El proceso es resultado de un convenio de México con Naciones Unidas

Acepta la PGR videoconferencias desde el extranjero con testigos protegidos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

En un hecho sin precedentes en la historia judicial de México, la Procuraduría General de la República (PGR) puso a disposición de jueces de distrito, magistrados de circuito y abogados litigantes su sistema de videoconferencias electrónicas para que testigos protegidos que se encuentren en otros países puedan declarar desde el extranjero.

Lo anterior será a solicitud de la defensa de cualquier persona que esté sujeta a proceso penal y que permanezca a la espera de sentencia judicial en los más de 500 juzgados y tribunales federales que hay en el país.

La dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha informó ayer que el Ministerio Público Federal pretende agilizar los procesos penales federales, ya que ahora los testigos en algún caso podrán rendir testimonio mediante un sistema de videoconferencias y no tendrá que trasladarse a nuestro país, lo que antes implicaba gastos y restaba instrumentos de defensa para los procesados.

De esta forma, la infraestructura y tecnología con que cuenta la PGR permitirá presentar ante las autoridades judiciales mexicanas las declaraciones de testigos que no puedan comparecer de forma personal en México.

En un comunicado, la PGR indicó que la idea del uso de las videoconferencias en los procesos penales, que desde ayer está a disposición del Poder Judicial Federal, surgió "debido a la situación en que se encuentran diversas personas presuntamente responsables de delitos (en la categoría) de la delincuencia organizada, quienes, en ejercicio de su derecho de defensa, desean interrogar a testigos residentes en otros países y que por el momento no pueden presentarse a declarar antes los jueces federales".

La PGR agregó que será el penal de máxima seguridad de La Palma, ubicado en el estado de México, donde comenzará a aplicarse el instrumento internacional. Según datos estadísticos recientes, en éste se encuentra el mayor número de personas procesadas como probables responsables de la comisión de delitos violatorios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En tanto, fuentes judiciales indicaron a este diario que el penalista Américo Delgado es uno de los abogados que ya solicitaron por escrito el uso de dicho sistema para que un "testigo protegido" que radica en Los Angeles, California, declare "en favor" del narcotraficante Francisco Rafael Arellano Félix, a quien defiende desde hace más de un año.

Aunque Arellano Félix ya purgó una sentencia de 10 años y tres meses de cárcel por los delitos de cohecho y portación de arma de fuego -ambos cometidos en México- hace tres semanas, cinco días antes de que recuperara su libertad, las autoridades judiciales de Estados Unidos solicitaron su extradición por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de 205 gramos de cocaína y conspiración para distribuir la droga, previstos por las leyes de ese país.

La PGR precisó en su comunicado que el procedimiento de videoconferencias para realizar audiencias penales se basa en el auxilio de los cónsules de México en el extranjero, quienes son figuras imparciales que certifican la legalidad de las diligencias y garantizan los derechos en el proceso.

De igual manera los cónsules identifican de forma plena a los testigos en auxilio del juzgador, quien a través de un monitor puede obtener la información de los testigos, y de igual manera se pueden obtener interrogatorios vía satélite.

La utilización de este sistema para obtener declaraciones de testigos es resultado de la firma del Convenio de Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada Transnacional, signado el 13 de diciembre de 2000.

Al firmar y ratificar esta convención, México se comprometió además a establecer normas probatorias que no pongan en peligro la declaración y seguridad de los testigos.

En este contexto, cabe mencionar que la semana pasada el juzgado sexto de distrito en materia penal, con sede en Toluca, estado de México, requirió a la Representación Social de la Federación especificar en detalle los elementos que contendrán las citadas audiencias vía satélite y por video.