Reunión con legisladores

Piden autoridades aprobar reformas penales este mes

GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Gobierno del DF, Martí Batres, solicitaron a los diputados locales del PRD aprobar antes del 30 de abril el paquete de reformas legislativas para fortalecer la seguridad pública y la procuración de justicia que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) turnó a la Asamblea Legislativa (ALDF), para que se puedan cumplir las metas programadas en el combate a la delincuencia.

En reunión privada, realizada en uno de los salones del edificio del GDF, el titular de la SSP expuso a los diputados perredistas las razones por las que se propone modificar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y los códigos Penal y el respectivo de procedimientos.

De acuerdo con diputados presentes en la reunión, el gobierno capitalino reiteró que esas reformas son vitales para alcanzar los objetivos marcados en política criminal. Al término del encuentro, los legisladores locales indicaron que la próxima semana se discutirán y, en su caso, se aprobarán en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia los dictámenes del paquete de reformas que envió el GDF. La idea es presentar los dictámenes ante el pleno a más tardar la última semana de abril.

De acuerdo con la Subsecretaría de Gobierno las reformas están orientadas a dar al Ministerio Público y a los jueces mayores elementos para perseguir y sancionar delitos, y precisar y clarificar algunos tipos delictivos para evitar impunidad y garantizar a las víctimas la reparación del daño. Entre otras reformas, se propone aumentar la penalidad para el fraude masivo, es decir, el que se comete en contra de dos o más personas, como en el caso de PubliXIII, y se cambia el concepto de ejercicio indebido del servicio público por el de uso ilegal del servicio público.

Respecto del Código de Procedimientos Penales, se propone que los jueces estén obligados a otorgar órdenes de aprehensión considerando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, "aun cuando ello implique la reclasificación del delito". Es decir, ya no podrá esgrimirse que no se otorga la orden por no estar correctamente clasificado el ilícito; ahora el juez tendría que reclasificarlo.

Igualmente se replantea el concepto de orden de comparencia, a fin de que ésta opere como una notificación y el juez pueda hacerla cumplir con las medidas de apremio existentes, y se clasifican las reglas para celebrar la audiencia en los juicios sumarios; éstos no podrán diferirse más de una ocasión, y en la audiencia se desahogarán todas las pruebas.