Promueven demanda contra el líder del gremio

Acusan azucareros de ''parcialidad y dolo'' a la Procuraduría del DF

FABIOLA MARTINEZ

Un grupo de trabajadores y ex trabajadores de la industria azucarera, promotores de una demanda penal en contra del líder de este gremio, Enrique Ramos Rodríguez -por un presunto fraude por 21 mil millones de pesos- denunció ''parcialidad y dolo'' de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), instancia en la que está radicado este caso desde marzo de 2003.

Casi un año después de que la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros de la PGJDF, a cargo de Jorge Camacho López, comenzó a analizar el expediente referido, los trabajadores advierten que, al igual que la Procuraduría General de la República (PGR), dicha instancia se declarará incompetente a pesar de las pruebas documentales presentadas en contra de Ramos Rodríguez.

La queja se originó cuando azucareros, principalmente de Veracruz, exigieron a su dirigente explicar el destino de los recursos de 14 fideicomisos constituidos desde 1956, en especial de las cuotas aportadas por empleados y empresarios con el fin de alimentar el fondo de jubilaciones y para construcción de casas, entre otros.

La Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera presentó al sindicato del ramo un estudio sobre el estado que debían tener los fideicomisos, calculados en el año 2000 en 21 mil millones de pesos, incluida la variación de acuerdo con el indice nacional de precios al consumidor.

Los patrones enviaban dichos recursos al fideicomiso concentrado, administrado por Nacional Azucarera, que se encargaba de canalizarlos al sindicato a través del Banco Obrero, institución vendida después al Grupo Financiero Banorte.

Por ello los trabajadores y ex trabajadores a quienes se descontó dinero para fondear los fideicomisos empezaron el peregrinar para obtener los beneficios de ese ahorro.

Sin embargo, ante la denuncia penal correspondiente, la PGR -tras dos años de estudio- turnó el expediente a la procuraduría capitalina, la cual -según los afectados- ''no ha realizado el trabajo de investigación que conforme a derecho le corresponde llevar a cabo''. Por lo anterior solicitaron que la investigación no sea cerrada y se turne a otra instancia.