Critican especialistas visión oficial sobre información

Brutal persecución de SCT contra radios comunitarias

Para Cerisola, el tema se reduce a "fierros y centavos"

JOSE ANTONIO ROMAN

El gobierno de México no ha entendido que la información y el conocimiento trascienden el campo de lo estrictamente económico para convertirse en materia de derechos humanos; prueba de ello es la "brutal persecución" que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha emprendido contra las radios comunitarias y la "triste y lamentable" posición que llevó a la Cumbre Mundial de la Información, en diciembre pasado, donde defendió, sobre todo, los intereses de las empresas concesionarias.

En el debate sobre La sociedad de la información: una evaluación desde México, organizado por La Jornada y la Casa Lamm, la noche del pasado lunes, se destacó que la "enorme brecha digital" se suma a las grandes desigualdades sociales existentes. Incluso, se cuestionó el concepto "sociedad de la información" -acuñado por la Organización de Naciones Unidas (ONU)-, pues ante la realidad debe hablarse de una "sociedad del mercado de la información", pues sólo son unos cuantos, los que tienen recursos económicos, quienes tienen acceso a ella.

Jenaro Villamil, colaborador de este diario y especialista en el tema, destacó que la llamada sociedad de la información tiene el reto de salvar las desigualdades tecnológicas que hacen prácticamente imposible a la mayoría de la población mundial acceder a la tecnología y a la información.

Como ejemplo de esta "brutal brecha digital", dijo que 2 mil millones de personas, que representan más de la tercera parte del total, no cuenta con energía eléctrica; cuatro de cada cinco no han utilizado nunca el teléfono, y 90 por ciento jamás ha navegado en la Internet. Además, 85 por ciento de todos los accesos a la red se concentran en las 30 naciones más desarrolladas. Por eso, hay quienes afirman que el mundo vive hoy un "neocolonialismo digital".

Villamil precisó que una de las preguntas es conocer quién va a gobernar esa sociedad de la información: la ONU o los grandes consorcios privados. Esto le dio pie para criticar la posición asumida por el gobierno mexicano en la Cumbre Mundial de la Información, realizada en Ginebra en diciembre pasado, por haber ignorado los planteamientos de la sociedad civil, principalmente de apoyar y promover las radios comunitarias.

Aleida Calleja, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, aseveró que una semana antes de que iniciara la cumbre de Ginebra, la SCT llamó a las organizaciones civiles para "consensuar" el documento que sería presentado como posición oficial de México, pero en realidad la convocatoria fue para tener la coartada de que el documento había sido consultado, pues ninguna de las observaciones fue incorporada al texto.

Señaló que la SCT y el secretario Pedro Cerisola han ejercido una persecución brutal contra las radios comunitarias, no sólo confiscando los equipos, sino ejerciendo acción penal contra las personas que trabajan en estos proyectos. Dijo que esta actitud persecutoria y la resistencia del gobierno mexicano a incluir el tema de las radios comunitarias en la declaración final de la cumbre, demuestran que para este gobierno, y particularmente para Cerisola, el tema "sólo es de fierros y centavos".

Agregó que el tema está vinculado con los derechos humanos, pues de continuar las actuales circunstancias sólo un pequeño grupo de personas podrá ejercer su derecho a la libre expresión. Dijo que el Estado debe garantizar este legítimo derecho y no verlo como un asunto de dinero o del mercado.

María Marbán, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, habló sobre el modesto pero trascendente papel que puede jugar dicho instituto en la tarea de transparentar la información gubernamental, que representa un paso importante en un país donde no existía la democracia.