Se debe investigar declaración de lugarteniente de El Azul: diputados y empresarios

Piden al gobierno de Guanajuato aclarar la presunta colusión de PGJ con el narco

MARTIN DIEGO Y JAVIER VALDEZ CORRESPONSALES

Empresarios y diputados del Congreso de Guanajuato pidieron al gobierno de ese estado que investigue a "fondo" para comprobar o descartar lo dicho por Renato Tostado Félix, presunto gatillero de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, durante su declaración preparatoria en el juzgado cuarto de lo penal con sede en Irapuato, en el sentido de que altos mandos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado recibieron dinero proveniente del cártel de Sinaloa para culparlo de un secuestro.

Carlos Sánchez Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial local, pidió a las autoridades estatales "deslindar responsabilidades y hacer las investigaciones correspondientes, caiga quien caiga, y más en estos temas delicados, cuando se está hablando del narcotráfico y que se está comprando a algunas personas.

"Al sector empresarial estas declaraciones nos dejan preocupados. Sentimos que aquí el gobierno federal debe ser enérgico para ir eliminando estos temas de la corrupción en las dependencias, específicamente las que están al cuidado de nuestra seguridad", abundó.

A su vez, el diputado Alejandro Rangel, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso estatal, consideró que la declaración del indiciado, así como la relación de hechos entre 1996 y 2002, deben ser investigados, a fin de establecer si existe la factibilidad de solicitar una comparecencia tanto del secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Ojeda, como del procurador de Guanajuato, Miguel Valadés Reyes, para que informen si conocían tales antecedentes al asumir el cargo.

En tanto, para el legislador panista Fernando Torres Graciano "esa declaración no tiene ningún sustento, sería irresponsable hacer una investigación por la declaración de un delincuente, no tiene mayor trascendencia y pondría en tela de juicio la reputación de gente honesta".

En Sinaloa, la Procuraduría General de Justicia envió de oficio información a su homóloga queretana y a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, sobre las cinco personas presuntamente de origen sinaloense que fueron detenidas junto con tres sujetos más por las autoridades de Querétaro, tras pretender liberar a Renato Tostado Félix.