La documentación dada a conocer sobre el caso Ponce es confidencial, advierte

Inicia PGR averiguación previa que involucra al jefe del GDF y a Bátiz

La fracción 18 del artículo 225 del Código Penal Federal establece que se castigará a quien dé a conocer información que obre en una averiguación previa, dice la dependencia

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa ''contra quien resulte responsable'' por delitos ''en contra de la administración de justicia'', en la que se verán involucrados el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el procurador de justicia capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez.

A través del director de comunicación social de la PGR, José Luis López Atienzo, la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha afirmó que la documentación dada a conocer por López Obrador respecto de una investigación por lavado de dinero en contra del ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, obra dentro de una averiguación previa y ''tiene el carácter de confidencial''.

Delito de servidores públicos contra la administración de justicia

Por esa razón, expuso el vocero de la procuraduría, ''su violación constituye un delito cometido por servidores públicos en contra de la administración de justicia'', e informó que el agente del Ministerio Público encargado de esa indagatoria presentó la denuncia correspondiente ''en contra de quien resulte responsable''.

En este caso, según López Obrador, la información se la proporcionó el procurador de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz, y de acuerdo con información de la PGR, el delito por el que se inició la averiguación previa corresponde al artículo 225 del Código Penal Federal, que establece los ilícitos cometidos por servidores públicos, y que en su fracción 18 señala que se castigará a quien dé a conocer ''a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa''.

De acuerdo con la opinión del litigante José Luis Nassar Daw, el delito no es tipificado como grave, pero quien podría ser señalado como responsable directo del ilícito sería Bátiz Vázquez, aunque López Obrador podría ser considerado copartícipe y ambos, en caso de ser acusados penalmente, alcanzarían una pena que podría ir de 4 a 10 años de prisión, e inhabilitados para ocupar cargos públicos en un lapso de entre 3 y 10 años.

A diferencia de otras ocasiones en que la Procuraduría General de la República ha dado respuesta a los señalamientos de López Obrador con apariciones públicas de subprocuradores o del mismo Macedo de la Concha, esta vez el encargado de exponer la posición de la dependencia fue José Luis López Atienzo, ex empleado de la Presidencia de la República.

En la conferencia de prensa, el vocero de la PGR calificó de "absolutamente falso'' que la dependencia esté protegiendo o mantenga detenido en secreto a Ponce Meléndez, y rechazó que ''haya tenido conocimiento de las actividades presuntamente ilícitas'' de éste antes de la difusión del video en el cual se le observa jugando en el casino del hotel Bellagio, el pasado primero de marzo.

Invitación ''respetuosa'' a que se presenten pruebas

La Procuraduría General de la República, expresó, invita ''respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador'', para que presente las pruebas que demuestren que la PGR haya detenido ilegalmente o mantenga oculto a Gustavo Ponce Meléndez.

Según López Atienzo, el jefe de Gobierno capitalino buscó ''inducir a la opinión pública'' para que se considerara que la PGR haya detenido a Ponce de manera ilegal y lo mantenga oculto o ''se pretenda atentar contra su vida'', además de que las afirmaciones de López Obrador ''tienen como fin poner en entredicho la actuación, prestigio y credibilidad de la procuraduría''.

Por ello, explicó el vocero de la dependencia, ''se ordenó el inicio de una averiguación previa para deslindar responsabilidades, por lo que se invita respetuosamente al jefe de Gobierno para que presente las pruebas con las que sustenta sus aseveraciones''.

Se violó el secreto de las investigaciones, acusa

Manejo desaseado y propagandístico de la información, replica Hacienda

DAVID ZUÑIGA

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) censuró ayer el manejo ''desaseado'' y ''propagandístico'' que dio el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, a la información sobre el ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, quien sigue prófugo.

La dependencia acusó a las autoridades capitalinas de haber violado el secreto de las investigaciones, y dijo esperar que esta revelación se haya debido a ''un descuido'' y no a un intento deliberado de obstaculizar la justicia. Hacienda no puso en duda la autenticidad de los documentos.

En un comunicado emitido ayer por la tarde, la Secretaría de Hacienda dijo lamentar profundamente las ''irresponsables'' declaraciones que hizo ayer por la mañana el jefe de Gobierno, quien acusó al gobierno federal de haber usado de manera ''facciosa'' la información que tenía sobre Gustavo Ponce.

El documento agrega que la SHCP y los órganos de control y fiscalización que de ella dependen ''tienen por norma invariable y deber jurídico inexcusable guardar la confidencialidad y el secreto de las investigaciones que, por su naturaleza y por lo establecido en diversos ordenamientos legales nacionales e internacionales, debe protegerse en todo momento''.

Asimismo, la dependencia dijo que le preocupa que ''por motivos políticos, propagandísticos o de naturaleza incierta'', funcionarios o gobernantes vulneren la confidencialidad ''mediante especulaciones, suposiciones o filtraciones indebidas atribuibles a los órganos locales de procuración de justicia'', señala en alusión a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Las acciones de las autoridades capitalinas, añade, lesionan el estado de derecho, atentan contra las garantías de las personas y entorpecen la procuración de justicia.

En el documento que presentó ayer López Obrador, prosigue, se observa que las investigaciones se iniciaron luego de que las autoridades recibieran información sobre ''operaciones financieras inusuales'' realizadas por Esperanza González Ocampo, esposa del ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, y Hacienda presentó a la PGR el dictamen correspondiente. El siguiente paso era preparar el expediente para que, dado el caso, un juez dictara una orden de aprehensión.

La secretaría que encabeza Francisco Gil Díaz recordó que las autoridades del Distrito Federal tuvieron alrededor de 12 horas para impedir la fuga de Gustavo Ponce, pero ''inexplicablemente'' no lo hicieron. Por último, Hacienda dijo esperar que las afirmaciones de López Obrador, y ''diversas declaraciones'' sobre el manejo de los recursos públicos en el Gobierno del Distrito Federal, no vulneren la confianza de los ciudadanos, de los contribuyentes y de la autoridad financiera en las autoridades capitalinas.

Por otra parte, fuentes de la embajada de Estados Unidos reiteraron ayer que el gobierno de ese país no estuvo involucrado en la grabación ni en la difusión de los videos de Gustavo Ponce, mientras éste apostaba en un casino de Las Vegas.

Asimismo, lamentaron que persistan las ''continuas alusiones falsas'' con respecto a la supuesta participación de Estados Unidos en este asunto, pues ''distraen la atención de los asuntos centrales y reales del delito y la corrupción''. Las agencias estadunidenses a cargo del cumplimiento de la ley ''mantienen una firme relación con sus contrapartes en el gobierno mexicano y hay cooperación en muchas áreas''.