Gustavo Leal F.*

Proyecto de saliva

En noviembre pasado, el presidente de la Comisión de Salud, José Angel Córdova -médico panista que arribó al Congreso desde la titularidad del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato-, mudó enteramente la calidad de sus tareas como representante popular a las de franco impulsor de los programas foxistas.

Sin mediar explicación, Córdova comunicó que los millones de pesos presupuestados en 2004 para la Secretaría de Salud son "muy pocos" para la salud de los mexicanos. "Buscaré -agregó- que se incremente la cifra: los 3 mil 800 millones de pesos para el seguro popular son un avance, porque el programa es muy noble y atenderá a todos los mexicanos sin seguridad social. Es bondadoso y lo debemos apoyar".

Pero sólo cuatro días después, otro diputado, Roberto Vega Galina, secretario de la Comisión de Seguridad Social y cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), declaró: "El seguro popular nació muerto. No hay de dónde sacar 3 mil 800 millones de pesos. No sé cómo va a funcionar algo que carece de infraestructura y del personal capacitado. El seguro popular no recibirá los millones y, al contrario, se emprenderá una lucha para echarlo atrás. El proyecto no garantiza el abasto de medicamentos y está destinado al fracaso".

Hay que agregar que en San Luis Potosí (julio), la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó "otorgar facultades a los estados en la determinación y distribución de los fondos de salud" y exigir que el gobierno federal "absorba las repercusiones financieras de la nueva Ley General de Salud" (seguro popular), y que posteriormente, en Durango (noviembre), reiteró que en materia de salud "solicita la implementación de acciones legales para que el gobierno federal absorba al 100 por ciento las repercusiones financieras de la reforma de la Ley General de Salud o, en su caso, postergar la entrada en vigor".

Y eso no es todo. En su última reunión de 2003 (Puebla), todavía estableció que es preciso "incrementar los recursos transferidos a las entidades para gasto en salud; garantizar que la reforma a la Ley de Salud no afectará las finanzas públicas estatales; emplazar al secretario de Salud a una reunión urgente, para conocer detalles del seguro popular y tratar de manera integral el tema de la salud en la siguiente reunión".

Muy a pesar de las "buenas intenciones" del diputado José Angel Córdova, el rechazo parlamentario de la regresiva Ley de Ingresos propuesta por Fox culminó en un fuerte recorte al seguro popular: mil 500 millones. Siempre ingeniosos, los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que "asesoraron" a la Comisión de Presupuesto del Congreso argumentaron que en esta reasignación se consideró que el ritmo de afiliación de familias al seguro "estará en función de los acuerdos de coordinación que suscriban las entidades federativas". Es decir: que intentarían trasladar la responsabilidad del financiamiento a los estados.

No resultó casual que, reunidos en Mexicali (21 de enero), los secretarios de finanzas de la Conago cuestionaran duramente al secretario de Salud, Julio Frenk, por el "frágil esquema de financiamiento" del seguro popular y acordaran solicitar al gobierno federal que en el Presupuesto de Egresos "se establezca un programa específico para atender las necesidades del sector salud". Frenk se contentó con aclarar que este año el gobierno "destinará para el programa 2 mil 300 millones de pesos".

Unos días antes, el secretario de Salud de Fox había comunicado, alegremente, que el seguro popular "ha democratizado" los servicios de salud y que de esta concepción "democrática" deriva "precisamente" el adjetivo de popular: "es popular -sostuvo- porque incluye a todos, sin importar en qué trabajen, cuánto ganen, dónde vivan, qué edad tengan o qué tan enfermos estén. El seguro popular es de la gente y para la gente. Nadie se queda afuera". Claro que evitó agregar que con ese "popular" seguro, todos tendrán ahora que pagar por los mismos o peores servicios que Fox y su gobierno del "cambio" heredaron del priísmo.

Y hay algo más: el decreto que reforma la Ley General de Salud (Diario Oficial de la Federación, 15 de mayo de 2003) establece en su artículo 77 Bis 1 que: "las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este título". Ocho meses después, Ƒdónde está ese reglamento que establece el número preciso de intervenciones que "cubre" el seguro popular? ƑA quién corresponde vigilar el destino de los 2 mil 300 millones de pesos entregados al seguro popular?

Como bien estimó el SNTSS: el "noble" seguro popular que tanto encomia el panista José Angel Córdova no es, en realidad, más que un lamentable š"proyecto de saliva"!

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco