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ABSUELVEN A EX COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COFETEL

Un juez federal absolvió por falta de pruebas a Guillermo Enrique Cervantes Martínez, hijo del ex secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, de cualquier responsabilidad penal en un presunto desvío de 752 mil 520 pesos de los fondos económicos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Alejandro Caballero Vértiz, juez sexto de distrito en materia penal del Distrito Federal, emitió un acuerdo en el que determinó que Cervantes Martínez, ex coordinador ejecutivo de la Cofetel, no es responsable del delito de peculado, porque no firmó las autorizaciones de pago de servicios notariales y de viáticos para 46 comisiones de su subordinados, que fueron el origen de la acusación.

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS., 26 DE FEBRERO. Los sistemas informáticos de estadística del sureste del país iniciaron un proyecto de monitoreo e investigación sobre el fenómeno migratorio en la zona, para establecer políticas de contención. En el plan se invertirán 2.5 millones de pesos, informó la directora de desarrollo del Plan Puebla-Panamá (PPP), Ana Valero Jiménez. Durante la cuarta Reunión de los Sistemas de Información de Geografía y Estadística de los estados del sureste se dio a conocer el proyecto de monitoreo del fenómeno migratorio, financiado con recursos del PPP.

Será hasta el próximo 9 de marzo cuando se efectúe la audiencia constitucional de los juicios de amparo solicitados por el diputado federal del PRD Pablo Gómez y el ex consejero electoral Jaime Cárdenas contra la determinación de la Procuraduría General de la República de no ejercer acción penal por el delito de lavado de dinero en contra de 23 personas involucradas en el presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Vicente Fox, entre ellas Lino Korrodi y Carlota Robinson.

Culiacan, Sin., 26 de febrero. Integrantes de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos se manifestaron ante la alcaldía de esta capital para exigir al gobierno federal que no deje impunes los casos de represión contra activistas sociales ocurridos en la entidad durante la década de los 70. Señalaron que con la reciente detención de Miguel Nazar Haro, ex titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, las autoridades federales que investigan en torno a la guerra sucia deben aprovechar para que el indiciado dé información. En los 70, corporaciones policiacas y militares desaparecieron a 45 jóvenes aquí. Consuelo Carrasco, madre de uno de esos activistas, mostró una ficha de la policía de Culiacán en la que se acusó a su hijo de pertener a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

La Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina exigió al presidente del Consejo Mexicano del Café, Roberto Gieseman, que entregue los recursos destinados para el apoyo a la producción, industrialización y comercialización del grano. A unas horas de que se inicie en El Salvador una reunión internacional de pequeños productores del grano, el presidente de la organización, Eleuterio González Martínez, destacó que los recursos federales no se han aplicado en zonas marginadas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. De los nueve programas de apoyo para la caficultura, Sagarpa sólo reconoce el Fondo de Estabilización de Precios y el de Fomento Productivo, que tienen un fondo por mil 450 millones de pesos, pero de los otros siete no se han publicado las reglas de operación y no se pueden ejercer los 305 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados.

Zacatecas, Zac., 26 de febrero. La Procuraduría General de la República giró órdenes de presentación contra 11 dirigentes del Comité por la Dignidad Campesina en Defensa del Precio del Frijol, quienes encabezaron una movilización y bloqueo de carretera el 3 de febrero pasado, en el municipio de Fresnillo. La denuncia fue interpuesta por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), por el delito de ataque a las vías generales de comunicación. Martín Vaquera secretario general del comité, manifestó que los productores zacatecanos no aceptarán represalias en su contra, y dijo que ya entablaron comunicación con asociaciones y organismos campesinos de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, con el propósito de intensificar los actos de protesta.

La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) exigió a los legisladores estar atentos a la forma en que se aplican los recursos aprobados para el campo, pues las secretarías de Desarrollo Social y de Reforma Agraria aplican una "política de discriminación" en la aplicación de los apoyos a las organizaciones que no firmaron el Acuerdo Nacional para el Campo. Los dirigentes estatales de UNORCA se reunieron ayer con funcionarios de Sedeso para manifestarles su indignación por el trato del que son objeto y como ejemplo mencionaron que entregaron 5 mil 618 solicitudes para el programa de vivienda rural y 2 mil 39 para el de atención a adultos mayores, pero nunca les respondieron. Condenaron que a las organizaciones no firmantes del ANC sólo se les asigne 15 por ciento o menos del total de los recursos destinados para diversos programas que no son producto de dicho documento sino parte de la política nacional para las zonas rurales.

La diputada perredista Lizbeth Rosas Montero propuso crear un grupo integrado por miembros de las comisiones de Seguridad Pública y de Juventud y Deportes de la Cámara de Diputados para que, en colaboración con las secretarías de Seguridad Pública y de Desarrollo Social, determine el modus operandi de la organización delictiva Mara Salvatrucha.