México D.F. Martes 2 de marzo de 2004
Enfrentan problemas legales y la oposición
de grupos civiles y ambientalistas
Paralizada, la instalación de 6 plantas regasificadoras
que abastecerían a EU
Shell y Sempra Energy recibieron permisos de la CRE
y de Medio Ambiente
ISRAEL RODRIGUEZ J. Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR
La instalación en territorio mexicano de al menos
media docena de plantas regasificadoras para abastecer de combustible a
la industria eléctrica de Estados Unidos, el principal proyecto
de construcción de infraestructura energética que se desarrolla
en el actual gobierno, se encuentra paralizado y enfrenta crecientes problemas
legales, así como oposición de grupos civiles y ambientalistas
para continuar adelante.
Con la decisión de la trasnacional Marathon Oil
de cancelar el proyecto para construir un centro regional de energía
en Tijuana, en el que se procesaría gas natural importado para generar
electricidad, se reduce la opción de éxito para este tipo
de proyectos, señalaron este lunes grupos de especialistas, entre
ellos Greenpeace.
En 2001 comenzó a ser desarrollada la estrategia,
auspiciada por el gobierno federal, de que fueran instaladas en territorio
mexicano plantas regasificadoras para abastecer de combustible a centrales
generadoras de energía eléctrica de ciclo combinado. Prácticamente
todos esos proyectos están orientados a surtir combustible para
generar energía destinada al mercado de California, Estados Unidos.
Uno de ellos, el desarrollado por Marathon Oil, incluía la generación
de energía para el mercado de Tijuana, además de la venta
a California.
Las plantas regasificadoras funcionan de la siguiente
manera: en los centros de extracción, localizados en puntos de Rusia,
Malasia, Brunei, Indonesia, Alaska, Perú, Bolivia y Australia, el
gas natural es congelado y depositado en grandes embarcaciones con doble
casco que lo transportarán a las centrales de regasificación,
como las que se pretende instalar en México, donde el energético
es calentado para regresarlo a su estado gaseoso. Desde ahí se le
transporta a las centrales de generación de electricidad.
Hay tres intentos más en Baja California
En territorio de Baja California las trasnacionales dedicadas
a este negocio buscan instalar tres plantas de regasificación, con
una inversión conjunta de 2 mil 200 millones de dólares.
Una de las instalaciones era la propuesta por Marathon Oil, que se ubicaría
en Tijuana. Las otras dos están planeadas en Ensenada y son gestionadas
por Shell y Sempra Energy. Los dos últimos proyectos están
a la espera de sortear escollos legales para comenzar actividades. Adicionalmente
Chevron Texaco planea construir una planta más frente a las costas
de Baja California, en el entorno de las islas Coronado, con una inversión
de 650 millones de dólares.
Mientras, la multinacional de origen español Repsol
pretende operar una planta de regasificación en el puerto de Lázaro
Cárdenas, Michoacán. En Altamira, Tamaulipas, la firma Shell
también recibió de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) un permiso para construir una instalación de este tipo.
Sempra Energy recibió ya los permisos de la CRE
y el relacionado con impacto ambiental, otorgado por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para sus plantas proyectadas
en Ensenada, Baja California. Sin embargo, existe en marcha un juicio de
amparo interpuesto por la organización civil Bajamar, que tiene
paralizado el avance del proyecto. El amparo es contra la construcción
de la planta y contra el permiso de impacto ambiental otorgado por el gobierno
federal. En diciembre pasado se anunció oficialmente que Sempra
y la anglo holandesa Shell unían proyectos en Baja California para
operar de manera conjunta.
En la misma costa del Pacífico mexicano, en la
que el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene identificado
que existe interés de empresas energéticas por desarrollar
proyectos, otra multinacional enfrenta problemas.
Se trata de la española Repsol, que no ha logrado
obtener los permisos federales para construir una planta de regasificación
en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. A la falta
de las autorizaciones se suman otros problemas para la firma de origen
ibérico. Para sacar adelante su proyecto requiere del gas de Bolivia,
pero ese país, que en diciembre pasado vivió una revuelta
popular causada por el proyecto para vender gas, la cual obligó
a la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, realizará
en las próximas semanas un referéndum en el que los bolivianos
deberán pronunciarse sobre el futuro de los recursos gaseosos naturales.
Los proyectos de gas natural licuado en México
enfrentan varios problemas legales y creciente oposición, comentó
a este diario Luis Arturo Moreno, coordinador en México de la campaña
de energía y cambio climático de la organización ambientalista
Greenpeace. La extracción de gas para traerlo congelado a México
enfrenta también gran oposición en los países productores,
añadió. ''El punto es que en este negocio son las grandes
trasnacionales las que se llevan todas las ganancias, porque la obtención
de beneficios económicos está por encima de la protección
ambiental o los beneficios sociales'', argumentó.
''Incuestionablemente la expropiación de terrenos
decretada el sábado por el gobierno de Baja California coloca al
proyecto de Marathon ante una seria amenaza política'', comentó
este lunes George Baker, presidente de Mexico Energy Intelligence (MEI),
reconocida firma de consultoría en temas energéticos.
El presidente de MEI, empresa con sede en Houston, se
refirió a una anunciada visita del presidente Vicente Fox a Mexicali,
Baja California, el próximo 10 de marzo. ''La visita de Fox al estado
será importante para saber el estatus de los proyectos de gas natural
licuado en Baja California. Este tema estará en la agenda de las
reuniones con el gobernador y otros funcionarios estatales'', añadió.
Vista desde la costa de Baja California, cerca del fraccionamiento
Playas de Tijuana, del terreno de 988 hectáreas en el que Marathon
Oil pretendía construir el centro regional de energía. Las
tierras fueron expropiadas el sábado por el gobierno panista de
Baja California, con el fin de garantizar el crecimiento ordenado de la
ciudad y respetar el equilibrio ecológico
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