MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Pejerrevelaciones

Hacienda, salpicada por el videoescándalo

Tiroteo entre GDF, PGR y Hacienda

VARIAS DEPENDENCIAS DEL gobierno federal se habían mordido la cola por los videoescándalos de Ponce, Bejarano, Ahumada y conexos, pero hasta ahora la Secretaría de Hacienda y su titular, Francisco Gil Díaz, habían logrado esquivar los pelotazos.

NO PUDO MANTENERSE y ayer fue la estrella -junto con la PGR, ya involucrada hasta el tope- en el capítulo más reciente de la pejelagartiana teoría del complot: la Secretaría de Hacienda -como tantas otras dependencias del gobierno federal- conocía detalladamente las delincuenciales actividades de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, mucho antes de que se destapara la cloaca y no procedió en consecuencia: lo dejó escapar "o lo tiene en su poder", reservándose los resultados de la indagatoria para el "momento político" adecuado. Tanto la SHCP como la PGR "no actuaron en forma institucional; lo hicieron de acuerdo con una motivación política de carácter faccioso".

DE ACUERDO CON lo denunciado por Andrés Manuel López Obrador, todo indica que la dependencia a cargo de Gil Díaz, más que colaborar decididamente en la elaboración de un expediente judicial, lo hizo, junto con las demás instancias del gobierno federal, en el armado de un expediente político en contra de quien, a pesar de todo, conserva la primera posición en las encuestas y preferencias con miras a 2006.

DICE EL PEJE que desde el pasado 18 de febrero la Secretaría de Hacienda, por medio de su Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones, solicitó al Departamento estadunidense del Tesoro y a su Red de Combate de Crímenes Financieros información detallada sobre los movimientos financieros de Gustavo Ponce y su esposa en aquel país. Además, hizo lo propio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo de Jonathan Davis.

AL DIA SIGUIENTE, 19 de febrero, Ponce viajó a Las Vegas y 24 horas después lo hizo Carlos Ahumada. Entre el 20, 21 y 22 de ese mes el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal fue videograbado cuando daba rienda suelta a su gusto por las cartas y la apuesta en el hotel Bellagio de dicha ciudad.

UNA SEMANA DESPUES de girada la solicitud, el 25 de febrero, la dependencia del gobierno estadunidense documentó la petición hecha por la Secretaría de Hacienda y el primero de marzo -en vivo, a todo color y en horario triple A- se destapó la cloaca. Apenas el 4 de marzo, apuntó López Obrador, Hacienda y la PGR "levantaron una denuncia para tratar de justificar la acción del Estado, a todas luces con fines facciosos".

LA SECRETARIA DE Hacienda y la PGR tuvieron tiempo más que suficiente para actuar en dos sentidos: a) proceder judicialmente en contra de Gustavo Ponce y demás coludidos; b) notificar a las autoridades del pejegobierno. Como no lo hicieron, ambas dependencias abonaron la pejelagartiana teoría del complot.

JUSTO EN EL momento en que Andrés Manuel López Obrador denunciaba públicamente la maniobra de la Secretaría de Hacienda, su titular, Francisco Gil Díaz, participaba en el tercer foro regional de la Convención Nacional Hacendaria -donde preside la mesa temática de ingresos-, durante el cual reconocía que en México existe "un problema de centralización de decisiones de política fiscal, no sólo en la parte de ingresos, sino también en la parte del gasto, por lo cual es necesario retribuir en mejor medida a las entidades generadoras de impuestos sin perjudicar, en términos absolutos, a las otras".

EL SIEMPRE PULCRO secretario de Hacienda debe de haberse atragantado al enterarse de la pejelagartiana denuncia, aunque superado el sofocón ordenó responder, aunque no desmentir, al jefe de Gobierno capitalino.

EN ESTE CONTEXTO, divulgó que "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lamenta profundamente las irresponsables declaraciones del señor jefe de Gobierno de la ciudad de México emitidas la mañana de hoy. La SHCP y los órganos de control y fiscalización que de ella dependen tienen por norma invariable y deber jurídico inexcusable guardar la confidencialidad y el secreto de las investigaciones que, por su naturaleza y por lo establecido en diversos ordenamientos legales nacionales e internacionales, debe protegerse en todo momento.

"NO PUEDE SINO causar profunda preocupación que, por motivos políticos, propagandísticos o de naturaleza incierta, funcionarios públicos o gobernantes en ejercicio vulneren esa confidencialidad, mediante especulaciones, suposiciones o filtraciones indebidas atribuibles a los órganos locales de procuración de justicia. Con estas actitudes se lesiona el estado de derecho, se atenta contra los derechos de las personas y se entorpece el éxito de la procuración de justicia. Confiamos que estas lamentables declaraciones hayan sido hechas por descuido y no con el propósito deliberado de obstaculizar la acción de la justicia.

"EN EL REPORTE de operaciones que distribuyó a la prensa el jefe de Gobierno se puede apreciar que la investigación se inició por un aviso de operaciones financieras inusuales realizadas por la señora Esperanza González Ocampo, quien resultó ser esposa del señor Ponce. El dictamen lo presentó la SHCP a la PGR conforme a la Ley. El gobierno federal tenía que preparar el expediente para que un juez, en su caso, dictara una orden de aprehensión.

"RECORDAMOS QUE LOS órganos jurisdiccionales del Gobierno del DF tuvieron alrededor de 12 horas para ejercer las acciones precautorias pertinentes que evitaran la fuga del funcionario que había sido puesto en entredicho. Inexplicablemente no llevaron a cabo dichas acciones.

"POR ULTIMO, LA SHCP confía que este manejo desaseado de la información, así como diversas declaraciones suscitadas alrededor de la administración de los recursos públicos en el gobierno del DF, no vulneren la indispensable confiabilidad que debe merecer la hacienda pública del Distrito Federal, por parte de los ciudadanos, de los contribuyentes y de la comunidad financiera."

ACTO SEGUIDO, LA PGR inició una averiguación previa en contra de Andrés Manuel López Obrador y Bernardo Bátiz, su procurador, "por revelar documentos confidenciales".

Las rebanadas del pastel:

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