Vigente, la estrategia de guerra contra las comunidades autónomas: observadores

Por lo menos 125 familias zapatistas, desplazadas por el ataque perredista

Activistas visitan las comunidades afectadas; atestiguan los daños causados por la agresión

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 12 de abril. Además de los daños materiales, de los que aún no hay cálculo preciso, en este momento existen 125 familias zapatistas desplazadas en Zinacantán, "lo cual representa una emergencia humanitaria y la evidencia de que la estrategia de guerra en contra de las comunidades indígenas que luchan por el reconocimiento de su autonomía sigue vigente", declaró hoy la delegación de observación de derechos humanos que acudió ayer por la tarde a Jech'vó, Elambó Alto y Elambó Bajo.

En conferencia de prensa, Blanca Martínez Bustos, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desmintió que el problema esté resuelto. En los diarios locales de hoy, el secretario de Gobierno local, Rubén Velázquez, aseguraba que en Zinacantán reina "su normalidad habitual", lo cual da qué pensar, pues no dejan de entrar y salir en dirección a Pasté y Jech'vó numerosos contingentes policiacos, y no se sabe que se haya decomisado una sola arma de fuego. Alrededor de 500 personas fueron expulsadas violentamente de sus hogares de la noche a la mañana. De muchas aún se desconoce el paradero. No obstante, el secretario de Gobierno habló hoy, eufemísticamente, de "autodesplazados".

El abogado Miguel Angel de los Santos subrayó a su vez que "el presidente municipal, Martín Sánchez, pudo prevenir los eventos", que fueron "una agresión, no una 'gresca entre indígenas', como asegura la versión oficial". Agregó que "ya no había pretexto" para ese ataque, pues las bases del EZLN habían aceptado desde el 15 de marzo que participarían en las cooperaciones voluntarias de sus comunidades". Para De los Santos "es clara la intención gubernamental de impedir y obstaculizar el derecho a la autonomía".

La delegación, que en un principio había sido notificada por las autoridades de que la acompañaría el comisionado gubernamental Luis H. Alvarez (y a la postre no fue así), estuvo compuesta por miembros de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, CIEPAC, Enlace Civil, Estación Libre, Comité Civil de Diálogo Pejel Balumil, Promedios, Sipaz y K'inal Antzetik, así como acompañantes de la sociedad civil nacional e internacional.

El informe reporta que "a la altura de Nachig pudimos ver cuatro camiones de Seguridad Pública. Cuando llegamos a Pasté encontramos en el parque alrededor de 500 personas y dos camiones de la Policía Sectorial (estatal). Allí nos interceptó el agente municipal, quien nos interrogó y nos informó que esperaba al delegado de gobierno, 'para que vea que todo está tranquilo'. A partir de este punto el agente municipal siguió a la caravana en una camioneta blanca. En varios puntos del camino pudimos ver piedras, palos y vidrios rotos".

A las 15 horas llegaron a Jech'vó, donde había unas 200 personas reunidas en la cancha de basquetbol y dos camiones de la Policía Sectorial. "Nos dirigimos al domicilio de Mateo Ruiz Hernández, donde se veían botellas de refrescos rotas y una serie de estragos en la tienda. El depósito de agua, abastecido el día anterior, se encontraba roto, y 22 ánforas tiradas y vacías. La casa se encontraba totalmente destruida: puerta, techo, ventana, agujeradas por piedras, ropa y cobijas tiradas."

Después, los observadores civiles visitaron una segunda construcción, bodega al parecer, "en la cual encontramos las tejas, las dos puertas y el techo rotos por piedras. En el interior, un depósito de agua, recién abastecido, estaba destruido; además, costales rotos que contuvieron agua, y herramientas en el piso. Encontramos otras cinco casas en las mismas condiciones, pero no pudimos visitarlas".

Posteriormente acudieron a la vivienda de una mujer, encerrada con sus cinco hijos desde el 10 de abril "por temor a ser agredida por los militantes del PRD". Afuera de la casa se encontraba, roto, un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 2 mil 500 litros. La mujer, "muy asustada", decidió salir con la delegación. En la comunidad de Jech'vó se calculan 60 familias desplazadas.

Poco antes de Elambó Alto, "vimos un camino bloqueado. Visitamos la clínica autónoma y demás instalaciones (cocina, dormitorio, tienda); todas, abandonadas. La luz encendida, ropa en el piso, los animales sueltos y las cantimploras derramadas indicaban que las instalaciones fueron abandonadas con prisa". En dicha comunidad se cuentan 25 familias desplazadas.

En Elambó Bajo, la delegación civil visitó algunas casas donde también encontró señales de que los habitantes salieron intempestivamente. Allí se contabilizan 40 familias desplazadas.

"Esta delegación expresa su preocupación por lo que consideramos el desenlace de un conflicto del cual las autoridades municipales y estatales ya estaban informadas, que trasciende el problema del suministro de agua y que se ha convertido en una campaña de intimidación y hostigamiento hacia estas familias por el hecho de ser bases de apoyo zapatistas, al punto de que han tenido que salir desplazadas por las agresiones del 10 y 11 de abril."

Las organizaciones exigen "que se garantice la seguridad para el retorno inmediato de las familias bases de apoyo zapatistas a sus comunidades y la reparación de los daños a su propiedad, integridad física y sicológica; castigo a los responsables de las agresiones a las bases de apoyo zapatistas, así como de los hostigamientos contra las familias de Jech'vó, Elambó Alto y Elambó Bajo".

También, "que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos, así como a la propiedad de las familias; que se les restituya el derecho al agua potable y se garantice su derecho a la libre asociación".