Recrimina ausencia del jefe de Gobierno en informe

Pide ombudsman una política estatal de derechos humanos

Solicitará a la ALDF cite a Bátiz Persisten violaciones

SUSANA GONZALEZ G.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) estrenará una de las nuevas atribuciones legales aprobadas hace más de un año: solicitará a la Asamblea Legislativa llamar a comparecer al procurador Bernardo Bátiz para que informe "sobre la aceptación parcial de la recomendación 11/03, con lo cual desconoció una facultad de la comisión expresamente contenida en la ley".

Expedida en diciembre del año pasado, la recomendación se refiere a la detención arbitraria de tres personas por policías preventivos y bancarios, quienes al ser puestos a disposición de la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo permanecieron incomunicados cuatro días sin que se les proporcionara agua ni se les permitiera ir al baño.

El anuncio lo hizo ayer el presidente del organismo, Emilio Alvarez Icaza, al rendir su tercer informe anual de labores en el Museo de la Ciudad de México, al tiempo que se manifestó por "una política de Estado en derechos humanos" que involucre a todos los órganos de gobierno y a la sociedad, para lo cual lanzó una invitación a ambos a fin de elaborar un programa conjunto.

Ante representantes del gobierno capitalino, diputados locales, jefes delegacionales y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Guadalupe Carrera Domínguez, el ombudsman advirtió: "señores, es mi obligación decirles que las violaciones a los derechos humanos no han desaparecido; en algunos casos han disminuido, pero con respeto y claridad les digo que en otros las violaciones han aumentado".

Puntualizó que 2003 fue el año con mayor número de personas atendidas en la historia de la comisión: más de 33 mil peticionarios, con 6 mil 300 quejas en total, encabezadas por la procuraduría con casi la tercera parte del total. Lamentó además que la tercera parte de las 11 recomendaciones emitidas el año pasado estén pendientes de cumplimiento, mientras el tiempo promedio de las que fueron atendidas fue de un año ocho meses.

Para la creación del programa integral de derechos humanos, propuso partir de aplicar los principios básicos a la práctica cotidiana de las instituciones de gobierno en todas sus áreas; promover modificaciones legislativas para ajustar el orden jurídico local a compromisos y tratados internacionales, así como asumir la rendición de cuentas como práctica sistemática del servicio público.

El ausente

Por segundo año consecutivo, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no acudió al informe del ombudsman y en su lugar envió al secretario de Gobierno, Alejandro Encinas. Pero Alvarez Icaza no omitió el reclamo contra el mandatario: "Hoy nuevamente lo volvimos a extrañar. Van dos informes a los que no asiste".

Recordó que hace dos años López Obrador se comprometió a respaldar a la CDHDF, obligado por la ley, pero también por convicción, según declaró entonces, además de aceptar todas las recomendaciones: "La palabra está empeñada y esperamos que se actúe en concordancia con la voluntad expresada", dijo.

Encinas Rodríguez respondió que el gobierno comparte la idea de elaborar un programa de derechos humanos y refrendó el compromiso de las autoridades para atender las quejas y recomendaciones de la comisión, pero dijo que aun cuando se sanciona a funcionarios, persisten "vicios e inercias".

Adelantó que la próxima semana se reunirá con Alvarez Icaza para comenzar a trabajar en dicho programa y dijo que si bien ha predominado un ambiente de mutuo respeto para tratar de llegar a acuerdos razonados en lo que respecta a las quejas y recomendaciones, cuando se ha tenido un punto de vista diferente así se ha expresado, lo cual no significa que se pretenda poner en duda su legitimidad.