Vigente, la estrategia de guerra contra las comunidades autónomas: observadores

Por lo menos 125 familias zapatistas, desplazadas por el ataque perredista

Activistas visitan las comunidades afectadas; atestiguan los daños causados por la agresión

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 12 de abril. Además de los daños materiales, de los que aún no hay cálculo preciso, en este momento existen 125 familias zapatistas desplazadas en Zinacantán, "lo cual representa una emergencia humanitaria y la evidencia de que la estrategia de guerra en contra de las comunidades indígenas que luchan por el reconocimiento de su autonomía sigue vigente", declaró hoy la delegación de observación de derechos humanos que acudió ayer por la tarde a Jech'vó, Elambó Alto y Elambó Bajo.

En conferencia de prensa, Blanca Martínez Bustos, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desmintió que el problema esté resuelto. En los diarios locales de hoy, el secretario de Gobierno local, Rubén Velázquez, aseguraba que en Zinacantán reina "su normalidad habitual", lo cual da qué pensar, pues no dejan de entrar y salir en dirección a Pasté y Jech'vó numerosos contingentes policiacos, y no se sabe que se haya decomisado una sola arma de fuego. Alrededor de 500 personas fueron expulsadas violentamente de sus hogares de la noche a la mañana. De muchas aún se desconoce el paradero. No obstante, el secretario de Gobierno habló hoy, eufemísticamente, de "autodesplazados".

El abogado Miguel Angel de los Santos subrayó a su vez que "el presidente municipal, Martín Sánchez, pudo prevenir los eventos", que fueron "una agresión, no una 'gresca entre indígenas', como asegura la versión oficial". Agregó que "ya no había pretexto" para ese ataque, pues las bases del EZLN habían aceptado desde el 15 de marzo que participarían en las cooperaciones voluntarias de sus comunidades". Para De los Santos "es clara la intención gubernamental de impedir y obstaculizar el derecho a la autonomía".

La delegación, que en un principio había sido notificada por las autoridades de que la acompañaría el comisionado gubernamental Luis H. Alvarez (y a la postre no fue así), estuvo compuesta por miembros de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, CIEPAC, Enlace Civil, Estación Libre, Comité Civil de Diálogo Pejel Balumil, Promedios, Sipaz y K'inal Antzetik, así como acompañantes de la sociedad civil nacional e internacional.

El informe reporta que "a la altura de Nachig pudimos ver cuatro camiones de Seguridad Pública. Cuando llegamos a Pasté encontramos en el parque alrededor de 500 personas y dos camiones de la Policía Sectorial (estatal). Allí nos interceptó el agente municipal, quien nos interrogó y nos informó que esperaba al delegado de gobierno, 'para que vea que todo está tranquilo'. A partir de este punto el agente municipal siguió a la caravana en una camioneta blanca. En varios puntos del camino pudimos ver piedras, palos y vidrios rotos".

A las 15 horas llegaron a Jech'vó, donde había unas 200 personas reunidas en la cancha de basquetbol y dos camiones de la Policía Sectorial. "Nos dirigimos al domicilio de Mateo Ruiz Hernández, donde se veían botellas de refrescos rotas y una serie de estragos en la tienda. El depósito de agua, abastecido el día anterior, se encontraba roto, y 22 ánforas tiradas y vacías. La casa se encontraba totalmente destruida: puerta, techo, ventana, agujeradas por piedras, ropa y cobijas tiradas."

Después, los observadores civiles visitaron una segunda construcción, bodega al parecer, "en la cual encontramos las tejas, las dos puertas y el techo rotos por piedras. En el interior, un depósito de agua, recién abastecido, estaba destruido; además, costales rotos que contuvieron agua, y herramientas en el piso. Encontramos otras cinco casas en las mismas condiciones, pero no pudimos visitarlas".

Posteriormente acudieron a la vivienda de una mujer, encerrada con sus cinco hijos desde el 10 de abril "por temor a ser agredida por los militantes del PRD". Afuera de la casa se encontraba, roto, un tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 2 mil 500 litros. La mujer, "muy asustada", decidió salir con la delegación. En la comunidad de Jech'vó se calculan 60 familias desplazadas.

Poco antes de Elambó Alto, "vimos un camino bloqueado. Visitamos la clínica autónoma y demás instalaciones (cocina, dormitorio, tienda); todas, abandonadas. La luz encendida, ropa en el piso, los animales sueltos y las cantimploras derramadas indicaban que las instalaciones fueron abandonadas con prisa". En dicha comunidad se cuentan 25 familias desplazadas.

En Elambó Bajo, la delegación civil visitó algunas casas donde también encontró señales de que los habitantes salieron intempestivamente. Allí se contabilizan 40 familias desplazadas.

"Esta delegación expresa su preocupación por lo que consideramos el desenlace de un conflicto del cual las autoridades municipales y estatales ya estaban informadas, que trasciende el problema del suministro de agua y que se ha convertido en una campaña de intimidación y hostigamiento hacia estas familias por el hecho de ser bases de apoyo zapatistas, al punto de que han tenido que salir desplazadas por las agresiones del 10 y 11 de abril."

Las organizaciones exigen "que se garantice la seguridad para el retorno inmediato de las familias bases de apoyo zapatistas a sus comunidades y la reparación de los daños a su propiedad, integridad física y sicológica; castigo a los responsables de las agresiones a las bases de apoyo zapatistas, así como de los hostigamientos contra las familias de Jech'vó, Elambó Alto y Elambó Bajo".

También, "que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos, así como a la propiedad de las familias; que se les restituya el derecho al agua potable y se garantice su derecho a la libre asociación".

El gobierno da seguimiento al conflicto intercomunitario: Creel

Reacio a profundizar en torno al ataque contra simpatizantes zapatistas en el municipio de Zinacantán, Chiapas, que dejó por lo menos 29 heridos, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, se limitó a señalar que mantienen estrecho contacto con el gobierno del estado para dar seguimiento al conflicto.

Al mismo tiempo, reivindicó la política foxista seguida en los "conflictos intercomunitarios" -como los definió-, destacando que en el actual sexenio se ha buscado resolver "cualquier disputa intercomunitaria por las vías pacíficas e institucionales". Apuntó que cuando se conozca con mayor detalle en torno al enfrentamiento registrado el fin de semana, la Secretaría de Gobernación fijará una postura más precisa respecto de la situación que prevalece en ese municipio chiapaneco.

ALONSO URRUTIA

"Le urge" al gobierno federal resolver los conflictos armados en Chiapas: Rutilio Escandón

El miércoles reactivarán la Cocopa

Restablecerán en Zinacantán el servicio de agua potable a simpatizantes del EZLN

LUIS A. BOFFIL, ELIO HENRIQUEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

El senador Rutilio Escandón Cadenas anunció que se reactivará la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) para restablecer el orden en Chiapas, donde el sábado se enfrentaron en el municipio de Zinacantán militantes perredistas y campesinos simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Entrevistado en Mérida, el también integrante de la Cocopa adelantó que el organismo se reunirá este miércoles en la ciudad de México para tratar el caso de la violencia en Chiapas.

Añadió que posteriormente, los integrantes de la Cocopa se entrevistarán con el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y con los grupos involucrados en los hechos del sábado pasado.

De acuerdo con Escandón Cadenas, al gobierno federal "le urge" resolver los conflictos armados en Chiapas. "El enfrentamiento de la semana pasada, del que salieron lesionados varios campesinos, es una advertencia más para la Federación", comentó. El perredista solicitó al presidente Vicente Fox asumir un papel conciliador.

Las autoridades municipales perredistas de Zinacantán se comprometieron ante el secretario de Gobierno de Chiapas, Rubén Velázquez, a reanudar el servicio de agua potable a los indígenas bases de apoyo del EZLN en las comunidades Jech'vó, Elambó Alto y Bajo, para tratar de poner fin al conflicto entre militantes del PRD y zapatistas.

En una junta de trabajo con Velázquez celebrada en San Cristóbal de las Casas, el juez municipal de Zinacantán, Mariano López Pérez, informó que los miembros del ayuntamiento que preside Martín Sánchez Hernández se han reunido con autoridades de los citados poblados, en busca de que acepten que se reinstale esta misma semana el servicio de agua potable a las comunidades zapatista.

Desde finales de diciembre pasado las autoridades perredistas de las mencionadas comunidades suspendieron el servicio de agua potable a indígenas bases de apoyo del EZLN, con el argumento de que se negaban a participar en trabajos comunitarios y a cooperar económicamente para obras de beneficio colectivo.

Esta decisión provocó conflictos entre ambos grupos, y es una de las causas detrás de los hechos violentos ocurridos el sábado pasado en Pasté.

Según López Pérez, la situación en Pasté y otros parajes en los que el sábado hubo tensión "está tranquila", a lo que ha contribuido la presencia de cientos de policías que patrullan la región. Agregó que este lunes incluso hubo sobrevuelos con helicópteros para inhibir cualquier intención de ataque contra zapatistas.

El juez municipal negó que haya desplazados, como afirmaron miembros de organismos no gubernamentales. "Los zapatistas no están desplazados, salieron de sus casas pero están en su clínica donde están practicando", sostuvo.

Fuentes de la Procuraduría de Justicia de Chiapas informaron que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en los hechos del sábado anterior, aunque hasta el momento no hay ningún detenido.

Dijeron que todos los heridos que recibieron atención médica en el hospital regional y en un sanatorio privado de San Cristóbal de las Casas declararon ante el Ministerio Público, pero no hicieron acusaciones directas para identificar a sus agresores.

La Subprocuraduría de Justicia Indígena inició la averiguación previa correspondiente, pero luego fue turnada a la Subprocuraduría de Justicia de los Altos de Chiapas, ambas con sede en San Cristóbal. Simultáneamente, continuaron las reuniones de trabajo de la mesa interinstitucional en la que participan funcionarios de diversas dependencias estatales y las autoridades de Zinacantán.

El secretario de Seguridad Pública de Chiapas, Horacio Schroeder Bejarano, llamó a la actividad policiaca en Pasté, Jech'vó, Nachig, Lombó Alto, Lombó Bajo y San Isidro, "medidas cautelares en favor de la población". Además, reiteró la postura oficial en torno a que "en Chiapas se respira paz y tranquilidad".

Autodesplazados regresan a sus casas

Por otra parte, en San Cristóbal de las Casas se informó que habitantes de Zinacantán retornaron a sus casas, luego de la mediación del gobierno de Chiapas con las autoridades ejidales y se acordaron medidas de seguridad para garantizar la integridad de dichos pobladores.

En un comunicado del gobierno estatal se señala que a raíz de los lamentables hechos del pasado sábado 93 familias simpatizantes del EZLN se "autodesplazaron" por miedo a lo que pudiera pasar; sin embargo, desde las primeras horas del domingo iniciaron el retorno a sus casas sin problema alguno.

Cabe señalar, añade el comunicado, que como resultado de los hechos ocurridos se registraron daños en la comunidad de Jech'vó, donde hubo cuatro casas dañadas y una tienda abandonada, que se encuentra custodiada por la policía de Seguridad Pública. Para este lunes, 20 familias de la comunidad de Yalentay fueron las primeras en retornar a sus casas ya que se percataron de las medidas de seguridad.

La Comisión de Atención y Seguimiento, integrada por las secretarías de Gobierno, Pueblos Indios, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Oficina del Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto, han estado pendientes del caso desde el inicio y por el momento existe seguridad en la zona, según el gobierno de Chiapas.

Elementos de seguridad pública realizan recorridos y la secretaría de Gobierno vigila el retorno a la normalidad, además de que las autoridades dan "puntual atención" al conflicto para lograr una solución a los diferendos, dice el comunicado.