Documentó la violación de una indígena por militares y tortura contra la tropa

En 2003, la Sedena se negó a acatar dos recomendaciones de la CNDH

El ombudsman presentará hoy un informe ante la Comisión Permanente del Congreso

VICTOR BALLINAS

Entre las dependencias del gobierno federal, estados y municipios que rechazaron 14 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que representan 26 por ciento del total emitido durante 2003, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no acató dos casos, en los cuales se documentó que hubo transgresiones graves de derechos humanos: la violación de una indígena tlapaneca por militares, e integrantes del Ejército que fueron torturados física y sicológicamente.

La recomendación 48/2003, emitida el 28 de noviembre del año pasado por la CNDH, se refiere a la violación que cometieron elementos del Ejército mexicano contra una indígena tlapaneca en la comunidad Barranca de Tecuani, en Ayutla de los Libres, Guerrero.

El testimonio de la indígena ultrajada es el siguiente: "el 22 de marzo de 2002 me encontraba en compañía de mis cuatro hijos, de 9, 7, 5 y 3 años de edad, respectivamente, cuando llegaron -a mi casa- 11 elementos del Ejército mexicano y me preguntaron de dónde había robado la carne que tenía tendida en el patio.

"No respondí lo que me preguntaban, porque no hablo español, aunque sí lo entiendo. Tres militares me agarraron y me arrastraron hacia dentro de mi casa, me sujetaron, me tiraron y abusaron sexualmente. Los otros militares que se quedaron afuera de la casa se robaron la carne que tenía secando en el patio. Mi esposo mató una de sus vacas para proveernos de comida".

En el informe que hoy presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la CNDH resalta que el Ministerio Público Militar, adscrito a la 35 Zona Militar, acordó someter a consideración del procurador general de Justicia Militar, con las reservas de la ley, la averiguación previa 35ZM/06/2002, "en virtud de que no existe interés jurídico por parte de la agraviada, así como tampoco imputación o señalamiento en contra de alguien en particular, ni prueba alguna que permita considerar que elementos del Ejército mexicano pertenecientes al 41 batallón de infantería hayan cometido la conducta delictiva que se investiga".

Esto, a pesar de que la indígena agraviada, desde el 24 de marzo de 2002, presentó una denuncia por violación, allanamiento de morada y abuso de autoridad ante el Ministerio Público del distrito judicial de Allende.

Acerca de la investigación que realizó el Ministerio Público Militar, la CNDH destaca que hubo dilación y una irregular integración en la averiguación previa, además de que las investigaciones efectuadas no fueron suficientes.

Asimismo, el ombudsman nacional da cuenta de que "pese a que el Ministerio Público Militar dice que la agraviada no se presentó a comparecer a los citatorios que se le hicieron llegar", la investigación de la CNDH refuta esas aseveraciones y sostiene que "no hay evidencias de que la agraviada haya sido legalmente citada a declarar, y si no se presentó se debió a que no fue debidamente notificada".

Por lo que respecta a la recomendación 16/03, del 22 de abril de 2003, enviada al procurador de Justicia Militar por el caso de los integrantes del 65 batallón de infantería de Guamúchil, Sinaloa, la CNDH destaca que "fueron transgredidos los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la libertad personal, además de que hubo tortura física y sicológica contra militares por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia Militar".

Apunta el informe de la CNDH que los días 9 y 13 de octubre de 2002 los militares del batallón 65 fueron citados a una concentración, donde se les retuvo y se les impidió comunicarse con sus familiares, "personalmente o telefónicamente".

En este caso específico, la Procuraduría General de Justicia Militar comunicó a la CNDH que esa recomendación no era aceptada, porque con anterioridad había comunicado que no es "posible aceptar el presente caso como un acto de inobservancia de los derechos humanos, (porque) se actuó conforme a derecho, frente a una situación grave que perturba la disciplina y las leyes militares".