Los ahorros de los trabajadores no se invirtieron en actividades para generar empleos

Fracasa el sistema de pensiones; dueños de Afore, los beneficiados

Ochenta y cinco por ciento de los recursos están en la Bolsa como instrumentos de deuda

Las administradoras de fondos han ganado 50 mil millones de pesos por manejo de cuentas

RENATO DAVALOS

Seis años después de la reforma al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ahorro de los trabajadores no se invirtió en actividades productivas para generar empleos, garantizar una "pensión digna" o sanear las finanzas del IMSS. Hoy, 85 por ciento de los recursos generados desde entonces -casi 400 mil millones de pesos, 6 por ciento del producto interno bruto (PIB)- están en la Bolsa, en instrumentos de deuda del gobierno, y las 12 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) han ganado 50 mil millones de pesos por el manejo de cuentas de los trabajadores.

A ello se suma que, a contrapelo del ofrecimiento de la reforma como "detonante del crecimiento y factor para retomar el desarrollo", la sociedad tendrá que pagar tres distintas fórmulas de endeudamiento con recursos fiscales. En primer lugar, el proceso de transición obliga a solventar hoy las pensiones en curso de 2 millones de jubilados, que le costarán al país 47 mil millones de pesos en 2004, de acuerdo con la disposición respectiva en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.

En segundo lugar, el país financia los recursos invertidos en la Bolsa -deuda interna en valores gubernamentales-, cuyo monto asciende a 335 mil millones pesos de los 395 mil millones de ahorros canalizados a la Bolsa Mexicana de Valores.

El tercer pago lo amortizará el país al final de los 25 años del sistema, cuando el gobierno cubra las pensiones de quienes ganan uno, dos, tres salarios mínimos y más, que no garantizan la pensión mínima de mil 350 pesos mensuales que por ley debe recibir un trabajador, cifra muy distante de la "pensión digna" que se ofreció para realizar la enmienda, impulsada durante el zedillismo, cuyas condiciones no ha modificado el gobierno foxista.

Pese a ello esta administración apremia ya a reformar el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con una iniciativa que cabildea desde hace meses el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en el Congreso. A ello se añaden las amenazas de colapso de Eduardo Sojo, coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, en caso de "no hacer esta nueva reforma".

La proyección para un trabajador que percibe salario mínimo, al final de los 25 años de vida laboral, revela que su ahorro será de 75 mil 943 pesos, cifra que le dará una pensión mensual de 247 pesos, mil 100 pesos menos de los recursos mínimos que por ley tendría que ofrecer el sistema por un minisueldo.

Para quienes ganan dos salarios mínimos, al final de su vida activa, recibirían 390 pesos mensuales, y los de tres cobrarían 514.80 pesos. Al finalizar la vida del sistema, el gobierno tendría que cubrir los faltantes generando una nueva carga fiscal para el país.

Hoy los trabajadores no cuentan con la información prometida, pues la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), desde septiembre pasado, no ha dado a conocer los rendimientos consolidados de los ahorros.

De acuerdo con el informe anual del IMSS, el porcentaje de solvencia del instituto es negativo en 25.5 por ciento, lo cual significa que hace frente a un faltante de recursos de una cuarta parte de sus necesidades. Muy lejos de las razones esgrimidas para efectuar la reforma.

Con el cambio de régimen, se argumentó hace seis años y se plantea ahora en la iniciativa de reforma a las pensiones del ISSSTE, se "aliviaría la condición financiera del IMSS, se elevaría la calidad de los servicios, se ampliaría la cobertura y se mejorarían las condiciones de las prestaciones", pero nada se ha cumplido.

Al cierre de 2003 el IMSS tenía 42.5 millones de asegurados, incluidos a sus familiares, más 2.1 millones pensionados, jubilados y 1.8 millones de familiares de éstos.

La pensión promedio es de 20 mil 97 pesos anuales, aunque 76 por ciento tiene la mínima de mil 350 mensuales. Se tienen reportados 7.4 trabajadores activos por pensionado. La cobertura de los sistemas de seguridad social abarca apenas 30 por ciento de la población económicamente activa (PEA).

De acuerdo con el informe, el peso del Seguro de Enfermedades y Maternidad concentra más de 60 por ciento de los recursos, lo cual determina las finanzas del instituto.

El año pasado el instituto tuvo ingresos por 150 mil 198 millones de pesos y egresos por 188 mil 565 millones, lo cual arrojó un déficit de 38 mil 367 millones. Casi 70 por ciento de los gastos correspondieron a pagos de nómina. De éstos, 42.5 por ciento se dedican al pago de pensiones, jubilaciones y compromisos como patrón.

Cifras incompletas

Los reportes más recientes de la Consar revelan un total de 31.3 millones de cuentas de trabajadores, de las cuales 12.1 millones son activas; es decir, 38.6 por ciento. El resto corresponde a registros en los que se incluyen cambios de cuentas o movimientos generados por quienes abrieron una y luego quedaron desempleados. La elevada diferencia entre las cuentas individuales y activas del total afectan los rendimientos. En la actualidad se tienen contabilizados 10.9 millones de trabajadores.

Según reportes de la Consar, el número de cuentas activas ya no se incluye y en su lugar se utiliza el de trabajadores activos. Tampoco hay claridad para identificar las comisiones cobradas por flujo de recursos, saldo e inactividad, pero tampoco se reportan los rendimientos por comisiones o por cambio en el valor de cartera. No se ha precisado la información sobre los saldos netos de los traspasos o los problemas derivados de la duplicación de cuentas.

Apenas el año pasado el gobierno dispuso de 20 mil millones de pesos de la cuenta concentradora, que manejaba el Banco de México, de los trabajadores que no escogieron alguna Afore. Los recursos fueron para fondear el nacimiento de Financiera Rural, que a su vez absorbió sin investigación alguna la deuda del Banrural.

Por la falta de informes claros y las insuficiencias tendrá que comparecer este martes el titular de la Consar, Mario Gabriel Budebo, ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Los datos hasta ahora ofrecidos no garantizan que un trabajador "pueda decidir" invertir en un bono de desarrollo o en una acción.

Los fondos ascienden, sin contabilizar los recursos para vivienda, a 395 mil 103 millones de pesos, a cifras de 2003; esto es, 6 por ciento del PIB. Por rubro de cartera, 49.7 por ciento está invertido en bonos de desarrollo, 3.7 por ciento en Cetes y 6.5 por ciento en Udibonos, entre otros. Mientras tanto, a acciones de empresas se ha canalizado 15.4 por ciento del total de los fondos.

La composición de la cartera detalla que 84.7 por ciento del total de los recursos está invertido en la Bolsa, en valores gubernamentales, y 10.8 por ciento en corporativos, es decir, de empresas. A instituciones financieras corresponde 3.8 por ciento y apenas 0.6 por ciento a entidades.

En relación con las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores sobre el saldo a 25 años, ideado por el sistema, se observa un promedio de 0.80 por ciento. La tasa menor corresponde a la Afore Azteca, con 0.57 por ciento, y la más elevada es de Profuturo GNP con 1.36 por ciento.

En promedio, los rendimientos históricos del 2 de julio de 1997 al 31 de diciembre de 2003 fueron de 8.15 por ciento. En el periodo, el menor porcentaje lo otorgó Inbursa con 5.24 y el máximo Banamex con 8.75 por ciento.

Un trabajador difícilmente puede retirar sus recursos. La ley le da derecho a que cada cinco años, si demuestra que estuvo sin empleo al menos 45 días, pueda disponer de 10 por ciento del saldo en su cuenta o de 75 días del promedio del salario de cotización. El retiro será sobre la cifra menor.

De mantenerse el actual ritmo de crecimiento, los recursos manejados por el sistema podrían duplicarse en los próximos tres años, porque las aportaciones bimestrales oscilaron por encima de los 9 mil millones de pesos en 2003. Según el Banco de México, las Afore aportaron 26.5 por ciento del ahorro financiero.

Las estimaciones del secretariado técnico de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados plantean que el volumen de comisiones que han cobrado las Afore en seis años de operación asciende a 50 mil millones de pesos, lo cual representa casi 12.5 por ciento de los fondos acumulados. En términos per cápita, el costo del manejo de cuenta de una Afore es de 156 pesos, pero cobran 388.

En esa proyección se prevé que bajo las actuales circunstancias el ahorro que una persona que percibe salario mínimo, con ingresos por mil 300 pesos, al final de los 25 años habría ahorrado 75 mil 943.50 pesos, lo cual le alcanzaría para una pensión de 247 pesos. En el caso de quien gana dos minisueldos, ahorraría 93 mil 789.97 pesos con una pensión mensual de 390; en el de tres salarios mínimos, tendría en su fondo 123 mil 407.21 pesos con 514.80 pesos de pensión.

En los tres casos, el gobierno tendría que hacerse cargo, de nueva cuenta, de cubrir la pensión mínima garantizada de un salario mínimo, muy por debajo de la promesa de un ingreso "digno".

De los casi 400 mil millones de fondos acumulados, según informes de la Consar, Banamex cuenta con 91 mil 673 millones y 5.6 millones de cuentas; Bancomer, con 83 mil 563 millones y 4.3 millones de cuentas, y GNP con 40 mil 425 y 3.1 millones. Las 12 Afore reportadas en la Consar son Actinver, Azteca, Bancomer, Banamex, ING, Principal Afore, Inbursa, Siglo XXI, Bancrecer Dresdner, Profuturo GNP, Santander y Banorte Generali.

En el Congreso no pasará la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE: Alonso Raya

Las Afore no cumplen a trabajadores por la escasa vigilancia de la Consar

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El sistema de pensiones en México, a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), no cumplirá el objetivo para el que fue creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo, porque el gobierno federal deberá asumir el costo fiscal del pago del retiro de los trabajadores, cuyo monto, desde 1997, asciende ya a 260 mil millones de pesos, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya.

El diputado perredista explicó que, por ejemplo, un trabajador que percibe salario mínimo y aporta una cuota de 12 por ciento en toda su vida laboral ahorrará aproximadamente 75 mil pesos, lo cual, con una tasa de remplazo de 19 por ciento, le permitirá obtener sólo 247 pesos mensuales, pero con ese dinero "no va a vivir ni a comer". Es ahí donde, para compensar los egresos, el gobierno deberá aportar recursos fiscales, señaló.

Desde 1997 a la fecha el Estado debió erogar 260 mil millones de pesos -3.71 por ciento del producto interno bruto (PIB)- para cumplir la pensión mínima garantizada, a la que obliga el Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez.

En contraparte, expuso Alonso Raya, los únicos beneficiados del sistema de pensiones son los empresarios que manejan las Afores, que además no tienen una vigilancia estrecha de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la cual "no ha cumplido su papel, porque no invierte los recursos para que rindan adecuadamente".

Hasta ahora, comentó, los ahorros de los trabajadores se canalizan a documentos del gobierno federal, como los Certificados de la Tesorería (Cetes), y el rendimiento se utiliza para hacer inversiones. "Y a final de cuentas no se obtienen los recursos prometidos en los rendimientos y estamos en un círculo vicioso, porque esto presiona las tasas de interés a la baja y no se obtienen las ganancias que se requieren."

Debido a la poca vigilancia de la Consar sobre las Afore, dijo, éstas no cumplen con los trabajadores, ni en su obligación mínima de informarles sobre cómo se maneja sus recursos. "La Consar debería ser más enérgica, porque las administradoras obtienen la mayoría de las ganancias. Las Afores que más han ganado son las que pertenecen a bancos trasnacionales, como Bancomer y Banamex, que cobran cuotas muy altas en relación con el promedio internacional", cuestionó.

Asimismo, advirtió que la reforma que plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al sistema de pensiones de los trabajadores del ISSSTE "no pasará", porque el esquema de igualarlas con las de los jubilados del IMSS implicaría "empobrecerlos".

"Hacienda busca hacer una reforma espejo, porque pretende homologar las pensiones que entrega el IMSS, que son de 20 mil pesos al año, con las del ISSSTE, cuyos ex trabajadores reciben 60 mil pesos. Y la pregunta es: ¿qué trabajador permitirá que se le baje su pensión? Ello generaría un conflicto social de incalculables dimensiones."

La iniciativa que pretende impulsar el gobierno foxista, sostuvo, es "producto de una concepción de la burocracia, tanto de los organismos financieros internacionales como de Hacienda, sin la menor sensibilidad ni comprensión del problema social que eso implica".

Entonces, lo que se requiere es una solución de fondo, instalar una mesa de diálogo entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, que abra un espacio de audiencias a sindicatos, especialistas y todos los interesados para lograr consensos.