Leon Bendesky

Inflación

Es obligación del Banco de México mantener el valor de la moneda nacional, así lo marca la Constitución, confiriéndole un carácter político. Para ello el banco central debe aplicar medidas monetarias que eviten que el poder de compra del peso se reduzca, es decir, que con un mismo monto de dinero se compre menor cantidad de productos.

El gobernador del banco, Guillermo Ortiz, ha señalado que hay presiones sobre los precios que pueden provocar el repunte de la inflación, tal como indican los resultados de enero, que están por encima de las expectativas. El crecimiento de los precios encontró ya un piso, en una tasa de alrededor de 4 por ciento anual, y ése es el límite de la efectividad de los instrumentos de carácter monetario que se usan para controlarla. Ese piso tiene que ver también con la ausencia de expansión de la actividad productiva en el país, o sea que los precios crecen poco debido a que no hay una presión por el lado de la demanda.

El resultado parcialmente favorable de la inflación está, pues, ligado de modo estrecho con ese estado de práctico estancamiento de la economía mexicana. El control del aumento del nivel general de los precios se ha centrado en la restricción de la cantidad de dinero y del crédito por parte del banco central y en el bajo gasto público y los malabares fiscales aplicados por Hacienda y avalados por el Congreso. Pero entre ellos no podrán sostener la estabilidad ni aun en el contexto recesivo que prevalece y ella misma no es condición suficiente para sustentar la recuperación.

La política de estabilidad que se ha hecho la predilecta del gobierno no favorece el crecimiento del producto y del empleo. Se empieza a reconocer que existen raíces estructurales para la inflación, aunque de modo tardío e incompleto, pues se refiere primordialmente a la necesidad de aprobar las reformas que el gobierno ha tratado de promover sin éxito. La raíz estructural de la inflación, es decir, la manera como funciona la economía, y que mantiene elevados costos de producción y baja competitividad, va mucho más allá de lo que abarcan esas reformas, y se pone en entredicho el carácter automático que se le ha dado a la política monetaria y fiscal, respecto a su capacidad de alentar el crecimiento.

La economía mexicana es estructuralmente disfuncional en relación con sus posibilidades de crecimiento sostenido por diversos factores, entre ellos se incluyen la falta de articulación de los sectores productivos y las distorsiones territoriales que impiden el uso eficiente de los recursos; la insuficiencia de infraestructura física asociada con los bajos niveles de inversión pública y privada, y la escasez de ahorro que provoca la muy desigual distribución del ingreso. Otro rasgo ostensible de la disfuncionalidad estructural es la asignación de los recursos públicos para seguir pagando el rescate bancario de 1995. La lista no es exhaustiva, pero el asunto es de primordial relevancia para redefinir el contenido y la forma de aplicación de una nueva política de crecimiento.

La inflación baja se manifiesta económica y socialmente de forma efectiva cuando provoca bienestar a partir de la generación de más riqueza, ahí es donde está trunca la política económica. Pasar del control monetario y fiscal a una reforma estructural que tiene que ir mucho más allá de lo que puede concebir este equipo de gobierno, debe partir de planteamientos estratégicos muy claros, de medidas específicas de gestión y de acuerdos que se sostengan, cuando menos, en el mediano plazo.

Todo eso está ausente en las concepciones que prevalecen, y en la cada vez mayor confrontación entre grupos políticos. El problema estructural de la economía se ha dejado llevar demasiado lejos y ahora los márgenes de maniobra para enfrentarlo son muy limitados e ineficaces.

No es concebible que ahora el mismo gobernador de Banxico, que durante años ha promovido tenazmente lo que es hoy la estructura bancaria del país, sugiera controlar a los bancos extranjeros para que se comprometan con el crecimiento de la economía. No hay razón para que lo hagan desde la perspectiva de su negocio global, y menos aún cuando viven de los intereses que avala el propio banco central por los pagarés del Fobaproa y del IPAB. Igualmente notoria es la queja del funcionario sobre los pocos préstamos a las empresas más pequeñas que los requieren. El control de la inflación por la que debe velar el Banco de México favorece a los bancos, sobre todo en una etapa en la que han ampliado el crédito al consumo y para hipotecas a tasas de interés fijas. La inflación representa un conflicto abierto entre los intereses de los acreedores y de los deudores y la política de estabilización no está al margen.

El sistema financiero es hoy uno de los factores principales de la limitación estructural del crecimiento y de la desconexión entre la estabilidad de los precios y las fuerzas que pueden generar un nuevo ciclo de expansión. Este año es muy probable que las metas de aumento del producto y de los precios no se cumplan, pero es seguro que el debate sobre una nueva política económica que vaya más allá de los estrechos confines de la visión convencional se siga evitando.