Eduardo R. Huchim

Todos pierden

Nadie debiera alegrarse ante el escándalo político causado por la difusión de videograbaciones que muestran a prominentes políticos en actos de corrupción. Nadie debiera alegrarse porque tanto la corrupción como las revelaciones dañan a todos: a los gobiernos y partidos afectados directamente, sí, pero también a los gobiernos involucrados indirectamente (federal, Cancún). Es posible que el más dañado sea el sistema mexicano de partidos, no una formación política en particular, sino todos los partidos, aun cuando esta consecuencia sea particularmente injusta para aquellos que no tienen relación alguna con el escándalo.

Para un segmento social probablemente mayoritario, el tráfico de influencias, la entrega ilegal de dinero, el poco o nulo escrúpulo de muchos políticos siempre han estado ahí erosionando la economía y la moral públicas, sólo que ahora han sido videograbados y difundidos y, por tanto, el efecto masivo es de enormes proporciones. No obstante, lo más grave no es la difusión, sino la presencia de los actos de corrupción.

El escándalo puede tener todavía mayores niveles de estridencia, no sólo por la presumible existencia de otras videograbaciones, sino porque la entrega de Carlos Ahumada a René Bejarano fue en moneda extranjera. Esta circunstancia ocasionó que Joaquín López Dóriga le hiciera al primero, durante una entrevista telefónica, una importante pregunta:

-¿Cómo obtenías tanto efectivo, de tu bolsillo o de la empresa, un paquete de 45 mil dólares?

La pregunta no tuvo respuesta, pero es obvio que del silencio del donador pueden derivarse inferencias obvias sobre el origen, lícito o no, de los dólares.

Ahora bien, a la difusión de los videos entregados por el diputado Federico Döring a Brozo ha seguido un cúmulo de revelaciones adicionales y de declaraciones que, en varios casos, han sembrado confusión, en particular algunos dichos de funcionarios federales. De ahí que sea conveniente precisar los alcances y las consecuencias que, sobre todo en el ámbito electoral, tiene o puede tener el escándalo:

1) La declaración de René Bejarano sobre una supuesta aportación de 45 mil dólares a la campaña de Leticia Robles, actual jefa delegacional en Alvaro Obregón, puede revelar un rebase en el tope de gastos de campaña del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esa demarcación. El límite es 2 millones 454 mil pesos en números redondos y lo reportado por el partido asciende a 2 millones 78 mil pesos.

Como en el informe partidario no está incluida ninguna donación por el equivalente a 45 mil dólares, si lo dicho por Bejarano se ajusta estrictamente a los hechos habría que agregar esta cantidad al reporte partidario y de ese modo se rebasaría el tope, exceso que aumentaría si a esa campaña se destinaron otras aportaciones no declaradas (en el video difundido por Brozo se mencionan varios millones de pesos adicionales) .

Estos cálculos, sin embargo, no prefiguran el rebase, porque es preciso documentar los hechos, y esta tarea apenas está en su fase inicial por parte de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Trátase de un proceso prolongado debido a las características que se le fijan en el Código Electoral del Distrito Federal.

2) A diferencia de la legislación federal, la del Distrito Federal es muy severa con el rebase del tope de gastos de campaña, ya que éste puede ser causal de nulidad de una elección (en cuyo caso el partido responsable no podría participar en los comicios extraordinarios) y, además, puede ser un delito electoral que, conforme al Código Penal del Distrito Federal, se castiga con pena de uno a seis años de prisión.

3) Si bien el rebase de topes de gastos de campaña puede ser causal de nulidad de una elección, esta anulación sólo puede ocurrir antes de la toma de posesión del candidato triunfador. Una vez que éste asume su cargo, se está ante un hecho consumado. Por tanto, a estas alturas, aun cuando se acreditara algún rebase en el límite de erogaciones de campaña, no se podría anular unos comicios que ya son cosa juzgada. Lo que sí procedería sería una intervención de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en caso de que se probara el delito electoral, si así lo consideraran los diputados.

4) Cuando se presumen irregularidades en el origen y destino de los recursos de los partidos, a la autoridad electoral local del Distrito Federal corresponde investigarlas. Si las prueba le compete sancionar a los partidos políticos responsables, pero no a las personas. Si se configurara el rebase del tope de gastos de campaña, siendo este exceso un delito electoral, el caso pasaría al Ministerio Público local, que investigaría y eventualmente consignaría al o los responsables. Conforme al Código Penal para el Distrito Federal, éstos podrían ser un candidato y/o un dirigente partidario. En el ámbito penal sí pueden ser sancionadas las personas.

5) Las supuestas aportaciones de Ahumada serían ilegales a todas luces porque, por un lado, no están permitidas las aportaciones de empresas a los partidos, y por otro, si se les caracterizara como donación individual, rebasarían el límite permitido, que es de 108 mil pesos por simpatizante.

6) Como ha informado la mencionada Comisión de Fiscalización, el partido no reportó a la autoridad electoral local ninguna aportación con los montos mencionados (La Jornada, jueves 4 de marzo de 2004, p. 6), lo cual sugiere dos probabilidades: a) las supuestas aportaciones no llegaron nunca a las arcas del partido ni a sus campañas; b) el partido ocultó información al IEDF.

7) Carlos Imaz ha admitido que Ahumada le entregó aportaciones que fueron utilizadas para financiar la actividad de brigadas cazamapaches, pero que esos recursos no fueron informados a las autoridades electorales porque no se destinaron a las campañas en busca del voto. Si ese dinero se utilizó para actividades partidarias, cualesquiera que sean, el PRD debió informar sobre tales recursos al órgano electoral que correspondiera. Si no lo hizo, deberá explicar los porqués y justificar su conducta, en su momento.

De acuerdo con Imaz, otra parte del dinero fue para su precampaña -rubro en el que no hay normatividad- en busca de la candidatura al cargo que actualmente ostenta: jefe delegacional en Tlalpan.

8) Pregunta frecuente en torno al escándalo Ahumada es si el Partido de la Revolución Democrática podría perder su registro. Hasta ahora, las presuntas irregularidades más claras -si bien han sido denunciadas sólo ante autoridades federales- competen a las autoridades locales, y éstas no tienen injerencia en materia de registro. No hay un registro para el PRD-DF, sino sólo uno, federal, para el partido. Adicionalmente, durante las décadas recientes, ningún partido ha perdido su registro por causas que no sean el no haber obtenido la votación necesaria para conservarlo.

El escándalo en curso acredita, por si hiciera falta, que el financiamiento de los partidos políticos es el gran problema de las democracias modernas, incluida por supuesto la mexicana. Hasta ahora, de los tres partidos con más presencia en puestos públicos, sólo el PRD había estado a salvo de escándalos en esta materia. Ya no lo está. Actualmente, el Partido Acción Nacional (Amigos de Fox), el Partido Revolucionario Institucional (Pemexgate) y ahora el PRD han estado inmersos en grandes escándalos de financiamiento, con la diferencia de que el actual posee el énfasis de las videograbaciones.

Es evidente que el financiamiento tiene que ser vigilado con normas fiscalizadoras más estrictas. Las que están vigentes no son suficientes, como se ha patentizado con los escándalos en torno al financiamiento ilegal. De ahí que sea urgente legislar tanto en la esfera federal como en las locales. El tema da para mucho, y por ahora sólo apunto un aspecto que no puede ser ignorado: ¿querrán los partidos aprobar, mediante sus representaciones legislativas, controles más estrictos en materia de financiamiento?

Finalmente, permítame el lector un comentario con matices personales:

Combatí con firmeza a René Bejarano cuando estaba en la cima de su carrera como secretario particular del jefe de Gobierno y luego como líder del grupo parlamentario del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo combatí porque encabezó y promovió acciones de debilitamiento o desmantelamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal. También porque, por medio de Agustín Guerrero, presidente del PRD en el Distrito Federal, pretendió la destitución de los tres consejeros que integramos la Comisión de Fiscalización del Consejo General del IEDF y porque, por medio de los diputados Alejandra Barrales y Gerardo Villanueva, intentó ponerme una mordaza disfrazada de "exhorto" legislativo que hasta ahora no se ha materializado.

Sin olvidar que ha sido protagonista de un escandaloso acto de corrupción que daña a su partido y al sistema entero de partidos, entre otros damnificados, quiero decir que René Bejarano está haciendo lo correcto al no huir, sino dar la cara y afrontar las consecuencias de sus actos. Hará bien en decir pronto toda la verdad, cualesquiera que sean las consecuencias, porque el país necesita salir rápidamente de este grave escándalo, sin pendientes que luego pudieran reabrir heridas y prolongar los efectos más dañinos de este caso.