Preparan decreto que hará obligatorias las revisiones para canjear pagarés

PRI y PRD buscan obligar a bancos a aceptar auditorías por el Fobaproa

Afirma Ramírez Cuéllar que hay seis recursos para reducir la deuda del rescate bancario

ENRIQUE MENDEZ

Las bancadas de PRI y PRD en la Cámara de Diputados preparan un proyecto de decreto para obligar a los bancos a aceptar las auditorías y revisión de sus archivos, antes de firmar el canje de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) asumidos por el Fobaproa -que al 31 de diciembre pasado sumaban 220 mil 420 millones de pesos- por bonos IPAB.

Además, los legisladores de ambos partidos plantearon la necesidad de reducir ese monto mediante "seis fuentes de descuento" para asegurar que la nueva deuda, que por ley tendrá el aval del Congreso y por tanto deberá asignársele una partida anual para su pago, se reduzca a menos de la mitad de ese monto.

"El país no tiene por qué pagar más y por eso es imprescindible que la Cámara de Diputados no acepte el chantaje de los banqueros, que nos quieren llevar hasta el 31 de diciembre sin un compromiso de su parte, para que nos veamos obligados a convenir un nuevo monto como ellos quieren", declaró el diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de la comisión especial que investigará el rescate bancario.

El fin de semana, dijo, los grupos económicos de ambos partidos se reunieron para iniciar la construcción de un acuerdo para obligar a los bancos a admitir las auditorías, lo cual permitiría definir el nuevo monto, y sólo entonces autorizar la firma del canje de pagarés.

"Sería un grave error que el Congreso avalara una nueva deuda, sin saber lo que está comprando. Los bancos asumen una actitud de soberbia y actúan con la arbitrariedad que les concedió haber obtenido un amparo judicial. Su intención es que nosotros avalemos una deuda, sin antes realizar la depuración de los pagarés", expresó.

Ramírez Cuéllar señaló que las fuentes obligatorias de descuento son: el monto de los flujos y activos existentes en los fideicomisos en los bancos Banamex, Bancomer, Banorte, BBVA y HSBC (antes Bital), por 60 mil millones de pesos; el programa de incentivos para la cobranza, por 15 mil millones de pesos, y las pérdidas compartidas, que suman 50 mil millones de pesos.

Esos descuentos, que suman 125 mil millones de pesos, explicó el legislador, deben realizarse antes del cambio de los pagarés por bonos IPAB, para evitar un "nuevo robo" a la nación por el rescate bancario.

Además, afirmó que el rubro de pérdidas podría ser mayor, puesto que existen tres pagarés (dos de BBVA y uno de Banorte) que de manera irregular operan con cero por ciento en la participación de pérdidas. Estos son los entregados a BBVA el 2 de enero de 1996, con un vencimiento a 10 años con tasa de Cetes a 91 días, y a Banorte el 31 de diciembre de 1996, con un plazo de vencimiento a 10 años y tasa Cetes a 91 días.

Según el diputado del PRD, es posible reducir aún más el costo fiscal del rescate, mediante otras tres fuentes de descuento: las observaciones no solventadas que realizó la Auditoría Superior de la Federación, que ascienden a 25 mil 860 millones de pesos a valor histórico; los resultados de las auditorías que efectuó Michael Mackey, y por los resultados de las auditorías que deberá realizar el IPAB.

El impacto económico de los créditos que, de acuerdo al informe Mackey, no satisfacieron los criterios establecidos por el Comité Técnico para ser adquiridos por el Fobaproa a través del PCCC, así como de las transacciones de bancos con afiliados, y las operaciones revisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque se determinó que eran ilegales, asciende a 9 mil 10 millones de pesos, también a valor histórico.

Por esto, explicó, el país no tiene por qué cargar con una deuda de 220 mil millones de pesos y antes del canje, también el gobierno de Vicente Fox debería asumir una posición congruente con su discurso anti corrupción y obligar a las instituciones bancarias a cumplir con lo pactado respecto de las fuentes obligatorias de descuento.

Por el momento, dijo, el presidente Fox y su gobierno "le están dando ventajas a los bancos de manera totalmente sospechosa y con ello están por perder la oportunidad de reducir el costo fiscal del programa de capitalización".

A ello abona la actitud asumida ante diputados -la semana pasada- del secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IPAB, Mario Alberto Beauregard, quien les planteó la disposición de firmar el canje de los pagarés con los bancos, con el monto actual de 220 mil millones de pesos, en una operación en la que se les "obligará" a aceptar que, "en caso de encontrar irregularidades" en las auditorías, se les haga el ajuste correspondiente.

En los grupos del PRI y PRD hay serias dudas sobre la viabilidad de esa postura. Por eso, dijo Ramírez Cuéllar, la condición que exigimos se cumpla, porque de lo contrario el gobierno asumiría una actitud de desvergüenza y complicidad con los banqueros, es que antes del canje se haga el descuento.