Exige que se repare el daño económico originado a partir del Pemexgate

Pemex da marcha atrás en el perdón a Romero Deschamps

La acción, opuesta al supuesto reconocimiento de adeudo que hizo el STPRM a la paraestatal

Según Muñoz Leos y el director jurídico, el débito ya había sido saldado por los petroleros

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

En una acción contradictoria, el departamento jurídico de Petróleos Mexicanos (Pemex), por conducto del Ministerio Público Federal, impugnó ante tribunales la determinación de un juez federal de eximir al líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, de la reparación del daño causado por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) a la paraestatal, luego del desvío de más de mil millones de pesos, de los cuales 500 millones terminaron en la campaña presidencial del candidato del PRI Francisco Labastida Ochoa, en 2000.

En noviembre pasado, Pemex entregó al juzgado decimotercero de distrito en materia penal un escrito firmado por Raúl Muñoz Leos, director de la paraestatal, y por Jorge Alfonso Iturbide Guerra, gerente jurídico de la misma, mediante el cual informaron que el adeudo millonario ya había sido subsanado y Pemex estaba satisfecha con el pago del STPRM.

Ese documento, titulado De-claración de reconocimiento de adeudo que hace el STPRM a Pemex, fue indispensable para que el juez décimo de distrito, José Luis Moya Flores, fijara al ex diputado federal del PRI dos fianzas "menores" -que en total suman casi 5 millones de pesos-, y así pudiera enfrentar en libertad los procesos penales a los que está sujeto por los delitos de peculado y peculado electoral. Además le ahorró a Romero Deschamps la complicación de una caución impagable que lo hubiera llevado a la cárcel, como sucedió con Ma-nuel Gomezperalta, el único implicado en el Pemexgate que estuvo preso y a quien el mismo juzgador le impuso en un principio una fianza de 2 mil 200 millones de pesos.

Se acelerará el proceso esta semana

Sin embargo, Pemex presentó el pasado jueves el recurso de inconformidad ante el juez decimotercero de distrito, que será turnado en el transcurso de esta semana a un tribunal unitario del Distrito Federal -probablemente recaiga en el cuarto tribunal, debido a que ese órgano jurisdiccional ya antes analizó asuntos relacionados con el Pemexgate- para su desahogo final.

De acuerdo con fuentes oficiales que tuvieron acceso al escrito de impugnación presentado por Pemex, el principal objetivo de la paraestatal es que un tribunal unitario obligue al juez Moya Flores a incrementar los montos económicos de las garantías que fijó en días pasados y que se incluya la reparación del daño al momento de fijar las nuevas cantidades.

La primera de las cauciones, correspondiente al delito de peculado, fue por un monto de 2 millones 949 mil pesos 995, el cual ya fue depositado por los abogados del líder petrolero. La segunda fianza también ya pagada, relativa al delito electoral, fue fijada por el juez Moya Flores en un millón 654 mil pesos.

Además, según las mismas fuentes, Pemex busca revertir la posibilidad de que los abogados de otros ex funcionarios de la paraestatal implicados en el Pemexgate pudieran beneficiarse con el documento antes mencionado y con la validez que del mismo hizo el juez decimotercero de distrito.

Tal es el caso de Rogelio Montemayor, ex director de Pemex (quien se encuentra en Estados Unidos sujeto a un procedimiento de extradición a nuestro país) y de sus ex colaboradores Carlos Juaristi, Juan José Domene, Julio Pindter y Alberto Gheno, quienes en caso de ser procesados por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el Pemexgate, igual que Romero Deschamps, podrían tener fianzas accesibles para enfrentar en libertad las acusaciones.

En tanto, el líder petrolero deberá acudir en el transcurso de este lunes al Reclusorio Sur para firmar en el juzgado decimotercero de distrito el libro de procesados libres bajo fianza. De no hacerlo, Romero Deschamps perderá esa garantía procesal y podría ser detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación.

Además de la firma, el ex diputado federal escuchará las obligaciones que le fijó el juez Moya Flores, entre las que destaca el hecho de que no puede abandonar el Distrito Federal mientras no concluyan los procesos penales que enfrenta desde noviembre pasado.