Rehúsa el Presidente entrar a "juegos políticos" y le sugiere presentar una denuncia

Conspiraron SHCP y PGR, acusa López Obrador; Fox le niega cita

El Tesoro de EU, involucrado en caso Ponce

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, involucró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República (PGR) en la conspiración federal en su contra, al revelar que ambas dependencias investigaban desde antes del videoescándalo a Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas capitalino; exhibió documentos para demostrar el apoyo de una agencia del Departamento del Tesoro estadunidense en la pesquisa, y especuló que la vida de su ex colaborador corre peligro.

El gobernante capitalino solicitó audiencia al presidente Vicente Fox para entregarle las pruebas, pero el jefe del Ejecutivo desechó la petición, consideró "infundadas y graves" las acusaciones y le sugirió presentar la denuncia correspondiente.

López Obrador aseguró que la grabación del ex funcionario "no tenía realmente el propósito de combatir un presunto acto de corrupción, sino el de afectar políticamente al GDF y, en particular, al jefe de Gobierno".

Entre los documentos figura un reporte de la Red de Combate de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen), que confirma la hipótesis de que el gobierno federal contó con el apoyo de una agencia de aquel país.

Al leer un mensaje de nueve puntos en su conferencia de prensa, que ayer se aplazó para después de la reunión del gabinete de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, López Obrador adelantó que solicitaría una audiencia con el presidente Vicente Fox, "porque probablemente no haya sido informado" y, al mismo tiempo, le pediría su intervención "en este delicado asunto".

La información se desprende de resultados de la pesquisa de Hacienda contra Ponce y su esposa, Esperanza González, que forma parte de la denuncia que la dependencia presentó ante la PGR el pasado 4 de marzo.

El jefe del GDF advirtió que las autoridades federales violaron el convenio de cooperación mediante el cual se solicitó información al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al difundir el pasado primero de marzo las videocintas de Ponce junto con un informe sobre sus visitas y gastos en el hotel Bellagio.

Los documentos, explicó el gobernante, fueron proporcionados por la PGR a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y el titular de ésta, Bernardo Bátiz Vázquez, se los entregó. López Obrador decidió darlos a conocer porque como titular del Ejecutivo local tiene la obligación de mantener informados a los habitantes de la ciudad, pero, sobre todo, por temor sobre la seguridad de Ponce Meléndez.

"Como el fondo de este asunto fue dañar políticamente al jefe de Gobierno, y no estoy exagerando, son capaces de cometer cualquier estupidez; si estoy dando a conocer esto es porque independientemente del escándalo, aquí lo que está de por medio es el riesgo de la vida de una persona y eso me obliga a dar a conocer estos hechos", señaló. El gobernante especuló desde anteayer que Ponce está ubicado por "los espías del Centro de Investigación y Seguridad Nacional".

Ayer, de manera inusitada, López Obrador se fue directamente a su oficina al llegar al edificio de Gobierno en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y se encerró con el procurador Bátiz. A las 6:40, el director de Comunicación Social, César Yáñez, informó que el mandatario capitalino daría su conferencia de prensa a las 8 de la mañana, después de la reunión de gabinete, y que daría información muy importante.

A la hora prevista, López Obrador se trasladó a la sala de prensa Francisco Zarco donde enseguida dio inicio a la lectura de su mensaje, dirigido a los habitantes del Distrito Federal y a la opinión pública: "En el caso de Gustavo Ponce hubo cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México, en el marco del Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información Respecto de Transacciones Financieras para Combatir Actividades Ilícitas".

En el segundo punto reveló que el 18 de febrero, un día antes del último viaje de Ponce a Las Vegas -los videos se realizaron los días 20, 21 y 22-, la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de Hacienda solicitó al Fincen información financiera respecto a Gustavo Ponce y su esposa, Esperanza González.

"El día 25 de febrero de 2004 se recibió respuesta de la Fincen del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de la que se desprenden los hechos que se dieron a conocer en México por la televisión, el día primero de marzo", explicó en otro punto. El mismo 18 de febrero, siguió López Obrador, Hacienda solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información financiera de ambos sospechosos (incluye al empresario Carlos Ahumada), que la dependencia envió los días 23, 25 y 27 de febrero.

Con esto, concluyó el jefe de Gobierno, se prueba que Hacienda y PGR "sabían de las actividades presuntamente ilícitas de Gustavo Ponce desde antes de la difusión del video y no actuaron, lo dejaron escapar o lo tienen en su poder, y en cambio actuaron de acuerdo con una motivación política de carácter faccioso", violando además el citado acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos al difundir públicamente información que las autoridades mexicanas obtuvieron vía dicho convenio binacional.

"Se reafirma -apuntó en el séptimo punto de su mensaje- lo que dijimos desde el principio del escándalo: la información y la videograbación de Ponce en Las Vegas no tenía realmente el propósito de combatir un presunto acto de corrupción, sino el de afectar políticamente al gobierno de la ciudad y, en particular, al jefe del GDF."

Insistió en que la denuncia que presentó Hacienda el 4 de marzo contra Ponce y Ahumada fue un parapeto "para tratar de justificar la utilización del Estado en una acción a todas luces facciosa", y finalmente anunció que pediría audiencia con el Presidente, que más tarde le fue negada.

"Infundadas", las imputaciones: el Ejecutivo

CLAUDIA HERRERA BELTRAN ENVIADA

Irapuato, Gto., 15 de abril. En respuesta a la petición del jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, de que se le otorgue una audiencia con el presidente Vicente Fox, el jefe del Ejecutivo lo convocó a que presente su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y advirtió que no se va a prestar a "juegos políticos o a evasión de responsabilidades".

De esta manera, el Presidente rechazó la entrevista y señaló que las acusaciones de López Obrador son "graves, serias e infundadas", en referencia a que hubo un complot, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó datos sobre el ex secretario de Finanzas capitalino Gustavo Ponce, en el contexto de un convenio de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, antes de que se desatara el videoescándalo.

Al inicio de la ceremonia de entrega de títulos de propiedad a 90 mil campesinos de esta entidad, Fox pidió a los asistentes que antes le permitieran referirse a dos temas "importantes" del día: el voto de México contra Cuba y la conferencia de prensa del jefe de Gobierno capitalino.

El jefe del Ejecutivo expuso que su respuesta a las autoridades capitalinas es "clara": que presenten su denuncia ante la PGR y que la sustenten si es que tienen evidencias.

A esa hora, el jefe de Gobierno ya había sido informado de la decisión. Poco antes de las 11 de la mañana, López Obrador se comunicó con el secretario particular del Presidente, Alfonso Durazo, para pedir una audiencia con el titular del Ejecutivo federal, pero el funcionario le sugirió interponer una demanda.

En un comunicado que Durazo leyó en la residencia oficial de Los Pinos y que luego fue distribuido a los medios de comunicación que cubrieron la gira, se señala que en la conversación, el vocero presidencial dijo que el titular del Ejecutivo no tiene facultades para recibir elementos de prueba sobre algún supuesto acto ilícito.

Las declaraciones del jefe del GDF a las ocho de la mañana modificaron los planes de la gira por la tierra del Presidente. Poco después de las 11 horas, en el Campo Marte, personal de Comunicación Social dio a conocer extraoficialmente el contenido de la conversación telefónica con López Obrador; advirtió a los reporteros que Fox sólo se referiría al tema de Cuba y que Hacienda y la PGR se encargarían de aclarar lo relativo al Distrito Federal.

Pero al mediodía, cuando los helicópteros aterrizaron en esta ciudad, se modificó la postura inicial. Mientras Fox recorría una exposición sobre la situación del campo mexicano, había un ir y venir de colaboradores que hacían consultas con él y con su esposa, Marta Sahagún.

A las 12:30 horas, cuando se puso en marcha la Jornada Nacional por la Seguridad Jurídica en la Tenencia de la Tierra, se comenzó a difundir el comunicado de Durazo, que señaló la conveniencia de presentar la denuncia tanto por el carácter "exclusivamente jurídico" del asunto y porque la información dada a conocer en los medios debe ser objeto de querella.

Según Durazo, Fox tampoco tiene facultades para intervenir en un asunto que debe ser atendido y resuelto por las autoridades de procuración y de impartición de justicia.

Argumentó que la Constitución establece que es competencia de la PGR la investigación y persecución de cualquier conducta ilícita violatoria de tratados o de leyes federales, y que tal atribución la ejerce el Ministerio Público de "manera autónoma, sin recomendaciones o injerencia de ningún motivo".

Luego de las intervenciones del secretario de Reforma Agraria, Florencio Salazar; del campesino Rafael Miranda y del gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, Fox se dirigió a los campesinos para anunciar su negativa a entrevistarse con López Obrador.

Reprueba la oposición proceder faccioso contra el GDF

Diego Fernández impidió que el Senado citara a Gil

Hacienda nos debe una respuesta, afirma Enrique Jackson

ANDREA BECERRIL

Senadores de PRI y PRD consideraron "muy grave" que la Secretaría de Hacienda y otras dependencias del gobierno federal actúen de manera "facciosa" contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF), y coincidieron en la necesidad de citar a comparecer pronto a Francisco Gil Díaz, para que explique su participación en el caso del ex tesorero capitalino Gustavo Ponce y la violación de un convenio internacional, al usar con fines políticos información obtenida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La cita para que el secretario de Hacienda comparezca no pudo concretarse ayer, ya que el panista Diego Fernández de Cevallos se opuso a que el punto se discutiera. Sin embargo, se llevará al pleno el próximo martes y ahí la bancada del PRD propondrá inclusive que se le siga juicio político al funcionario, toda vez que ha incurrido en severas irregularidades "en un claro afán de desprestigiar y lesionar al jefe de Gobierno capitalino", precisó el perredista Jesús Ortega.

Los priístas reaccionaron también con molestia luego de que López Obrador presentó pruebas de que Hacienda sabía de antemano de las actividades ilícitas de Ponce, ya que lo investigaban en coordinación con autoridades estadunidenses y no hicieron nada para detenerlo ni notificaron de ello al gobierno capitalino, pero sí filtraron los datos.

El coordinador Enrique Jackson advirtió que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como Hacienda tienen que aclarar todo. "Nos deben una respuesta de por qué no actuaron, por qué realizaron una investigación y no procedieron contra el responsable."

A su vez, la senadora Dulce María Sauri consideró que el hecho de que las autoridades hacendarias no dieran a conocer a López Obrador que uno de sus colaboradores era objeto de una investigación, crea la sospecha de "una actitud facciosa y sectaria por parte del gobierno federal".

Es algo muy serio, recalcó, que no sólo tiene que ver con el GDF, sino con todos los partidos opositores, porque no hay seguridad jurídica, sino el uso del poder contra el adversario. "Yo particularmente viví y padecí lo relacionado con el caso Pemex, pero el uso tan burdo, tan impune de la información para descalificaciones de tipo político, se me hace muy serio."

Resaltó que el Senado tiene que tomar cartas en el asunto, ya que no es posible que mientras los legisladores afinan todos los instrumentos legales en materia de control del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, ese andamiaje jurídico se utilice "con propósitos clara y abiertamente políticos". Con ello coincidieron sus compañeros Martha Tamayo y Oscar Cantón Zetina.

La bancada del PRD hizo frente común con López Obrador, y hasta el senador Demetrio Sodi dejó atrás las críticas al GDF para advertir que "las pruebas y las evidencias" que presentó el jefe de Gobierno son tan contundentes que ameritan "una muy buena explicación" por parte del secretario de Hacienda.

Ortega trató desde temprano de negociar que en la agenda del día se incluyera de última hora la discusión del tema, para lo que requería el aval de los otros coordinadores. Jackson le respondió que no tenía objeciones, pero Fernández de Cevallos se opuso con el argumento de que "es algo muy delicado".

Ortega precisó después que Gil Díaz violó el artículo 5 del Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información respecto a Transacciones en Moneda realizadas a través de Instituciones Financieras para Combatir Actividades Ilícitas -ratificado por el Senado- al usar la información del Departamento del Tesoro estadunidense con fines políticos.

Por ello, precisó, Gil Díaz violó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al incurrir en actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, lo que posibilita iniciar juicio político al funcionario.

Fernández de Cevallos trató de evadir el tema, y cuando se le preguntó si no es más grave el caso de narcotráfico en Morelos, declaró: "No soy vocero de Gobernación ni de Presidencia".