México D.F. Lunes 9 de febrero de 2004
MEXICO SA
Carlos Fernández-Vega
Braceros en rancho San Cristóbal, llamada de atención
para Fox
Revientan las fórmulas del gobierno
CANDIDO QUE ES, EL inquilino de Los Pinos creyó
descubrir una fórmula mágica de doble beneficio, según
él: exportar el problema del desempleo y remitir los "excedentes"
de mano de obra hacia el vecino del norte, por una parte, y celebrar como
éxito propio el creciente volumen de remesas captado por el país,
dignificándolo como "muestra irrebatible" de la "confianza" que
la paisanada tiene en su administración, por la otra.
HOY, LA FORMULA LE revienta
en las manos sin zanjar ninguno de los problemas que presuntamente resolvería:
"Al menos 2 mil integrantes del movimiento Alianza Braceroproa, procedentes
de 16 estados de la República, irrumpieron en el Rancho San Cristóbal,
propiedad de la familia del presidente Vicente Fox, en demanda de la devolución
de 10 por ciento del salario que les fue descontado durante su trabajo
en Estados Unidos, de 1942 a 1967".
AMARGA EXPERIENCIA para el guanajuatense, porque
si bien la invasión de su propiedad -una suerte de Camp David
del Bajío- no es un acto laudable, el inquilino de Los Pinos
estaría obligado a honrar su palabra, utilizada desde los dorados
tiempos de la campaña electoral y machaconamente repetida a lo largo
de su administración: "Creemos que el trabajo y las aportaciones
de esa gente laboriosa (los braceros) merece ser reconocido y que les debería
abrir las puertas hacia una mejor calidad de vida".
DE MUCHAS FORMULAS
mágicas y sobrada ineficiencia está hecho el gobierno
del "cambio", al cual parece resultarle de muy difícil comprensión
que los conflictos sociales y la violación de los derechos humanos
y económicos asociados a la migración no se resuelven con
discursos y más discursos.
LA INVASION DEL Rancho San Cristóbal es
un delicado llamado de atención que no debe ser desatendido por
el inquilino de Los Pinos, como tampoco por el Congreso, que mucho tiene
que ver en el asunto. De nada sirve que el subsecretario de Gobernación,
Martín Huerta, asegure que "la resolución es muy sencilla
y creo que las cosas se presentan con demasiado escándalo cuando
en realidad no tenemos ningún problema, la resolución es
que los vamos a recibir el próximo jueves allá en Bucareli;
ellos han sido recibidos en múltiples ocasiones por diversos funcionarios
de nuestras áreas, pero con todo gusto lo haremos nuevamente, este
es un tema muy complejo, por cierto con mucha antigüedad, y las propias
fechas que ellos reclaman lo denotan".
AÑO TRAS AÑO SE LE HAN dado largas
a la solución de este conflicto. A pesar de que para la desaparición
de Banrural -en la que participaron el Ejecutivo y el Congreso- "se consideraron
todos los elementos y pendientes que involucraban a la institución",
según reza el discurso oficial, el de los ex braceros quedó
en letra muerta.
ENTRE EL DISCURSO OFICIAL y el peloteo legislativo
las cosas no avanzan y el circuito se eterniza: en julio de 2000 se presentó
a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para crear el "fideicomiso
que administrará el fondo de contingencia para el apoyo de los ex
braceros del periodo 1942-1946". Tres años después, en mayo
de 2003, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esa instancia
el proyecto de ley respectivo. En octubre pasado, en el Senado de la República
se aprobó un punto de acuerdo por medio del cual "se exhorta a la
Secretaría de Gobernación, para que (...) amplíe los
plazos para la inscripción de mexicanos con derecho a gozar de los
beneficios de (dicho) fondo. En diciembre último, la Comisión
de Gobernación del Senado de la República aprobó otro
punto de acuerdo para "solicitar a la Cámara de Diputados considere
la conveniencia de integrar nuevamente una comisión especial para
darle seguimiento a los acuerdos ya tomados sobre la problemática
del Programa Bracero, así como dictaminar la iniciativa relativa
a la posible creación de un fideicomiso que administrará
el Fondo de Contingencia para el apoyo a los ex braceros del periodo 1942-1946"...
y el resultado de esa lentitud se produjo el fin de semana en el Rancho
San Cristóbal.
EN JULIO DE 1942 arrancó el Programa Bracero
y cada uno de los trabajadores participantes firmaba un contrato laboral,
en el que, entre otros aspectos, se especificaba: "Fondo de ahorro.
a) La Agencia del Gobierno de los Estados Unidos respectiva
tendrá la responsabilidad de la guarda de las cantidades con que
contribuyan los trabajadores mexicanos para la Formación de su Fondo
de Ahorro Campesino, hasta que sean transferidos al Banco de Crédito
Agrícola de México, el que contraerá las responsabilidades
del depósito, guarda y aplicación, o en su defecto devolución
de dichas cantidades; b) El gobierno de México, por conducto del
Banco Nacional de Crédito Agrícola, cuidará de la
seguridad de los ahorros de los trabajadores..."
DICHO CONTRATO FUE supervisado y avalado por los
gobiernos de México y Estados Unidos. El 23 de julio de 1942 firmaron
el convenio, por la parte mexicana, Ernesto Hidalgo, oficial mayor, actuando
en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
y Abraham J. Navas, representante de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social; por la parte estadunidense Joseph F. McGurk, consejero
de la embajada en México; John Walker, subadministrador de la Farm
Security Administration del Departamento de Agricultura, y David Mecker,
subdirector de la Oficina de Relaciones Agrícolas de Guerra del
Departamento de Agricultura.
CUATRO MILLONES 682 mil 835 mexicanos firmaron
el mencionado contrato durante la existencia oficial del Programa Bracero
(1942-1963) y su tácita extensión (hasta 1967). El fideicomiso
promovido sólo incorpora a los trabajadores que participaron en
el periodo 1942-1946, es decir, alrededor de 180 mil personas. Y ni así
pueden.
Las rebanadas del pastel:
NADIE COMO LOS FUNCIONARIOS del "cambio": Francisco
X. Salazar Sáenz, subsecretario de Desarrollo Humano de la STPS,
dice que "México requiere más técnicos y menos filósofos"...
Alguien tendría que informarle que los desocupados con educación
media superior y superior representan cerca de 40 por ciento del total
nacional en materia de desempleo.
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