Luis Hernández Navarro

La crisis de la política

Se acabó. La clase política mexicana agotó sus últimas reservas de credibilidad. El sistema de partidos se colapsó. Las instituciones de organización y vigilancia electoral mostraron su incapacidad para cumplir adecuadamente sus responsabilidades.

México entró de lleno en la misma senda por la que han transitado Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los videoescándalos han hecho crecer la tendencia mostrada durante las elecciones federales de 2003: existe creciente y profunda desconfianza de amplios sectores de la ciudadanía, con los mecanismos de representación y mediación política institucional.

Esta mezcla de malestar, incredulidad e indignación de la población hacia los políticos tradicionales no se concentra en un partido, un funcionario o un representante en especial, sino que involucra a la mayoría. Muy pocos se escapan. La corrupción mancha a casi todos.

El financiamiento irregular de la campaña presidencial de Vicente Fox, los escándalos de su administración y su incapacidad para conducir a la nación echaron a pique el mito de la eficacia y calidad empresarial. El gabinetazo ha resultado un fiasco aun para los grandes financieros.

La pretensión de Marta Sahagún de permanecer seis años más en Los Pinos, el manejo con criterios muy poco filantrópicos de los fondos recaudados por Vamos México y la utilización de recursos estatales en actividades privadas han ofendido a la opinión pública, crispado a la clase política y dañado la investidura presidencial.

El claro conflicto de intereses del senador Diego Fernández de Cevallos al litigar en contra de la Federación y en favor de intereses privados mientras se desempeña como representante popular, así como su cuantiosa e inexplicable fortuna, esfumaron la tradición de honorabilidad panista acumulada en años de oposición leal.

El escándalo del Pemexgate, el intento de Elba Esther Gordillo de entregar el PRI a los intereses de la pareja presidencial a cambio de su encumbramiento, las mil y una trampas de Roberto Madrazo en el quehacer político cotidiano, la pervivencia de las prácticas clientelares y la corrupción de sus gobiernos, han mostrado que, a pesar de su descalabro electoral, el tricolor es incorregible e irreformable.

La imagen televisada del Niño Verde entusiasmado por la posibilidad de recibir 2 millones de dólares a cambio de gestionar la aprobación de algunas obras en Cancún y la documentación que prueba sus dispendios enterraron la ya de por sí mermada credibilidad de un proyecto partidario "ecologista" promovido por una nueva generación, formalmente distinta de los políticos tradicionales.

La multitud de testimonios que dan cuenta de cómo importantes dirigentes del PRD recibieron dinero del empresario Carlos Ahumada para financiar campañas electorales a cambio de obras y posiciones claves en la administración pública dinamitó la credibilidad del partido y su pretensión de presentarse como referencia ética en la política nacional.

La pugna de Cuauhtémoc Cárdenas con Andrés Manuel López Obrador, su falta de solidaridad con el jefe de Gobierno de la ciudad de México durante los primeros días de la tormenta de marzo, su ambigüedad ante la sucesión presidencial de 2006 le han restado autoridad para erigirse como una figura moral de la izquierda capaz de ubicarse por encima de intereses fraccionales.

La negativa del Congreso de la Unión a aprobar las reformas hacendaria y eléctrica provocó fuertes ataques del jefe del Ejecutivo en su contra. Diputados y senadores han sido presentados a la opinión pública, una y otra vez, como ineptos y corruptos, empeñados en frenar el avance del país.

La instrumentalización de la causa de las mujeres para beneficio personal que han hecho la primera dama, la cacique del magisterio y Rosario Robles, así como la evasión de toda responsabilidad personal al descalificar los señalamientos críticos sobre su comportamiento político como muestras de misoginia, han desvirtuado la lucha por la igualdad de género.

La incapacidad del Instituto Federal Electoral (IFE) para controlar el financiamiento irregular de las campañas electorales y los partidos políticos, su fracaso para ir a fondo en el caso de los Amigos de Fox, ejemplificado por la negativa de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República para ejercer acción penal contra el Presidente y sus donantes, muestran cómo el proceso electoral, bajo las actuales reglas, sigue siendo inequitativo e injusto. El papel desempeñado por el PRI en la designación de los nuevos consejeros del IFE hizo evidente los mitos de la ciudadanización del organismo electoral.

Al igual que acontece cuando después de un accidente automovilístico de relativa gravedad el chofer tarda un tiempo en calibrar la magnitud de los daños, la clase política no termina de evaluar el tamaño del golpe que ha sufrido en estas dos semanas. Obsesionada con esa moderna versión de los cuenta chiles políticos que son las encuestas, trata de medir cuánto ha subido o bajado tal o cual candidato en las intenciones de voto, sin darse cuenta del asco y desencanto político de la población.

Hace más de dos años el EZLN anunció el colapso de esta clase política. Para escándalo de algunos, no distinguió en su análisis ni partidos ni personalidades. Su diagnóstico ha demostrado ser tan certero como su actitud. Cualquier regeneración de la política en este país tendrá que provenir no de los sótanos de San Lázaro ni del Palacio de Covián o de Los Pinos, sino de los rebeldes del sureste mexicano.