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México D.F. Domingo 8 de febrero de 2004

Señalan irregularidades en el proceso del campesino

Diputados piden reabrir caso de indígena maya acusado de homicidio

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 7 de febrero. El caso del campesino indígena Ricardo Ucán Seca, sentenciado a 20 años de prisión por dar muerte a un conocido suyo en 2002, fue discutido en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, donde se acordó solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán considerar la revisión del expediente, lleno de presuntas irregularidades jurídicas.

Durante la reunión que sostuvieron integrantes de varias comisiones legislativas, entre éstas la de Justicia y también la de Asuntos Indígenas, diputados federales de PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista, conocieron la situación del indígena maya y votaron, de manera unánime, para solicitar la intervención de los magistrados locales, informó hoy la legisladora del PRD por Yucatán, Marbella Casanova Calam.

El proceso de Ricardo Ucán, de 32 años de edad, fue objeto de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y también se documentó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En breve, el asunto será turnado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

La diputada dijo que el área jurídica de la fracción perredista en el Congreso de la Unión explicó a los legisladores las supuestas anomalías que enfrentó Ucán Seca desde su detención hasta el juicio que lo llevó a la cárcel en el penal del municipio rural de Tekax, a 130 kilómetros al sur de la capital yucateca.

Varias son las presuntas irregularidades: el inculpado careció de asesoría legal y su defensoría de oficio mostró desinterés en el litigio; no tuvo traductor, puesto que Ucán Seca es maya-hablante y su conocimiento del español es mínimo, y enfrentó la discriminación del Ministerio Público.

Ante esta serie de irregularidades, la Comisión Permanente, manifestó Casanova Calam, decidió pedir la intervención de los magistrados para que el expediente sea sometido a reconsideración en la sala penal que preside Ligia Cortés Ortega.

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