Detecta la Auditoría Superior estatal irregularidades por mil 700 millones de pesos

El nexo de Ahumada en Michoacán tiene nombre y apellido: Tito Fernández Torres

Niega el gobierno de la entidad haber dado contratos por $440 millones a firmas del empresario

ERNESTO MARTINEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL

Morelia, Mich., 5 de marzo. El antecedente que se tiene de la relación entre el inhabilitado por órganos de control (del Distrito Federal y Michoacán) Tito Emigdio Fernández Torres y el empresario Carlos Ahumada se remonta a 1997, cuando el primero laboraba en la delegación Iztapalapa y presumía de conocer y mantener estrecha amistad con el empresario naturalizado mexicano, hoy fugitivo.

Fernández Torres se desempeñó posteriormente en el gobierno del Distrito Federal como funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, cargo del cual fue inhabilitado por 10 años, luego que una auditoría reveló una serie de compras no autorizadas.

Posteriormente, Tito Fernández llegó a Michoacán en compañía de gente del empresario Carlos Ahumada. Este grupo, por influencia política, fue colocado en posiciones preponderantes en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), siendo incluso el inhabilitado en el DF, subsecretario de esta dependencia.

Llegado Lázaro Cárdenas Batel a la gubernatura, designó titular de la SCOP a Alfonso Solórzano Fraga, ex secretario general del PRD en Michoacán, posteriormente precandidato al Senado de la República y luego aspirante a la presidencia municipal de Morelia.

Mientras Solórzano Fraga se desempeñaba al frente de la SCOP la dependencia fue auditada. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de Michoacán halló varias irregularidades administrativas y formuló observaciones. Tito Emigdio Fernández Torres fue inhabilitado también en Michoacán. Este hecho se produjo en 2002.

Se precisó que en la SCOP se efectuaron una serie de licitaciones irregulares, en las cuales se favorecía a amigos y allegados de los funcionarios de esa dependencia. Se señalaron entonces familiares de Solórzano Fraga, quienes, en su mayoría se dedican a la construcción de casas de interés social, así como de obra pública.

Cuando era subsecretario, Solórzano Fraga pidió licencia a su cargo en la SCOP para para asumir en la ciudad de México como secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

Con documentación que existe sobre algunas de las licitaciones que lanzó la SCOP, resulta que fueron cuatro empresas las que siempre las ganaban. Esas empresas son: Cascata, Grupo Quart, Austra y Agosa, las cuales tienen vínculos con Carlos Ahumada y Tito Fernández Torres.

El hilo tenía que reventar

Para Lázaro Cárdenas las cosas comienzan a complicarse cuandoo inicia su tercer año de gobierno.

La información sobre los nexos de su gobierno, específicamente de las áreas relacionadas con la contratación y ejecución de obra pública, con las empresas de Ahumada, parece ser una bomba que estalla en las manos al mandatario michoacano, cuya administración enarbola, precisamente, la bandera de la honestidad y la total transparencia.

Jesús Garibay, en su momento coordinador de la campaña del hoy gobernador -y actual coordinador del Transporte- afirma, contundente, que jamás se recibió un solo peso fuera de lo que por ley correspondía en prerrogativas al PRD en 2001.

En entrevista radiofónica esta mañana, Garibay aseguró no conocer a Ahumada y, por tanto, negó que éste haya participado con algún recurso en la campaña lazarista. "Ni de él ni de nadie se recibió ningún dinero", insistió.

Sin embargo ayer, en medios periodísticos nacionales durante una entrevista con el diputado federal panista Federico Döring, la afirmación, entre otras cosas, que desde hacía dos años él había denunciado que tanto a la campaña de Cárdenas en Michoacán, como a la del también perredista César Asueta, en Tabasco, habría llegado financiamiento de Ahumada.

En la entrevista radiofónica, Garibay cuestionó la calidad moral del panista y rechazó con insistencia cualquier nexo con Ahumada durante la campaña de Cárdenas.

Se veía venir

La administración de Cárdenas Batel comenzó con los mejores augurios. La expectativa natural que genera un cambio de gobierno, el cambio de siglas, además del plus que da el apellido, parecían pavimentarle el camino.

El primer año caminó, aparentemente, sin sobresaltos, al menos no de una magnitud relevante. Las cosas comenzaron a complicarse cuando en una revisión de la cuenta pública de 2002, la Auditoría Superior del Estado -órgano formalmente autónomo de la Cámara de Diputados- detectó irregularidades que dieron pie a que formulara "observaciones" por mil 700 millones de pesos.

La cantidad es, sin duda, descomunal si se toma en cuenta que la auditoría consignaba que la mayor parte de las observaciones estaban enfocadas a problemas en obra pública y que el presupuesto de esta área era de 2 mil millones de pesos, lo que resulta que, prácticamente, todo el monto destinado a obra fue cuestionado por el órgano auditor del Poder Legislativo.

El documento llegó sólo a unas cuantas manos: las del gobernador y las de los líderes de las bancadas de PRI y PRD. Se desconoce si el líder panista, Francisco Morelos Borja, lo conoció. De inmediato, el priísta Mario Magaña y el perredista Juan Iriarte, vislumbraron que tenían una "bomba" en las manos.

Reuniones entre el mandatario, sus operadores y los líderes de ambas fracciones, de las que no hay una versión oficial, en diciembre pasado, dieron por resultado que de los mil 700 millones de pesos se quedaron apenas 400 millones. Tratado el asunto, como evidentemente lo fue, no hubo problemas para que oficialmente, la cuenta pública de 2002 registrara sólo observaciones por esos 400 millones.

Por esos días, en entrevista también radiofónica, el presidente del Congreso por el cuatrimestre, el perredista Raúl Morón, reconoció sin empacho que efectivamente había un documento original que contemplaba los mil 700 millones observados, pero que "para cuidar la imagen negativa que podría dar el gobierno del estado, si se hubiese aprobado tal cual, se habían sólo considerado las observaciones más importantes, las que no fueran minucias, para reducirlas a los 400 millones" señaló.

Por su parte, el titular de la auditoría, autor del polémico documento, aceptó las cifras, pero descartó que por presiones políticas se haya modificado. José Manuel Vázquez Avila informó que todas las dependencias señaladas con observaciones tienen hasta el último día de mayo para desvanecer irregularidades y aclarar dudas.

Las dependencias más "observadas" fueron la SCOP y la Dirección de Espacios Educativos.

Se explicó que "las observaciones que hicimos fueron principalmente de tipo administrativo. Por ejemplo, gastos no presupuestados, falta de expedientes y algunos procedimientos no efectuados de acuerdo con sus respectivos manuales. Pero también queda claro que 100 por ciento de lo que se revisó presentó observaciones".

Puntualizó que el documento que contemplaba los oroiginales mil 700 millones de pesos, "fue un informe preliminar", pero que los diputados los disminuyeron a 400 "porque tienen la facultad de hacerlo".

El expediente original resurge pues, como se decía, la SCOP fue la dependencia más "observada". Se estima que casi la mitad del monto irregular correspondía a dicha oficina, que tuvo los dos primeros años de gobierno como titular a Alfonso Solórzano Fraga y como subsecretario a Tito Fernández.

A mediados de 2003, la contralora del estado, la panista Rosa Hilda Abascal, dijo tener suficientes elementos para inhabilitar por tres años de toda función pública al subsecretario, por autorizar pagos irregulares en la compra de terrenos a particulares, para la construcción de la carretera Playa Azul-Lázaro Cárdenas.

Hoy se sabe que en ese entonces, mediados de 2003, la contralora detectó parte de las "observaciones" que después haría la auditoría del Congreso. En lo que se supone fue una salida política al caso, el secretario Solórzano Fraga renunció a su cargo y declaró que Leonel Godoy lo había invitado a incorporarse a la dirigencia nacional, en una cartera que no supo de momento especificar. De hecho, hoy día no se sabe en qué área del CEN perredista se encuentre laborando Solórzano. Casi simultáneamente la Contraloría inhabilitaba a Tito Fernández.

Otra vez, el fuego parecía extinguirse

Medios locales de Michoacán publicaron una investigación que señala que el gobierno de Cárdenas Batel ha otorgado a Ahumada 19 contratos de obra pública por más de 440 millones de pesos.

El gobierno reaccionó hoy por la tarde. En un comunicado de prensa rechazó que la información sea cierta y manifiesta que a tres de las cuatro empresas señaladas no se les ha adjudicado obra alguna.

Por su parte, los líderes parlamentarios de PRI, PAN y PT, Mario Magaña, Francisco Morelos y Luis Patiño, respectivamente, demandaron esta tarde una investigación a fondo de las versiones sobre los vínculos del gobierno con Ahumada.

Magaña, el mismo que ocultó el resultado de la auditoría 2002, recordó que "ya desde el primer informe de gobierno de Cárdenas había advertido que empresas no michoacanas eran preferidas por la SCOP en las licitaciones de obra pública. Es lamentable que ocurran hechos como el financiamiento ilícito de campañas políticas porque denigran la actividad política. Espero que el gobernador no esté vinculado a esas acciones que mantienen el desaliento entre los constructores michoacanos".

De forma insólita, Magaña dijo que la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría estatal están obligadas a difundir los resultados de la revisión de la cuenta pública 2002. Insólito, porque él fue uno de los pocos que tuvieron en sus manos ese documento y jamás lo dio "a la luz pública".

El panista Francisco Morelos, por su parte, demandó también una investigación a fondo de todas las obras que tengan que ver con Ahumada, y que se esclarezca igualmente los nexos de cualquier funcionario de gobierno con ese empresario.

El diputado petista Luis Patiño dijo que urge conocer la responsabilidad de los ex titulares de la SCOP. Señaló que la contralora Rosa Hilda Abascal se ha convertido en juez y parte -no dijo por qué-, a la vez que se pronunció por revisar cada adjudicación de obra en los últimos dos años.