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México D.F. Viernes 16 de abril de 2004
CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
Fox y su política del avestruz
 Se negó a estar bien informado
Riesgos mal calculados
CON LA rabia desbordada, Vicente Fox, seguramente en ejercicio de su "democracia humanista", se negó a estar informado. Quizá bien informado sobre las razones que dieron pie a la crisis de los videos.
PRETENDE FOX que Andrés Manuel López Obrador acuda a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar una denuncia por la urdimbre que desde la Secretaría de Hacienda, el Cisen y la propia PGR se tejió en contra del gobierno de la ciudad y de su gobernante.
Y PARA que nadie dude de su razonamiento claro y justo, antes de conocerlas Fox calificó de infundios las pruebas que López Obrador mostró en conferencia de prensa.
ESTA POLITICA del avestruz refleja el miedo de la autoridad federal por enterarse, por conocer el tamaño de los errores de su propio aparato y esconde la cabeza como quien quiere ignorar el naufragio político de un gobierno neoliberal al servicio de los intereses de su más fiel impulsor: Carlos Salinas de Gortari.
PERO, SOBRE todo, el miedo que infunde sentir que las mediciones del tamaño de la explosión que causaron no fueron bien calculadas y su onda destructora ha llegado hasta el corazón de sus propios intereses.
QUIERA O no Fox -quien acostumbra fugarse de la realidad- el asunto es político y en él podrían estar metidos algunos de sus más importantes colaboradores, es decir, el secretario de Gobernación y el procurador general de la República, cuando menos. Por eso Los Pinos no puede ser ajeno.
Y ES que hay quien dice que la misma noche que Gustavo Ponce habló con López Obrador, aquél ya estaba en manos de agentes del Cisen y de la PGR, incluso en alguna casa de seguridad de la dependencia judicial.
LO GRAVE es que si la teoría del jefe de Gobierno es cierta y Ponce ya no sirve a los intereses para los que fue enganchado, o bien se ha convertido en un testigo peligroso para quienes montaron la urdimbre, podría peligrar su vida.
POR ESO suena a burla eso de que la PGR se investigue a sí misma. Es como si se le preguntara al verdugo si se siente asesino. También parece tardía la reacción de la PGR si se toma en consideración que el 10 de marzo pasado López Obrador ya había pedido a los órganos de inteligencia que informaran y aclararan al Ejecutivo federal sobre su participación en la obtención de los videos donde aparece Ponce.
AQUELLA VEZ las palabras del jefe de Gobierno fueron desechadas, o cuando menos desestimadas, por las autoridades a las que aludía, a las que también pedía actuar con prudencia para no afectar a la institución presidencial.
PARECE QUE entonces los jefes de las instituciones a las que involucraba López Obrador suponían que las palabras del jefe de Gobierno no pasaban de ser una lanzada.
EL 6 DE marzo, es decir, unos días antes de pedir prudencia para informar a la Presidencia de la República, López Obrador había advertido muy claramente: "Reitero que fue (la llamada operación video) un operativo de Estado y lo voy a probar".
Hasta ahora, cuando se presentan las pruebas a la opinión pública, la PGR responde tratando de intimidar mediante acusaciones que no parecen tener fundamento legal.
LA MISMA dependencia judicial desmiente que tenga a Gustavo Ponce, pero el gobierno federal sí admite haber iniciado una investigación en contra del ex funcionario capitalino, de la que no se informó al gobierno de la ciudad por causas aún no determinadas y tampoco se aclara por qué si lo investigaban, si lo habían seguido hasta Las Vegas, no fueron capaces de detenerlo.
Y AUNQUE todo se enrede, aunque todo se asemeje a un laberinto sin salidas, la punta de la madeja parece llevar siempre al mismo sitio.
EL FUNCIONARIO de la Secretaría de Hacienda que firma la denuncia en contra de Gustavo Ponce y su esposa es, hasta donde se sabe, un ex colaborador muy cercano de Ignacio Morales Lechuga.
EN FIN, šesto es la guerra y ya nadie tira balas de salva!
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