La opinión pública tiene derecho a conocer el caso, dice

Niega Bátiz tener algún convenio de confidencialidad con la PGR

LAURA GOMEZ FLORES

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, aclaró que no violó la confidencialidad al entregar los resultados de las investigaciones realizadas por las autoridades federales sobre la relación de Gustavo Ponce con el lavado de dinero al mandatario capitalino, porque no existe ningún convenio de confidencialidad con la Procuraduría General de la República (PGR), pero está dispuesto a comparecer ante el Ministerio Público federal en caso de ser citado.

Reconoció que existe la posibilidad de ser removido de su cargo, pero corresponderá al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, determinarlo, no a la Presidencia de la República, la que sólo dará su anuencia, aunque, dijo, no le preocupa, porque nunca hizo carrera burocrática y si se acaba, por cualquier circunstancia, está listo para asumirlo, o, en caso contrario, seguir trabajando.

Al finalizar la reunión del gabinete de seguridad y procuración de justicia, afirmó que la PGR está en su derecho de iniciar una investigación por la divulgación de dicha información, pese a que no se incurrió en ninguna ilegalidad, pues sólo "está prohibido dar a conocer información a quien no tiene derecho de tenerla, pero creo que la opinión pública y los medios de comunicación sí tienen derecho a saber cómo se están manejando las cosas y cómo se obtuvieron los datos, esa es mi convicción".

La obligación del procurador es informar al mandatario local de los asuntos importantes del área, que es la procuración de justicia, y por eso se le dio a conocer este asunto, además de que no hay ningún convenio de confidencialidad entre las procuradurías. "Les recuerdo que antes que se iniciara cualquier averiguación previa, por parte de la PGR, salieron en la televisión tanto las imágenes del señor Ponce, como los documentos, sin que se configurara un ilícito".

Una situación similar ocurrió al informar sobre las investigaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda, sin sustraer ninguna pieza de la averiguación, para aclarar lo que sucede en este momento en el país, en la política y en la actuación de varias dependencias del gobierno, y asumo las consecuencias, dijo al señalar a los reporteros que lo cuestionaban que "si ya me van a juzgar aquí, pues me doy, me doy por detenido".

Mientras es requerido por el Ministerio Público federal, dijo, revisará la denuncia relacionada con lavado de dinero de Ponce, en la que se le señala como probable responsable, y continuará con la ubicación del ex secretario de Finanzas, que no ha sido localizado por la Policía Judicial en sus círculos familiares, sociales y de amistades.

De manera extraoficial, comentó, se preguntó a su medio hermano, Benito, que trabaja como jefe de armería en la PGJDF si conoce el paradero del fugitivo, pero ha dicho que no sabe, lo cual no significa que será removido de su cargo o se le fincarán responsabilidades, porque no tiene que padecer las consecuencias de hechos que no lo involucran.

Por otra parte, señaló que la PGJDF ha tenido mucho trabajo en otros asuntos, pero que está lista para que en cualquier momento se continúe el proceso en contra del ex delegado de Tlalpan Carlos Imaz.