La legislación debió entrar en vigor desde el primero de enero de 2004

Diputados congelan Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

Permitirá a particulares exigir indemnización cuando sufren daño en su persona o sus bienes

ANDREA BECERRIL

Aprobada desde hace más de un año en el Senado, por considerar que se trata de una reforma "fundamental y trascendente para el sistema jurídico mexicano", la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado está congelada en la Cámara de Diputados.

La nueva legislación debió entrar en vigor el pasado primero de enero, ya que el Senado dio un plazo prudente para que en San Lázaro se aprobara la partida presupuestal requerida por esa legislación, la cual permite a los particulares exigir una indemnización cuando sufren un daño o lesión en su persona o sus bienes, debido a actividades administrativas de los poderes Ejecutivo, Judicial e inclusive federal.

De hecho, a nivel constitucional existe ya esa responsabilidad patrimonial del Estado. Se incorporó el 14 de junio de 2002, cuando se publicaron en el Diario Oficial las reformas al artículo 113 de la Carta Magna.

Después, un grupo de senadores de las tres principales fuerzas políticas presentaron en septiembre de ese mismo año la iniciativa, para crear la regulación reglamentaria del artículo 113 constitucional, a fin de que pudiera concretarse el derecho de los particulares a exigir una indemnización en caso de haber sido afectados en su persona física o en sus bienes por alguna dependencia del gobierno federal, y los demás poderes de la Unión.

Los senadores decidieron que la aplicación de esa ley se extendiera a organismos públicos autónomos, como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se estableció asimismo la obligación de cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dada la fuerte carga que podría traer a las finanzas gubernamentales, hubo especial cuidado de los senadores para establecer el monto y la forma de pagar las indemnizaciones, que bien podrían ser por algún accidente vial debido a una carretera en mal estado, una ponchadura o una operación quirúrgica incorrecta en los hospitales públicos.

Para ello se incorporó la figura del "seguro de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, mediante el cual se podría cubrir la suma asegurada y se establecieron topes a las indemnizaciones. Aquellas que son por daño moral, se fijó un máximo de 20 mil veces el salario mínimo y se estableció el criterio de dar prioridad en el pago a aquellos ciudadanos con menos recursos.

También se dejó en la ley un mecanismo para desalentar la promoción de reclamaciones improcedentes o que pretendieran simular daños, con la finalidad de obtener "de mala fe" algún tipo de indemnización. Para ello, en el capítulo 11 se establecen multas e inclusive sanciones penales para quienes pretendieran obtener un beneficio indebido.

Cuando se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial en el Senado, el 5 de noviembre de 2002, tanto PRI como PAN y PRD coincidieron en tribuna en que "se trata de un pilar fundamental para el sistema jurídico mexicano, y lo más importante es que se consolidaría la reforma constitucional en la materia, una de las más trascendentes de los recientes años".

En la minuta se estableció que anualmente la Secretaría de Hacienda deberá solicitar a la Cámara de Diputados la partida presupuestal necesaria, a fin de cumplir con la responsabilidad patrimonial del Estado. En la fijación de los montos de tales partidas deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio anterior.

La minuta llegó a San Lázaro a principios de noviembre de 2002. Un transitorio de la ley señala que debería entrar en vigor el primero de enero de 2004. La fecha ya se cumplió, pero los diputados la tienen congelada.

Muchos senadores desconocen qué fue lo que pasó con el proyecto. El panista Felipe Vicencio dijo que bien valdría formular desde Xicoténcatl un llamado de atención a los diputados, porque esa ley "no puede permanecer en el limbo".

Sobre todo, agregó el legislador panista, porque es una reforma que los diputados impulsaron desde 1999 y que el Senado culminó en 2002, con el consenso de todas las fuerzas políticas. "Extraña por ello que esté detenida en San Lázaro".