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México D.F. Lunes 9 de febrero de 2004

MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Braceros en rancho San Cristóbal, llamada de atención para Fox

Revientan las fórmulas del gobierno

CANDIDO QUE ES, EL inquilino de Los Pinos creyó descubrir una fórmula mágica de doble beneficio, según él: exportar el problema del desempleo y remitir los "excedentes" de mano de obra hacia el vecino del norte, por una parte, y celebrar como éxito propio el creciente volumen de remesas captado por el país, dignificándolo como "muestra irrebatible" de la "confianza" que la paisanada tiene en su administración, por la otra.

HOY, LA FORMULA LE revienta en las manos sin zanjar ninguno de los problemas que presuntamente resolvería: "Al menos 2 mil integrantes del movimiento Alianza Braceroproa, procedentes de 16 estados de la República, irrumpieron en el Rancho San Cristóbal, propiedad de la familia del presidente Vicente Fox, en demanda de la devolución de 10 por ciento del salario que les fue descontado durante su trabajo en Estados Unidos, de 1942 a 1967".

AMARGA EXPERIENCIA para el guanajuatense, porque si bien la invasión de su propiedad -una suerte de Camp David del Bajío- no es un acto laudable, el inquilino de Los Pinos estaría obligado a honrar su palabra, utilizada desde los dorados tiempos de la campaña electoral y machaconamente repetida a lo largo de su administración: "Creemos que el trabajo y las aportaciones de esa gente laboriosa (los braceros) merece ser reconocido y que les debería abrir las puertas hacia una mejor calidad de vida".

DE MUCHAS FORMULAS mágicas y sobrada ineficiencia está hecho el gobierno del "cambio", al cual parece resultarle de muy difícil comprensión que los conflictos sociales y la violación de los derechos humanos y económicos asociados a la migración no se resuelven con discursos y más discursos.

LA INVASION DEL Rancho San Cristóbal es un delicado llamado de atención que no debe ser desatendido por el inquilino de Los Pinos, como tampoco por el Congreso, que mucho tiene que ver en el asunto. De nada sirve que el subsecretario de Gobernación, Martín Huerta, asegure que "la resolución es muy sencilla y creo que las cosas se presentan con demasiado escándalo cuando en realidad no tenemos ningún problema, la resolución es que los vamos a recibir el próximo jueves allá en Bucareli; ellos han sido recibidos en múltiples ocasiones por diversos funcionarios de nuestras áreas, pero con todo gusto lo haremos nuevamente, este es un tema muy complejo, por cierto con mucha antigüedad, y las propias fechas que ellos reclaman lo denotan".

AÑO TRAS AÑO SE LE HAN dado largas a la solución de este conflicto. A pesar de que para la desaparición de Banrural -en la que participaron el Ejecutivo y el Congreso- "se consideraron todos los elementos y pendientes que involucraban a la institución", según reza el discurso oficial, el de los ex braceros quedó en letra muerta.

ENTRE EL DISCURSO OFICIAL y el peloteo legislativo las cosas no avanzan y el circuito se eterniza: en julio de 2000 se presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para crear el "fideicomiso que administrará el fondo de contingencia para el apoyo de los ex braceros del periodo 1942-1946". Tres años después, en mayo de 2003, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esa instancia el proyecto de ley respectivo. En octubre pasado, en el Senado de la República se aprobó un punto de acuerdo por medio del cual "se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que (...) amplíe los plazos para la inscripción de mexicanos con derecho a gozar de los beneficios de (dicho) fondo. En diciembre último, la Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó otro punto de acuerdo para "solicitar a la Cámara de Diputados considere la conveniencia de integrar nuevamente una comisión especial para darle seguimiento a los acuerdos ya tomados sobre la problemática del Programa Bracero, así como dictaminar la iniciativa relativa a la posible creación de un fideicomiso que administrará el Fondo de Contingencia para el apoyo a los ex braceros del periodo 1942-1946"... y el resultado de esa lentitud se produjo el fin de semana en el Rancho San Cristóbal.

EN JULIO DE 1942 arrancó el Programa Bracero y cada uno de los trabajadores participantes firmaba un contrato laboral, en el que, entre otros aspectos, se especificaba: "Fondo de ahorro.

a) La Agencia del Gobierno de los Estados Unidos respectiva tendrá la responsabilidad de la guarda de las cantidades con que contribuyan los trabajadores mexicanos para la Formación de su Fondo de Ahorro Campesino, hasta que sean transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México, el que contraerá las responsabilidades del depósito, guarda y aplicación, o en su defecto devolución de dichas cantidades; b) El gobierno de México, por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola, cuidará de la seguridad de los ahorros de los trabajadores..."

DICHO CONTRATO FUE supervisado y avalado por los gobiernos de México y Estados Unidos. El 23 de julio de 1942 firmaron el convenio, por la parte mexicana, Ernesto Hidalgo, oficial mayor, actuando en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Abraham J. Navas, representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; por la parte estadunidense Joseph F. McGurk, consejero de la embajada en México; John Walker, subadministrador de la Farm Security Administration del Departamento de Agricultura, y David Mecker, subdirector de la Oficina de Relaciones Agrícolas de Guerra del Departamento de Agricultura.

CUATRO MILLONES 682 mil 835 mexicanos firmaron el mencionado contrato durante la existencia oficial del Programa Bracero (1942-1963) y su tácita extensión (hasta 1967). El fideicomiso promovido sólo incorpora a los trabajadores que participaron en el periodo 1942-1946, es decir, alrededor de 180 mil personas. Y ni así pueden.

Las rebanadas del pastel:

NADIE COMO LOS FUNCIONARIOS del "cambio": Francisco X. Salazar Sáenz, subsecretario de Desarrollo Humano de la STPS, dice que "México requiere más técnicos y menos filósofos"... Alguien tendría que informarle que los desocupados con educación media superior y superior representan cerca de 40 por ciento del total nacional en materia de desempleo.

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