Presos, dos funcionarios de la administración capitalina, buscan a tres más

Solicita la PGJDF órdenes de aprehensión contra Carlos Ahumada y Gustavo Ponce

Döring no ratifica su denuncia contra Bejarano, sólo tiene interés político: Bátiz

SUSANA GONZALEZ G.

La situación jurídica del empresario Carlos Agustín Ahumada Kurtz y del ex secretario de Finanzas del Gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, cambió luego que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitara anoche ante el Poder Judicial local sendas órdenes de aprehensión por considerar que existen elementos suficientes para acreditar su participación en el fraude por 31 millones de pesos cometido por obras inexistentes en la delegación Gustavo A. Madero.

En una conferencia de prensa ofrecida anoche, Bernardo Bátiz, titular de la PGJDF, anunció que al concluir una parte de la averiguación previa iniciada por dicho delito, el Ministerio Público determinó ejercer acción penal contra otros cinco ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la delegación, dos de los cuales fueron arrestados poco después del anuncio. Aclaró que la investigación del caso aún no concluye ya que no se ha cerrado la posibilidad de citar a declarar más personas, sin importar el número ni su calidad, pero siempre y cuando existan elementos para llamarlas, dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que comparezca Rosario Robles.

Las otras órdenes de aprehensión solicitadas ante jueces penales fueron contra Luis Salazar Cano y María Martha Delgado Arroyo, quienes hasta enero se desempeñaron como director de Recursos Financieros y subdirectora de Programación Presupuestal de Gustavo A. Madero, respectivamente; así como Alierzo Caetano de Oliveira Contreras, director de área de la Subsecretaría de Egresos; Blanca Estela Hernández Puga, subdirectora de Egresos y Carlos Alvarez Cardozo, jefe de la unidad de Egresos de la Secretaría de Finanzas. La conferencia aún no terminaba cuando Hernández Puga y Alvarez Cardozo fueron detenidos por la policía judicial, confirmó horas después el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales.

Bátiz dijo confiar en la Procuraduría General de República (PGR) al considerar que actuará correctamente ante la petición que las autoridades locales hicieron para que la Interpol localice a Ahumada Kurtz y Ponce Meléndez, pues aseveró "no tenemos ningún elemento para pensar que hay fuga de información en la PGR ni que se actué con lenidad ni protección en este asunto, siempre se han conducido con apego a la ley".

Los otros casos

Si bien la conferencia de prensa fue convocada para informar sobre el caso del fraude en la GAM, no faltaron las preguntas sobre la investigación por extorsión contra el ex perredista René Bejarano Martínez.

El procurador criticó que el diputado federal panista Federico Döring Casar no haya respondido al citatorio que le giró el Ministerio Público al señalar que con su inasistencia demostró falta de interés para que se haga justicia y evidencia sólo su interés político, más cuando incumple un citatorio que está obligado a responder como servidor público. Döring fue emplazado nuevamente para declarar este día, lo mismo que el ex delegado en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo.

Por último, el procurador desmintió que en la averiguación sobre extorsión por los videos que exhiben a René Bejarano exista algún dato o testimonio que involucre a los priístas Elba Esther Gordillo y Roberto Campa Cifrián, como afirmaron los responsables de haber entregado las cintas al panista.

Durante la conferencia, Sales Heredia explicó que Gustavo Ponce Meléndez autorizó el pago a seis empresas vinculadas al Grupo Quart, propiedad de Carlos Ahumada Kurtz, por obras en las que no existen contratos ni licitaciones, así que "el último beneficiario" de dicho fraude fue el empresario.

Además, dijo que "existen suficientes elementos para considerar a Ponce Meléndez como probable responsable y copartícipe del fraude porque allegados a él autorizaron los pagos", pues de las declaraciones de testigos se desprende que él mismo gestionó que se acelerara el pago a las empresas involucradas en el fraude.

Desde el inicio de la investigación, dijo Bátiz, la procuraduría solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la congelación de las cuentas a nombre de las seis empresas involucradas en el fraude y mencionó que diez de los 31 millones defraudados fueron devueltos a las autoridades.

Aun así, el subprocurador dijo que por el monto del fraude y en caso de que sea aprehendido, Ahumada Kurtz no alcanza libertad bajo fianza, mientras Ponce Meléndez debe enfrentar otros agravantes por su calidad de servidor público.