Andrés Aubry

Los desacuerdos de San Andrés

Este 16 de febrero será el octavo aniversario de la firma conjunta de los acuerdos de San Andrés. Se gestaron en 17 sesiones atormentadas: afuera, infatigablemente observadas a la intemperie por numeroso público nacional e internacional pese a tantas condiciones adversas; adentro, adelantadas por un diálogo insólito entre celebridades de la universidad, desconocidos sin estudio formados en la lucha, y burócratas del gobierno. Allí, llegando de todo el país, fertilizados por el EZLN y frenados por la Gobernación, se mezclaron armónicamente el pensamiento académico, la visión desde abajo de las fuerzas populares y la responsabilidad de los decidores.

Sin embargo, los acuerdos de San Andrés no son zapatistas. Como advierten sus 15 primeros parágrafos agregados de última hora, se rasuraron sus textos sobre la cuestión agraria, el desarrollo sustentable y la mujer indígena; se silenció su calendarización con tiempos y plazos para su cumplimiento, y otras demandas suyas para acceso pleno a la justicia, migrantes, remunicipalización y medios de comunicación. Pero aún así, el EZLN aceptó que se formalizaran como acuerdos de paz con el gobierno, el cual plasmó su firma (aunque sin la publicidad que antojaba), testificadas por la Cocopa, como expresión del Poder Legislativo, y la Conai de la sociedad civil. Pese a la austeridad impuesta por el EZLN (por el trato despectivo de su contraparte), estas firmas sin ceremonia y la significante elaboración colectiva y plural ya mencionada, hacen de los acuerdos de San Andrés mucho más que un trato entre las partes porque son la palabra de todos, es decir, del país.

El pueblo lo entendió y salió a defenderlos muchas veces en muchos lugares y de muchas formas, pero, al ser preguntado sobre lo que dicen, confuso se enreda. Aclarémoslo, porque a menudo el texto resulta entorpecido por los estirones diplomáticos de noches enteras de laboriosa negociación en la austeridad y el frío de San Andrés.

Los acuerdos constan de tres documentos: el primero es político y se llama Pronunciamiento; define un nuevo proyecto de país y precisa el lugar que debe dar a los pueblos indígenas.

El segundo es legal y se llama Propuesta; enuncia las reformas necesarias a las leyes para que este nuevo proyecto de nación pase de las ideas a los hechos.

El tercero es local, para Chiapas y en dos partes. Se llama Compromisos; allí el Estado dice las "acciones y medidas" que va a llevar a cabo para cumplir con los dos primeros documentos.

El segundo y el tercero son fáciles de resumir. El documento legal está condensado en unas tantas cuartillas por la propuesta Cocopa de reforma constitucional (que también fue aceptada formal y verbalmente por las partes y ratificada por la Conai; lo que sucedió después no lo desmiente, tan sólo enfatiza la inconsistencia oficial). El documento chiapaneco, para ser congruente con los otros dos, señala los artículos a cambiar en su Constitución y leyes estatales; se extiende sobre remunicipalización y redistritación para aumentar la representación política de los indígenas y diseñar nuevas formas de elección comunitaria; abre caminos en cuestiones de cultura, lenguas, educación con temas regionales, la mujer indígena y el acceso a medios de comunicación.

Toda la novedad y fuerza de los acuerdos de San Andrés están en el pronunciamiento político del primer documento. La palabra pronunciamiento despistó un rato a los traductores de las diez lenguas de Chiapas; al consultar sus diccionarios vieron que es una palabra rebelde, lo que les abrió a la comprensión de un texto difícil. Es decir, sintieron en pluma propia lo que explicaba Paulo Freire: al aprender a pronunciar letras, el alfabetizado logra progresivamente leer su realidad y termina por pronunciarse y cambiarla; traduciendo descubrieron que en este texto el indígena, colectivamente, descifra su historia y realidad, sueña o con otro país, y se pronuncia.

Efectivamente, ahí está la fuerza de este texto de San Andrés: hasta ahora, sociedad, gobierno e indigenistas decían que el indígena tenía que cambiar para acomodarse a ellos y así progresar; pero en San Andrés se dice lo contrario: los atrasados son la sociedad racista, el gobierno discriminatorio y sus indigenistas paternalistas porque siempre consideraron al indígena como objeto (sea como beneficiario o como víctima); ellos son los que tienen que cambiar no el indígena. Este cambio San Andrés lo llama "una nueva relación" porque hace que el indígena, de objeto venga a ser sujeto (hasta de derecho público), actor de las transformaciones necesarias, instaurando así un "nuevo pacto social", un "nuevo federalismo" que cambiarán nuestra anacrónica forma de gobierno. ƑTodavía a alguien le extraña que el gobierno que conocemos tarde tanto en cumplir?

El fundamento en que se apoya San Andrés es la definición que da la OIT de los pueblos indígenas: son las raíces históricas de las naciones implicadas en el convenio 169. Aplicada al país significa que México es la herencia de los indígenas, que sin ellos ni país sería porque les debe la existencia, que es urgente asumir esta historia y sacar de ella sus consecuencias interculturales, pues es inconcebible que los constructores de la nación sean excluidos de la construcción de su porvenir. Como pueblos tienen derecho a la autodeterminación, cuyo ejercicio concreto es la autonomía con muchos otros derechos colectivos señalados y detallados en el segundo documento, el legal.

El corazón de los acuerdos es la instauración de esta nueva relación con sus muchas implicaciones en la vida nacional. Es lo que hay que defender porque el incumplimiento es un desacuerdo disfrazado que borra San Andrés y atranca la paz.

Los Acuerdos de San Andrés están publicados en ERA (Luis Hernández Navarro, ed.) y en 10 libros bilingües (español y una lengua de Chiapas) editados por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas