Los gobiernos de los países ricos y sus principales instrumentos de presión financiera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) intensificaron en días recientes sus empeños por asfixiar la economía argentina, de por sí precaria y convaleciente de más de una década de corrupción, saqueo, especulación desenfrenada y dictados fondomonetaristas. El sábado pasado el G-7 -que agrupa a los gobiernos de las siete mayores economías del mundo- exigió al gobierno de Buenos Aires que acelerara el proceso de restructuración de la deuda externa de la nación sudamericana con acreedores privados, la cual asciende a 88 mil millones de dólares. Ayer, el BM decidió postergar la aprobación de créditos frescos a Argentina por 5 mil millones de dólares, en tanto que el FMI renovó sus presiones para obligar al gobierno de Néstor Kirchner a satisfacer a los especuladores. Con ese telón de fondo, la decisión de la justicia estadunidense de "inhibir" o congelar algunos inmuebles diplomáticos de la representación de Buenos Aires en Washington para complacer los reclamos judiciales de un fondo de inversión con sede en las Islas Caimán provocó una grave caída -casi 8 por ciento- del índice de valores de la bolsa bonaerense.

Es pertinente recordar que el año pasado el gobierno argentino, ante el gravísimo colapso económico del país, se declaró en suspensión temporal de pagos ante el FMI y propuso a los acreedores privados del extranjero pagarles 25 por ciento de sus títulos. El presidente Kirchner ha venido señalando, desde entonces, que la economía de su país no podría comprometerse a más sin poner en peligro la recuperación económica y el crecimiento, y sin causar estragos adicionales a una población gravemente afectada por la pobreza (más de 50 por ciento) y el desempleo (más de 16 por ciento). En reiteradas ocasiones el mandatario ha señalado la responsabilidad que corresponde a sus antecesores -especialmente a Carlos Saúl Menem- y a las burocracias del FMI y del BM en el irresponsable endeudamiento del país sudamericano. Cabe agregar que otro factor central en la irracional contratación de deuda ha sido la voracidad de los especuladores privados.

Nada ilustra mejor la ambición de los inversionistas que el caso de NML Capital, empresa de fondos de inversión que demandó al gobierno argentino y a cuyos intereses respondió la justicia estadunidense con el pretendido embargo de bienes raíces diplomáticos anunciado ayer en la capital estadunidense: la operadora compró los títulos en una pequeña fracción de su valor después de diciembre de 2001 -cuando las autoridades de Buenos Aires se habían declarado ya en moratoria-, con el propósito de realizar un jugoso negocio de corto plazo.

Lo de menos es que la "inhibición" o embargo resulte legalmente improcedente, toda vez que los inmuebles en litigio son sedes diplomáticas y, por lo tanto, inafectables, de acuerdo con la Convención de Viena. Se trata, pues, como dijo el propio Kirchner ayer, de meros "fuegos de artificio". Pero la voracidad de los acreedores extranjeros -institucionales, gubernamentales y privados- está llevando la presión sobre Argentina hasta un punto en el que pone en peligro la recuperación económica del país, como lo puso de manifiesto la brusca caída de la bolsa bonaerense. La irracionalidad y la insensibilidad de los acreedores están a la vista: si los gobiernos del G-7, el FMI, el BM y los especuladores privados se empeñan en asfixiar a la nación sudamericana, no sólo serán responsables de una nueva catástrofe económica, política y humana en Argentina, sino que se verán imposibilitados a recuperar, con ello, cualquier porción de sus capitales.

En el momento actual, el gobierno de Buenos Aires tendría que contar con el respaldo de la comunidad internacional en general. Pero si los intereses financieros trasnacionales se empeñan en negárselo, cabría esperar, al menos, que los Estados de América Latina ofrezcan su apoyo incondicional al país hermano. Debe entenderse que la lucha de Argentina por renegociar su deuda en condiciones justas es la lucha de todas las naciones deudoras del continente, México incluido, por supuesto.