y más aún en un partido que "reclama al exterior y al interior transparencia y uso adecuado de recursos". La decisión de tener mayores fondos a los presupuestados "pudo deberse a la necesidad de aplicarlos en las campañas", lo que debe alertar al PRD en el futuro. Los riesgos de este tipo de acciones se reducen sensiblemente cuando la toma de decisiones "se comparte con los órganos colegiados".

Entre las recomendaciones del informe, figura el establecimiento de normas que den consistencia a las prácticas administrativas y un sistema de registros contables. Se requiere también un sistema de control y supervisión que detecte con oportunidad las desviaciones en que pudiera incurrirse y establecer una "clara política laboral" que corrija los desajustes en los tabuladores.

Después de este debate el PRD aprobó el presupuesto para 2004 que, frente a las circunstancias planteadas por la deuda heredada, prevé una disposición de 341 millones de pesos, de los que 44 por ciento se destinará al pago de pasivos derivados de la deuda. Para los 14 procesos electorales se aplicarán apenas 63 millones y para el plan nacional de organización 13 millones.

Habrá una nueva reducción del personal y de los salarios, que incluye 10 por ciento del gasto en personal político y de 10 por ciento en las percepciones de todo el comité ejecutivo nacional. Se venderá en 50 millones de pesos el nuevo edificio y se recabarán de aportaciones 34 millones.