El banco reparte entre trasnacionales el control de los recursos naturales, afirma

Nefastos, los proyectos de energía que respalda el BID, afirma Oilwatch

Lo acusa de promover la desregulación y privatización del sector energético

AFP

Lima, 28 de marzo. La red internacional ambientalista Oilwatch repudió los planes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de financiar proyectos energéticos en la región, en un comunicado difundido en el contexto de la reunión anual del banco, que se desarrollará en Lima del 29 al 31 de marzo.

Oilwatch ratificó también su respaldo a las comunidades nativas peruanas que rechazan al proyecto gasífero de Camisea, así como a las organizaciones que las apoyan. La red anunció, sin entrar en detalles, que enfrentará ''los nefastos proyectos energéticos fomentados y presionados por el BID en todo el continente, trinchera por trinchera'' y calificó de ''gobernadores de la colonización'' a los representantes y ministros de Economía y Finanzas de los 46 países miembros de la entidad financiera multilateral.

Denunció que ''el BID convirtió a América Latina en fuente de recursos naturales y de mano de obra barata, en el basurero de desechos y en el sitio de experimentación tecnológica y militar de Estados Unidos.

''Nuestra región está siendo repartida entre empresas trasnacionales para lograr el control del agua, biodiversidad y recursos naturales, como el gas y el petróleo'', detalló. Precisó que los proyectos ''causan irreparables daños al medio ambiente'', y advirtió que el BID es responsable de promover la desregulación y privatización del sector energético'', entre otras acciones.

Oilwatch agrupa a 120 organizaciones ecologistas, de derechos humanos y de comunidades locales, que apoyan la resistencia a las actividades de explotación de gas y petróleo en los trópicos.

Mientras, el BID anunció que no firmará un préstamo por 75 millones de dólares con Perú, hasta que se completen detalles de las obras de impacto ambiental del gasoducto de Camisea, cuando restan cinco meses para que entre en operación.

Robert Montgomery, jefe de la unidad ambiental y social del organismo, no precisó los detalles faltantes pese a la insistencia de periodistas durante una rueda de prensa en Lima, en el marco de la asamblea anual de la entidad financiera.

El funcionario informó que las obras están listas en más de 90 por ciento y destacó que se hicieron avances importantes en las medidas dispuestas para mitigar el daño ambiental y social del proyecto.

''Se ha hecho un avance enorme, sólo faltan detalles que no consideramos grandes y el gobierno asegura que terminará las obras (en agosto)'', dijo Montgomery.

Según ONG ambientalistas, el BID planteó 26 objeciones a la empresa Transportadora de Gas del Perú y al gobierno para demorar la entrega de los 75 millones. El banco acordó financiar con 135 millones de dólares la etapa de transporte de gas del proyecto de Camisea, uno de los mayores de Perú y América Latina, que demandó una inversión de mil 600 millones de dólares.

El gasoducto parte de la región suroriental de Camisea, en los Andes, y desemboca en la costa sur peruana en el puerto de Pisco, sobre el océano Pacífico.

Un informe del BID, entregado este domingo, sobre la marcha del proyecto Camisea subraya que la entidad ''confía en que el proceso de cumplimiento de las condiciones (para otorgar el préstamo), concluirá en el futuro cercano, permitiendo así el cierre financiero del préstamo''.

''El BID mantiene su compromiso de asegurar que el proyecto Camisea sea una infraestructura verdaderamente sostenible para el pueblo del Perú'', anota.

''Algunas medidas técnicas para mitigar el impacto ambiental requerirán continuación o implementación a futuro'', advierte el BID.

Estas medidas para atender los aspectos ambientales del proyecto forman parte de ese esfuerzo: la creación de un fondo de desarrollo, utilizando las regalías del proyecto y un programa de compensación para los afectados.

También se dispuso la creación de protecciones legales ampliadas y protocolos relacionados con las comunidades indígenas que viven aisladas; sistemas de monitoreo, programas de revegetación y una comisión para evaluar la sostenibilidad ambiental de la bahía de Paracas, punto final del gasoducto.