Debe modificar su labor en la lucha contra el crimen y la prevención del delito, dice

Apremia ombudsman a Ebrard a que cumpla responsabilidad

GABRIELA ROMERO, RAUL LLANOS Y BERTHA TERESA RAMIREZ

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, urgió al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard ha revisar y modificar su labor en la lucha contra el crimen y prevención del delito. "La visión de seguridad máxima o a toda costa que están aplicando las autoridades, supone la renuncia a los derechos humanos como centro de la política pública de seguridad", advirtió.

Al comparecer ante el pleno de la III Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para informar sobre la labor realizada por la CDHDF, entre el 1^O de enero y 31 de diciembre de 2003, el ombudsman exhortó a los diputados a analizar "con cautela y reserva" iniciativas como la de cultura cívica, porque éstas tienden a poner en situación de "predelincuencia a personas en situación de calle y a criminalizar la pobreza".

Resaltó que el enfoque de esta propuesta, "es el de sancionar a una persona por ser como es, en lugar de castigar solamente el acto que hubiera cometido; éste es un rasgo del derecho penal de autor, propio de sistemas no democráticos".

Comentarios que le valieron al ombudsman el aplauso de los legisladores del PAN, PRI y PVEM. Inclusive, el coordinador panista José Espina recriminó a los perredistas que no reconocieran las cifras que Alvarez Icaza estaba presentado.

Al responder a los cuestionamientos de los diputados del PVEM y del PAN sobre el uso de los llamados "candados de mano" o esposas, Alvarez Icaza subrayó que para la Comisión de Derechos Humanos del DF el mal uso de estos instrumentos será calificado como un caso de tortura.

Lamentó que las autoridades traten de justificar el uso de esposas con el argumento de que en otros países lo hacen, "eso no es lo importante, sino el uso de la fuerza".

Sobre el alcoholímetro, Emilio Alvarez Icaza subrayó que este programa no es malo, el problema es la falta de criterios para determinar a que conductor de detiene.

De acuerdo al informe presentado, en el 2003 la CDHDF recibió mil 956 denuncias que señalaron a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) como responsables. Es decir, casi el 37 por ciento del total de menciones a la autoridad.

Alvarez Icaza precisó que derivadas de estas denuncias se dirigieron cuatro recomendaciones a la PGJDF, sobre todo relacionadas con violaciones a los derechos a la legalidad, protección frente a injerencias arbitrarias y al libre desarrollo; por tortura y violación del derecho a la integridad personal, y por detención ilegal y violación de los derechos humanos a la libertad y seguridad personales.

En este caso, el ombudsman recriminó a los funcionarios que han externado posiciones de rechazo y descalificación, porque esto no contribuye a fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos, por el contrario "se manda un lamentable mensaje de impunidad hacia los malos servidores públicos de la dependencia".

Más tarde al responder a las críticas del presidente de la CDHDF, el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, señaló que no comparte la opinión de Alvarez Icaza sobre la política de seguridad aplicaada por el gobierno capitalino.

Precisó que no está de acuerdo porque la comisión "no nos ha dicho cuantas quejas son ciertas". Explicó que del total de recomendaciones que ese organismo ha presentado a la SSP en relación al número de contactos que tuvo la policía el año pasado con detenidos, ya sea para remitirlos al juzgado cívico o al Ministerio Público -los cuales ascendieron a 264 mil- sólo se presentaron 220 quejas por abuso de autoridad, lo que significa apenas 0.1 por ciento.