Alerta que en el gobierno hay poderes informales que aprovechan el desbarajuste interno

Con Fox, ningún conflicto, pero no me dejo ni me rajo: López Obrador

Exagerado, abrir procesos en mi contra, afirma

Son 2 las averiguaciones previas que inició PGR

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, rechazó entrar en confrontación con el presidente Vicente Fox, pero advirtió que cuando se trata de la defensa de sus derechos y de causas justas "no me dejo ni me rajo, digo la verdad". Negó haber violado alguna ley al divulgar los documentos de la investigación del gobierno federal contra el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce, para probar que se utilizó al Estado para tramar un complot en su contra y "destruirnos políticamente", y adelantó que la semana próxima enviará a la Procuraduría General de la República (PGR) el informe que le requirió la dependencia y también lo dará a conocer a la opinión pública.

Al defender sus facultades como jefe de Gobierno para informar a los habitantes de la ciudad y pedir reportes a los funcionarios de su gabinete, como fue en este caso al procurador Bernardo Bátiz, López Obrador consideró que la PGR "sobredimensionó" y "exageró" al iniciar una averiguación previa por presuntos delitos contra la administración de la justicia, en la que se le involucra junto con el propio titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). "Vamos a enfrentar cualquier tipo de acusación. No me intimidan", apuntó.

Refirió que ha consultado a abogados "que saben" y está convencido de que no hay ningún problema legal. Agregó que le dio mucho gusto que no se hayan atrevido a decir que eran falsos los reportes del Departamento del Tesoro, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda que dio a conocer.

Interrogado sobre la reacción de Vicente Fox, quien lo acusó de hacer imputaciones graves e infundadas, y rechazó su solicitud de audiencia, López Obrador señaló que por respeto a la investidura presidencial no responderá al gobernante.

"Yo sólo pedí una audiencia y miren ustedes lo que sucedió, pero hasta ahí", dijo encogiéndose de hombros y elevando ligeramente los brazos. López Obrador no mencionó más el intento de reunión con el primer mandatario.

"Yo sostengo -insistió- lo que expresé el día de ayer: utilizaron a las instituciones del Estado de manera facciosa para golpearnos. Sostengo que no les preocupa en el fondo combatir la corrupción, sino detenernos, pararnos, destruirnos políticamente".

Eso no se puede permitir, advirtió, porque si bien en este caso es contra mi administración, si se sostiene, se arraiga y todos la van a padecer.

"Yo creo que están muy sueltas algunas instituciones, hay mucho desbarajuste, me refiero al gobierno federal, lo digo con todo respeto, y hay gente que está operando y que no tiene que ver con el poder legalmente constituido; así como hay una economía informal, un comercio informal, también hay poderes informales", previno, en alusión al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Reiteró que está en riesgo la vida de Ponce y por eso tomó la determinación de informar, sería muy lamentable que algo sucediera, advirtió, "pero también es muy lamentable que lo hayan utilizado aprovechándose de su adicción (al juego y las apuestas) para propósitos de tipo político".

El secretario de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, consideró lamentable la negativa de Fox para recibir en audiencia a López Obrador, lo que cierra un canal de comunicación necesario para la convivencia institucional.

Encinas llamó a restablecer los cauces institucionales del país para evitar el uso faccioso de las instituciones de Estado y para que los conflictos que se presentan se diriman institucionalmente.

Desestimó la averiguación previa que inició la PGR contra López Obrador y Bátiz Vázquez, al considerar que no hubo violación alguna a la confidencialidad de la información que se dio a conocer y dijo que para el gobierno capitalino lo importante es que lo que se ha dicho desde un principio sobre la participación de autoridades federales ahora se ha acreditado con documentos que son de dominio público.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, advirtió que una politización excesiva de la PGR está llevando a la dependencia a incurrir en gran cantidad de omisiones en la justicia y a "concentrar todas sus baterías en contra del jefe de Gobierno".

Planteó que no puede ser considerada información confidencial aquella que al ser divulgada no afecta la vida privada de un particular, y que la considerada reservada sólo está restringida al público, no a las autoridades.

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En definitiva, la Procuraduría General de la República (PGR) inició dos averiguaciones previas contra funcionarios del gobierno capitalino y que involucran a Andrés Manuel López Obrador, una de ellas por difamación y otra por obstrucción de la justicia.

Por haber declarado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la PGR "actuaron de manera facciosa" en el caso del ex secretario de Finanzas de la ciudad de México, Gustavo Ponce Meléndez, y señalar la posibilidad de que la institución que dirige Rafael Macedo de la Concha hubiera detenido de manera ilegal al ex funcionario capitalino, a Andrés Manuel López Obrador se le podría señalar como presunto responsable del delito de difamación, indicaron sin mencionar por su nombre al jefe de Gobierno el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Alejandro Ramos Flores, y José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Además, el Ministerio Público responsable de la averiguación previa en la que se incluyeron los informes estadunidenses en torno a Ponce será, junto con el jefe de Gobierno capitalino, de los primeros funcionarios en comparecer ante la PGR por los presuntos delitos contra la administración de la justicia.

En reunión con reporteros, los funcionarios afirmaron que el hecho de que López Obrador haya dado a conocer los informes que en torno a Ponce elaboró el gobierno estadunidense, podrían generar problemas diplomáticos.

"Estamos propiciando que Estados Unidos nos reclame por la vía diplomática un incumplimiento a nuestro tratado de asistencia mutua, y que nos voltee la espalda ante la poca confiabilidad que puede tener nuestro sistema de derecho", dijo Ramos.

Mientras, Santiago Vasconcelos puntualizó que esos documentos forman parte de la columna vertebral de la indagatoria que por lavado de dinero se inició contra Ponce, rechazando que la PGR haya conocido antes del 4 de marzo la investigación de la Secretaría de Hacienda en contra del ex secretario de Finanzas capitalino, y negó que la PGR se hubiera prestado a un complot, como lo ha señalado López Obrador.

Por eso, dijo Vasconcelos, el haber iniciado una averiguación previa por delitos contra la administración de la justicia "no son reacciones exageradas, ni motivadas por intereses facciosos, es simplemente cumplir con la obligación que se le impuso al Ministerio Público de la Federación".

Ramos Flores refirió que en la investigación por delitos contra la administración de la justicia "la PGR remitió un documento con carácter de confidencial a su homóloga y hay un servidor público directamente responsable de la integración de la averiguación, que es el primer responsable de cuidar esa confidencialidad, y de ahí, pues, tendremos que partir y seguir las investigaciones hasta donde resulten".

-ƑEl jefe de Gobierno es presunto responsable?

-Hasta este momento yo diría que no. La averiguación previa está iniciando, y que pueda serlo, creo que sí, pero repito, la averiguación previa se inicia para descubrir a los probables responsables.

El subprocurador también mencionó que existe la posibilidad de que se exima de responsabilidades al Ministerio Público, que conoció primero de los documentos elaborados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en los cuales se informa de las transferencias por más de un millón de dólares que en 2003 realizaron Ponce Meléndez y su esposa Esperanza González Ocampo al hotel Bellagio de Las Vegas.

"No hay que olvidar -señaló el funcionario- que el procurador general (en referencia a Bernardo Bátiz, a quien tampoco señaló por su nombre) tiene la titularidad del Ministerio Público y, por tanto, el que la gente le muestre o entregue una averiguación previa no podría constituir delito".

La difamación

Ramos Flores indicó que otro aspecto de las acciones iniciadas por la PGR concierne a ''la reiterada manifestación de verdades a medias, mentiras incompletas, donde se hace alusión a que la PGR pudiera haber realizado alguna conducta indebida y pudiera llegar, incluso, a la intención de ocultar o realizar la desaparición de una persona, y esto es una actitud difamatoria que tiene por objeto generar confusión, pero que también genera a la institución un desprestigio, un descrédito, o simplemente la puede colocar en una situación de desprecio por parte de los ciudadanos.

''A quien difama las instituciones oficiales con el fin de generar descrédito, desconfianza, o someterlas al desprecio de las personas, se llama difamación, y tiene una pena de tres días y hasta dos años de prisión.''

-ƑEn este delito incurrió el jefe de Gobierno?

-Creo que quien comete la difamación pues es el presunto responsable, ya usted podrá deducir quién es el que lo está haciendo -refirió Ramos.

A su vez, José Luis Santiago Vasconcelos puntualizó que el delito de difamación y calumnia está contenido en el artículo 361 del Código Penal Federal.