A la fecha ningún perredista la ha objetado, señala

Firme, la denuncia contra Sahagún, afirma Bejarano

Sólo espera la opinión del área jurídica de la Asamblea

GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

El PRD interpondrá en los próximos días, "como Asamblea o como partido", una denuncia penal en contra de la presidenta de la Fundación Vamos México, Marta Sahagún de Fox, así como contra quienes resulten responsables de los delitos de tráfico de influencias, uso indebido de recursos del erario en beneficio de una institución privada, fraude fiscal y violaciones a la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El coordinador de la fracción del PRD en la ALDF, René Bejarano Martínez, puntualizó: "no hay marcha atrás en la presentación de la denuncia en contra de Sahagún", y aclaró que el problema no es si la Asamblea tiene atribuciones para interponer un recurso de este tipo, sino la comisión de una serie de hechos ilícitos por la esposa del presidente de la República, Vicente Fox.

Interrogado sobre el deslinde que hicieron hace un par de días los diputados locales y dirigentes de la Corriente de Nueva Izquierda (CNI) de apoyar esta acción, Bejarano Martínez subrayó que en las reuniones del grupo nadie ha objetado la presentación de la denuncia contra Marta Sahagún. Incluso, recordó que en la sesión de la Diputación Permanente en la que se presentó el punto de acuerdo, los perredistas votaron a favor.

Precisó que el acuerdo de la Comisión de Gobierno fue que se consultara a especialistas sobre la posibilidad de que la ALDF presentara de manera institucional la denuncia penal, y de ninguna manera el punto quedó descartado. Se espera que el área jurídica presente el resultado de su análisis el lunes próximo.

Las diputadas perredistas Lorena Villavicencio y Silvia Oliva, de la CNI, e integrantes de la Comisión de Gobierno de la ALDF, entregaron el lunes pasado a su coordinador parlamentario, René Bejarano, un documento de dos cuartillas en el que hacen un análisis jurídico sobre la competencia que podría tener la ALDF en el caso de la Fundación Vamos México, "sin dejar de subrayar que no es ético ni legal que una institución de carácter privado, como es dicha fundación, sostenga sus actividades con recursos federales".

Villavicencio y Oliva concluyen que la Asamblea Legislativa, así como la Diputación Permanente, no son competentes para realizar la denuncia de hechos por los delitos de que se acusa a Marta Sahagún.

Remarcan que en el "supuesto de que la Fundación Vamos México hubiese cometido algún delito fiscal y se le requiera un informe basado en que son recursos de la Federación los que están involucrados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, fracción primera, tercer párrafo, la Cámara de Diputados deberá hacer la denuncia correspondiente".

Cabe mencionar que estos argumentos son muy parecidos a los que han esgrimido los legisladores de Acción Nacional en defensa de la esposa del presidente Fox.

Ley contra el tráfico de influencias

El diputado perredista Gerardo Villanueva presentó ayer ante la Comisión de Gobierno una iniciativa de ley para prevenir y sancionar, de darse el caso, el tráfico de influencias de diputados o funcionarios de mandos superiores de la ALDF.

En conferencia de prensa, el integrante de la Comisión de Administración Pública Local manifestó que en la Asamblea "no queremos Diegos Fernández de Cevallos, por lo que se propone modificar la Ley Orgánica y el Reglamento Interno de la Asamblea para que ningún representante popular o servidor público de este órgano de gobierno pueda litigar u obtener alguna otra retribución económica que no sea por su labor legislativa".

La propuesta, dijo Villanueva, se presenta a título personal con el objetivo de "prevenir el tráfico de influencias, o bien sancionarlo cuando ocurra un caso, y así inhibir la impunidad que pueda darse por esa situación".

Consideró que hoy en día existe un "clima político propicio para sacar adelante la iniciativa de ley", por lo que aprovechará para presentar una iniciativa de reforma constitucional, con el objetivo de que se puedan limitar los casos en que se aplica el fuero del que gozan los diputados.

En este caso, dijo, se enviará a la Cámara de Diputados, una vez aprobada en la ALDF, y se trata de que sólo aplique el fuero cuando se trate de declaraciones verbales públicas de los legisladores, porque en todos los demás casos se eliminarán y se tendrán que sujetar a la ley cuando la infrinjan por asunto que implique una conducta delictiva