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México D.F. Martes 2 de marzo de 2004

Enfrentan problemas legales y la oposición de grupos civiles y ambientalistas

Paralizada, la instalación de 6 plantas regasificadoras que abastecerían a EU

Shell y Sempra Energy recibieron permisos de la CRE y de Medio Ambiente

ISRAEL RODRIGUEZ J. Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La instalación en territorio mexicano de al menos media docena de plantas regasificadoras para abastecer de combustible a la industria eléctrica de Estados Unidos, el principal proyecto de construcción de infraestructura energética que se desarrolla en el actual gobierno, se encuentra paralizado y enfrenta crecientes problemas legales, así como oposición de grupos civiles y ambientalistas para continuar adelante.

Con la decisión de la trasnacional Marathon Oil de cancelar el proyecto para construir un centro regional de energía en Tijuana, en el que se procesaría gas natural importado para generar electricidad, se reduce la opción de éxito para este tipo de proyectos, señalaron este lunes grupos de especialistas, entre ellos Greenpeace.

En 2001 comenzó a ser desarrollada la estrategia, auspiciada por el gobierno federal, de que fueran instaladas en territorio mexicano plantas regasificadoras para abastecer de combustible a centrales generadoras de energía eléctrica de ciclo combinado. Prácticamente todos esos proyectos están orientados a surtir combustible para generar energía destinada al mercado de California, Estados Unidos. Uno de ellos, el desarrollado por Marathon Oil, incluía la generación de energía para el mercado de Tijuana, además de la venta a California.

Las plantas regasificadoras funcionan de la siguiente manera: en los centros de extracción, localizados en puntos de Rusia, Malasia, Brunei, Indonesia, Alaska, Perú, Bolivia y Australia, el gas natural es congelado y depositado en grandes embarcaciones con doble casco que lo transportarán a las centrales de regasificación, como las que se pretende instalar en México, donde el energético es calentado para regresarlo a su estado gaseoso. Desde ahí se le transporta a las centrales de generación de electricidad.

Hay tres intentos más en Baja California

En territorio de Baja California las trasnacionales dedicadas a este negocio buscan instalar tres plantas de regasificación, con una inversión conjunta de 2 mil 200 millones de dólares. Una de las instalaciones era la propuesta por Marathon Oil, que se ubicaría en Tijuana. Las otras dos están planeadas en Ensenada y son gestionadas por Shell y Sempra Energy. Los dos últimos proyectos están a la espera de sortear escollos legales para comenzar actividades. Adicionalmente Chevron Texaco planea construir una planta más frente a las costas de Baja California, en el entorno de las islas Coronado, con una inversión de 650 millones de dólares.

Mientras, la multinacional de origen español Repsol pretende operar una planta de regasificación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En Altamira, Tamaulipas, la firma Shell también recibió de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un permiso para construir una instalación de este tipo.

Sempra Energy recibió ya los permisos de la CRE y el relacionado con impacto ambiental, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para sus plantas proyectadas en Ensenada, Baja California. Sin embargo, existe en marcha un juicio de amparo interpuesto por la organización civil Bajamar, que tiene paralizado el avance del proyecto. El amparo es contra la construcción de la planta y contra el permiso de impacto ambiental otorgado por el gobierno federal. En diciembre pasado se anunció oficialmente que Sempra y la anglo holandesa Shell unían proyectos en Baja California para operar de manera conjunta.

En la misma costa del Pacífico mexicano, en la que el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene identificado que existe interés de empresas energéticas por desarrollar proyectos, otra multinacional enfrenta problemas.

Se trata de la española Repsol, que no ha logrado obtener los permisos federales para construir una planta de regasificación en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. A la falta de las autorizaciones se suman otros problemas para la firma de origen ibérico. Para sacar adelante su proyecto requiere del gas de Bolivia, pero ese país, que en diciembre pasado vivió una revuelta popular causada por el proyecto para vender gas, la cual obligó a la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, realizará en las próximas semanas un referéndum en el que los bolivianos deberán pronunciarse sobre el futuro de los recursos gaseosos naturales.

Los proyectos de gas natural licuado en México enfrentan varios problemas legales y creciente oposición, comentó a este diario Luis Arturo Moreno, coordinador en México de la campaña de energía y cambio climático de la organización ambientalista Greenpeace. La extracción de gas para traerlo congelado a México enfrenta también gran oposición en los países productores, añadió. ''El punto es que en este negocio son las grandes trasnacionales las que se llevan todas las ganancias, porque la obtención de beneficios económicos está por encima de la protección ambiental o los beneficios sociales'', argumentó.

''Incuestionablemente la expropiación de terrenos decretada el sábado por el gobierno de Baja California coloca al proyecto de Marathon ante una seria amenaza política'', comentó este lunes George Baker, presidente de Mexico Energy Intelligence (MEI), reconocida firma de consultoría en temas energéticos.

El presidente de MEI, empresa con sede en Houston, se refirió a una anunciada visita del presidente Vicente Fox a Mexicali, Baja California, el próximo 10 de marzo. ''La visita de Fox al estado será importante para saber el estatus de los proyectos de gas natural licuado en Baja California. Este tema estará en la agenda de las reuniones con el gobernador y otros funcionarios estatales'', añadió.
 
 


Vista desde la costa de Baja California, cerca del fraccionamiento Playas de Tijuana, del terreno de 988 hectáreas en el que Marathon Oil pretendía construir el centro regional de energía. Las tierras fueron expropiadas el sábado por el gobierno panista de Baja California, con el fin de garantizar el crecimiento ordenado de la ciudad y respetar el equilibrio ecológico

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