Horacio Labastida

Francisco J. Múgica

Fue solemne y analítica la celebración que se registró en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria. Estuvo presidida por el director Fernando Serrano Migallón y escuchamos las reflexiones de Cristina Rodríguez y Cuauhtémoc Cárdenas. Invitado por la facultad, destaqué la figura de Múgica en su papel de presidente de la Comisión de Constitución, desempeñado con la grandeza que aún hoy se reconoce y admira. Múgica, michoacano por nacimiento, murió en el Distrito Federal hace 50 años (1954), fecha que con fuerte acento académico se conmemoró el pasado miércoles.

La historia del Decreto Constitucional de Apatzingán (1814) y de nuestras cuatro constituciones federalistas muestra cómo el pueblo ha buscado resolver las agudas contradicciones que desde la Independencia han conmovido al país. La asamblea constitutiva de Chilpancingo y su ya citado Decreto de Apatzingán declararon plenamente la liberación de México del absolutismo español y la naturaleza absoluta de la soberanía nacional. Morelos lo afirmó enfáticamente al jefe de la Junta de Apatzingán, Ignacio López Rayón: la soberanía es absoluta o no es soberanía, principio éste válido, a pesar de las no pocas perversas sofisticaciones de la actual globalización que encubre la pretendida hegemonía estadunidense en el mundo.

El Congreso de San Pedro y San Pablo (1824) sancionó el primer federalismo para evitar la amenazante dispersión provincial que estimulaban las aristocracias regionales; y contra la decenal tiranía centralista del felón Antonio López de Santa Anna, en plena guerra contra la invasión de México ordenada por el presidente estadunidense James K. Polk (1845-49), el eminente liberal Mariano Otero, siguiendo el ejemplo de Miguel Ramos Arizpe 22 años antes, restableció el federalismo para mantener la unidad republicana frente a los ejércitos yanquis de Taylor en el norte y de Scott en Veracruz. La derrota se vino encima por las traiciones de Santa Anna y perdimos más de la mitad del territorio en tratados firmados hacia 1848 en la capital queretana.

La tercera Constitución federalista fue suscrita el 5 de febrero de 1857 como resultado de la revolución ayutlense que expulsó a Santa Anna del país en 1855, purgando a la religión católica como religión oficial y echando las bases para separar lo civil de lo religioso y poner punto final al monopolio de la mano muerta del clero. La ley de desamortización que propuso Lerdo de Tejada durante la breve presidencia de Ignacio Comonfort y la de nacionalización promulgada por Juárez (1859) privaron al clero de una desmesurada y antieconómica concentración de riqueza patrimonial. Y luego de las terribles batallas contra los conservadores de Tacubaya, la invasión francesa de Napoleón III y el falsificado imperio de Maximiliano, que precedieron al último gobierno de Benito Juárez y al de Sebastián Lerdo de Tejada, con base en la revuelta tuxtepecana Porfirio Díaz se hizo del poder político durante 34 años, incluidos los cuatro del pelelismo gonzalista, y en ese largo periodo se crearon los dos problemas centrales que Francisco J. Múgica y el grupo de constituyentes radicales combatieron durante los debates (diciembre de 1916-enero de 1917) de nuestra última asamblea constitucional, en Querétaro.

La concentración de la tierra, incluidos los latifundios que se entregaron a estadunidenses en el norte, alcanzó extremos sin precedentes. Hubo haciendas de más de 150 mil hectáreas y muchísimas de 40 y 50 mil hectáreas, en cuyas extensiones movíanse masas campesinas hambrientas, esclavizadas y brutalmente explotadas. Las tiendas de raya y la criminal guardia rural expoliaron y masacraron las rebeliones y protestas que durante esos años se multiplicaron por todas partes. Y el otro problema fue la entrega de los recursos materiales y las finanzas a las subsidiarias extranjeras. El mercado nacional era mercado de productos ingleses y estadunidenses, y las clases obreras y medias recibían tratos discriminatorios y asfixiantes salarios y sueldos. Jules Davids (American political and economic penetration of Mexico, 1877-1920, New York, 1976) señala que sin duda la enfermedad de México era su dependencia del capitalismo estadunidense.

El brutal feudalismo interno y la venta de la patria a las trasnacionales fueron negadas por la Revolución al consagrar y sancionar el artículo 27 constitucional, en cuyo texto, al lado de Andrés Molina Henríquez, participó Francisco J. Múgica. Su lucha por un México libre y justo vive y vivirá en la conciencia revolucionaria mexicana, opuesta al proyecto de transformarnos en una gigantesca maquiladora de la plutocracia que gobierna en la Casa Blanca