EU ignora la autoridad de La Haya al fijar fecha de ejecución a Osvaldo Torres

El Senado exige a Fox llevar a la ONU el caso de mexicano condenado a muerte

En el tribunal de Holanda, los expedientes de 52 connacionales con pena capital

ANDREA BECERRIL

A propuesta del PRI, el pleno del Senado demandó al presidente Vicente Fox llevar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el caso del mexicano Osvaldo Torres Aguilera, a quien la Corte Suprema de Estados Unidos fijó fecha de ejecución para el próximo 18 de mayo, sin tomar en cuenta que un tribunal internacional decretó medidas provisionales en su favor, que imposibilitan llevar a cabo la sentencia de muerte.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez Carreño, dijo que incluso el expediente de Osvaldo Torres fue presentado por separado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde el gobierno mexicano interpuso un juicio contra Estados Unidos por el caso de 52 mexicanos condenados a muerte, con el argumento de que las autoridades estadunidenses que los arrestaron no les notificaron sus derechos ni les permitieron estar en contacto con sus consulados, como lo establece la Convención de Viena.

Señaló que de lograrse un fallo favorable en la Corte de La Haya, México conseguiría que los 52 connacionales condenados a muerte tengan un nuevo proceso, anulándose los juicios por los que se les condenó con la pena más drástica, que es la pérdida de la vida.

''No es casual que el 5 de febrero de 2003 el máximo tribunal internacional haya decretado acciones precautorias mediante las cuales ordenó a Estados Unidos que no llevara a cabo ninguna ejecución, incluidas las de Osvaldo Torres Aguilera y otros dos mexicanos que se encuentran en la misma situación, hasta que la Corte de la Haya rinda su fallo definitivo".

Por ello, ''la arbitraria decisión de la Corte de Apelaciones es, por decir lo menos, intencionalmente violatoria de la orden de la Corte Internacional de Justicia y se da sin tomar en cuenta que el abogado defensor del señor Torres Aguilera, así como el propio abogado general de Oklahoma, presentaron dos mociones, solicitando al citado tribunal, sin restricciones ni interpretaciones de cualquier índole, acatar lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia, además de que el gobierno de México se unió a dicha petición mediante una carta dirigida por nuestro embajador en Washington al tribunal estatal''.

Sánchez Carreño recalcó que en todos los casos de los mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos no se les informó de su derecho a ponerse en contacto con su consulado, y a consecuencia de ello no pudieron beneficiarse del apoyo de las autoridades de su país.

El senador priísta dijo asimismo que "la manera poco ortodoxa" con que las autoridades de Estados Unidos interpretan las leyes internacionales y la aplicación de las mismas a conveniencia puede minar la integridad del derecho y poner en peligro los derechos humanos fundamentales de los extranjeros en el mundo.