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México D.F. Sábado 17 de abril de 2004

OBSERVATORI0 CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 121

Los límites de la escolaridad

Aunque se incremente, persiste la desigualdad

Necesario, atender sus "efectos externos"

LAS INQUIETUDES SOBRE los principales problemas que dificultan lograr una educación para todos los mexicanos -que de algún modo han inspirado las políticas públicas en la materia- fueron variando a lo largo del siglo XX y en los primeros años del XXI. El principio constitucional de lograr una "educación para todos" ha propiciado sucesivamente políticas dirigidas a lograr la generalización de las oportunidades de acceso a la escuela, de permanencia en ella y de calidad, y la evaluación de los aprendizajes alcanzados. El principio fundamental que sostiene esas políticas parece ser el de que la escolaridad será factor clave del desarrollo general del país. En esta ocasión, Observatorio se ocupa de los resultados que esa creciente escolaridad ha tenido sobre la mejoría generalizada de las condiciones de vida de la población mexicana, que no parecen estar acordes con los esfuerzos realizados por incrementarla.

EDUCACION BASICA PARA TODOS los mexicanos. El movimiento revolucionario y la Constitución de 1917 definieron claramente una escolaridad básica obligatoria para todos los mexicanos, que a su vez fue cambiando de duración y, por supuesto, de contenidos: en las primeras décadas del siglo XX pasamos de una primaria de cuatro años a una de seis. No fue sino a finales del siglo XX, en 1993, cuando se decretó una escolaridad obligatoria de nueve años, incluyendo secundaria, y una década después se decretó el prescolar obligatorio de tres años, que deberá concretarse en los siguientes años.

A LA FECHA, EL PROMEDIO DE escolaridad logrado por los mexicanos mayores de 15 años es de 7.9 años con diferencias importantes entre la población urbana, cuyo promedio alcanza 8.6, y las zonas rurales, cuyo promedio disminuye a 5.7. En el caso de la población entre 25 y 44 años de edad los promedios son significativamente más elevados que entre la población mayor de 45, aunque con variaciones importantes entre entidades de la República. La población del país efectivamente está cada vez más "educada". Un dato significativo es que actualmente la tasa de crecimiento de la escolaridad es muy superior, en cerca del triple, a la tasa de crecimiento demográfico y que la cobertura en educación primaria logró generalizarse a más de 90 por ciento, a pesar del acelerado crecimiento demográfico presente hasta la década de los 80. Alcanzar ese promedio, fue producto de las políticas públicas impulsadas y puestas en marcha.

LAS PRIORIDADES HAN CAMBIADO. Inicialmente los esfuerzos se resumieron en un concepto: la preocupación por lograr el acceso de todos los mexicanos a la escolaridad básica; no obstante, el crecimiento continuo de la matrícula no siempre estuvo acompañado del correspondiente crecimiento de los recursos necesarios para atenderla. Mientras que la preocupación por la permanencia de los niños el tiempo necesario para cubrir los años obligatorios del ciclo fue posterior, y más reciente ha sido la preocupación por los logros alcanzados: la calidad de la educación impartida, el aprendizaje efectivo de la lectoescritura, las matemáticas, y los diferentes contenidos ligados a las ciencias naturales y a la formación ciudadana. El tema de la evaluación del desempeño domina la política pública en años recientes. En particular, desde hace dos años hemos sido testigos de las diferentes exigencias de información sobre los resultados alcanzados por alumnos y maestros ya no en cuanto a años cursados, tasas de reprobación o de retención, sino en cuanto a aprendizajes efectivos, tal como los miden instrumentos comparables a escala nacional e internacional.

ESCOLARIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL. A mediados del siglo XX los estudios sobre la movilidad social propiciada por la creciente escolaridad de la población demostraban, realmente, la existencia de ese efecto: a mayor escolaridad mejores eran los ingresos y las posiciones laborales, aunque desde las primeras investigaciones se observaban las restricciones al respecto. En la década de los 70 y en las subsecuentes fases de recesión macroeconómica esas restricciones se hicieron cada vez más claras y frecuentes: la inflación educativa, la devaluación de los certificados escolares, el desempleo ilustrado, la disminución de los salarios de los más educados, entre otras (véase Comunicado 55, 25/5/01). Diferentes estudios realizados en los años 70 y 80 empezaron a demostrar que los rendimientos económicos de la educación estaban disminuyendo, especialmente para ciertos grupos, en ciertos momentos y en determinados contextos. Ello se debe al desequilibrio generado entre la velocidad con que ha crecido la escolaridad y el ritmo al que se han expandido las oportunidades existentes en el sistema productivo para ocupaciones que requieren determinadas dosis de educación formal. Se aprecia también mayor concentración del desempleo abierto y del subempleo entre quienes logran escolaridad de nivel superior, que sin duda pueden retardar su ingreso al mercado laboral por no tener apremios económicos. No obstante, tal estado de desempleo también representa frustración personal y puede generar una visión limitada sobre la utilidad de haber estudiado.

EN UN ESTUDIO DIAGNOSTICO de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) sobre el mercado laboral de profesionistas en México en la década de los 90 se registran conclusiones interesantes: a) pese al modesto crecimiento de la economía del país, el aumento del empleo de profesionistas fue notablemente dinámico, y b) casi la totalidad de la oferta neta de profesionistas encontró una demanda para sus servicios dentro del sector productivo mexicano, aunque no todos en ocupaciones que reclaman de los conocimientos y capacidades profesionales adquiridas en las aulas universitarias ("saldo relevante" lo denominan los autores y lo calculan en 45.6 por ciento del total de egresados); es decir, dado el desempeño de la economía, el número de egresados necesarios para laborar en ocupaciones de carácter profesional fue mucho menor que el número total de egresados del sistema de educación superior del país y el excedente de la oferta de profesionistas que encuentra empleo en ocupaciones de carácter residual desplaza de esas labores productivas a personas con menores niveles de escolaridad. Algunos estudios puntuales sobre quienes no alcanzan niveles tan elevados de escolaridad formal, pero cumplieron ya con la escolaridad básica obligatoria, señalan que están siendo desplazados por los egresados de educación superior y son los que alimentan el creciente sector informal de la economía. O bien que la diferencia entre no tener escolaridad, tener escolaridad básica incompleta o haberla completado no implica resultados significativos en las ocupaciones desempeñadas e ingresos percibidos. El nivel de escolaridad más castigado en ese sentido es la secundaria.

LA CRECIENTE ESCOLARIDAD, ¿mejora las condiciones de vida? No sólo interesa el comportamiento ocupacional o los ingresos de la población. El incremento y la generalización de la formación escolar entre la población se supone trae aparejadas una serie de ventajas a nivel personal y social en lo demográfico (la esperanza de vida y el acceso a la salud), lo económico (los ingresos y las condiciones de trabajo), la participación ciudadana, la dimensión cultural o el bienestar familiar. Sin embargo, resulta claro que debemos preocuparnos ante la incapacidad de la población que logró completar su escolaridad básica obligatoria en su momento (que era de seis años hasta 1993 y de nueve al hacerse obligatoria la secundaria) por encontrar mayores beneficios y ventajas en las diferentes dimensiones de la vida personal, familiar y social.

UN ESTUDIO RECIENTE, realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana (Uia) a petición de la UNESCO (Carlos Muñoz Izquierdo. Educación y desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe. Uia, 2004), analiza si los beneficios sociales y económicos que están recibiendo los egresados del sistema educativo son proporcionales al esfuerzo que el país ha realizado para ampliar la escolaridad de su población. El análisis se basa en las relaciones observadas entre el crecimiento registrado en la escolaridad de los adultos -clasificados en diferentes grupos de edad y género- durante determinados periodos, y las variaciones detectadas en los mismos periodos -respecto a los mismos grupos poblacionales- en un conjunto de indicadores relacionados con: la dinámica demográfica, la situación económica de la población y las condiciones de vida de la misma.

DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS del siglo pasado, concluye el estudio, México realizó importantes esfuerzos encaminados a incrementar la capacidad de su sistema escolar, lo que permitió elevar la escolaridad promedio de la población adulta -en mayores proporciones que las registradas en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe. Sin embargo, los efectos que esos esfuerzos debieron generar en los niveles y la calidad de vida de la población fueron de menor magnitud que los observados en la mayoría de los países de la región.

LO ANTERIOR DEBERIA ATRIBUIRSE, seguramente, a causas muy diversas. Es importante recordar, ante todo, que ninguno de los impactos que pueden ser adjudicados a la educación en los niveles y calidad de vida de quienes la reciben es generado en forma directa e independiente, ya que existen innumerables mediaciones entre la propia educación y sus efectos sociales, económicos, políticos y culturales. La educación escolar no es sino uno entre otros procesos educativos que viven las generaciones: la familiar, la que imparten los medios masivos de comunicación o la que se deriva directamente de las interacciones personales y sociales en las situaciones laborales, culturales, políticas y económicas.

TAMBIEN HABRIA QUE CONSIDERAR, por un lado, el impacto que la mala distribución de las oportunidades escolares y la deficiente calidad de las mismas debieron haber generado en la desigual distribución del ingreso y del bienestar social. Mientras que, por otro lado, estos resultados también podrían ser atribuidos a que -como han demostrado otros investigadores- el desarrollo económico y social que experimentó el país durante las últimas décadas del siglo pasado trajo consigo mayor concentración del ingreso. En efecto, los resultados del análisis son consistentes con el hecho de que, a pesar del crecimiento del sistema educativo nacional y de la aplicación de otras políticas encaminadas a promover el desarrollo económico y social durante las recientes décadas, se acumularon importantes déficit en los niveles y la calidad de vida de los sectores mayoritarios de nuestra población.

INTERROGANTES. La evidencia ya documentada de que la escolaridad no logra contrarrestar los efectos de la creciente desigualdad socioeconómica de las políticas de desarrollo adoptadas por el país desde hace 20 años, ¿permitirá a los congresistas y funcionarios superar el mito de que la solución de los problemas del país radica exclusivamente en la educación escolar? ¿No valdría la pena proponer que la SEP y los especialistas realizaran estudios más profundos sobre la efectividad de la escolaridad en cuanto a los muy diversos efectos sociales que se esperan de ella? En un horizonte de largo plazo, ¿cómo deben ponderarse los efectos de la creciente escolaridad sobre el desarrollo general del país, y en qué forma deberán incidir sus resultados en la reformulación de las políticas económicas y sociales? Ningún plan de desarrollo educativo nacional estará completo sin respuesta a estas preguntas


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