Denuncian obreros y ONG la insalubridad y explotación que impera en Tarrant y Garment

Violan maquiladoras de Puebla la LFT en complicidad con el gobierno

En dichas empresas se elaboran prendas para marcas como Levy Strauss, Limited Brands y Puma

FABIOLA MARTINEZ

Hace poco más de un año, trabajadores de las fábricas Matamoros Garment y Tarrant -plantas asentadas en Puebla- denunciaron las condiciones antihigiénicas y de explotación con las que cotidianamente elaboraban prendas de vestir para importantes marcas, como Levy Strauss, Limited Brands y Puma.

Como alternativa para mejorar sus condiciones de trabajo, decidieron organizarse en torno a un sindicato independiente, pero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Puebla rechazó la solicitud de registro, con base en un criterio administrativo, el cual detalló cinco omisiones que presuntamente cometieron los interesados, aun cuando se comprobó que la mayoría de los empleados había manifestado su voluntad de adherirse al nuevo gremio, principal objetivo del trámite.

Pocas semanas después, los empresarios de ambas maquiladoras ordenaron reducir el nivel de producción y, casi de inmediato, cerraron de manera unilateral las plantas, mismas que hasta el momento se encuentran en esa condición.

Ante la falta de respuesta en las instancias locales, los casos de Matamoros Garment y Tarrant (de trayectoria muy parecida) fueron denunciados por organizaciones civiles de Estados Unidos y México ante el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), mecanismo paralelo al Tratado de Libre Comercio de la región (TLCAN), en el que actualmente son analizados por la Oficina Nacional Administrativa del ACLAN, con sede en Washington.

Sin embargo, la cronología de los conflictos, las irregularidades denunciadas por los trabajadores, así como la forma en que ha actuado la JLCA y el gobierno de Puebla, hacen prever que, al paso de algunos meses o quizá años, el proceso corra la misma suerte que vivieron las obreras de Sony, en 1994, o de los sobrecargos de TAESA, en 1999, por citar dos ejemplos.

Es decir, aun cuando la representación del ACLAN compruebe la violación a derechos laborales básicos (seguridad e higiene, pago de salario mínimo y libertad sindical, entre otros), los gobiernos de México y Estados Unidos responderán, en el mejor de los casos, con una "reunión ministerial", sesiones en las que funcionarios suelen analizar qué estuvo mal y redactan una serie de compromisos bilaterales para que la situación referida no se repita.

Las comunicaciones públicas (denuncias) ante el ACLAN fueron presentada al cierre del año pasado por la organización no gubernamental Estudiantes Unidos/as contra las Maquiladoras (USAS, por sus siglas en inglés), integrada por alumnos de universidades del vecino país del norte, cuyo objetivo es combatir las formas de explotación en las fábricas, en particular aquellas en las que se confecciona la ropa para las marcas más prestigiadas que se comercializan en Estados Unidos. En esta tarea colabora también el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), integrado por trabajadores y ex trabajadores de la zona industrial poblana. Ambas instancias exigen a los representantes del ACLAN ir más allá de las reuniones de ministros e integrar un panel de expertos, única instancia de la que podría surgir sanciones económicas para los responsables de los agravios o una estricta vigilancia para las maquiladoras de las trasnacionales que se instalan en todo el territorio nacional.

En los documentos enviados a la oficina del ACLAN con sede en Washington, a cargo de Lewis Karesh, los promotores de la denuncia hacen una amplia relatoría del destino que ha corrido una veintena de casos presentados en el mecanismo paralelo del TLCAN.

"Confiamos que la OAN (Oficina Nacional Administrativa para el ACLAN) estará igualmente vigilante en esta comunicación (queja), ya que el patrón de los hechos, aquí presentado, es consistente con lo encontrado en comunicaciones previas.

"Aún más, dada la incapacidad de rondas previas de consultas ministeriales para resolver estos problemas continuos, urgimos a la OAN a tomar medidas de mayor alcance para asegurar un progreso significativo en estas cuestiones(...) para poner en práctica un sistema verdaderamente efectivo que asegure altas normas laborales en América del Norte, al explorar la posibilidad de un Comité Evaluador de Expertos", señala.

Y es que más allá de las eventuales omisiones de la autoridad laboral poblana, en los casos referidos se repite la forma en que empresarios y sindicatos de protección se encargan de combatir las quejas de sus obreros.

La historia se repite; los conflictos en ambas fábricas se originaron con el incumplimiento de prestaciones de ley y de los reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo; horarios extraordinarios impuestos; acoso sexual y verbal por parte de las gerencias, e inclusive retraso u omisión en el pago de salarios, aún menores al mínimo.

En el caso de Tarrant, planta ubicada en Ajalpan, Tehuacán, Puebla, cuya matriz se encuentra en Los Angeles, California, se lleva a cabo un prolongado litigio en el tribunal laboral, cuyo desarrollo es cuestionado por los trabajadores, no sólo por el fallo de la JLCA en su contra sino por la fuerza a la que deben enfrentarse.

El socio mayoritario de esa empresa es Kamel Nacif Borge, conocido como El rey de los pantalones de mezclilla en México, debido a su importante capital en la industria textil y del vestido asentada en Puebla. El empresario ha mantenido relaciones de "amistad" con los gobiernos municipales, estatal y federal, incluido el Presidente de la República en turno. Los obreros afirman que, en este sexenio, ha colaborado afanosamente con la fundación Vamos México, que encabeza Marta Sahagún de Fox.

Una situación similar ocurre en Matamoros Garment, maquiladora en la que se denuncia despidos injustificados, pago de salarios incompleto o por debajo del mínimo, así como un "típico caso de contratismo de protección", toda vez que mientras un sector mayoritario de los obreros firmó en favor de la integración de un sindicato independiente, el contrato está en poder del Sindicato Francisco Villa, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, sector obrero del PRI, y aliado del gobierno estatal.

Por lo anterior, los activistas estadunidenses y los mexicanos insisten en que el caso pueda ser llevado a un panel de expertos, en el marco del ACLAN, como la única alternativa para que el gobierno mexicano vigile el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, en especial en los municipios poblanos en los que han sido instaladas cientos de maquiladoras que utilizan mano de obra barata y recurren impunemente a las referidas formas de explotación.

Los promotores de la denuncia han informado detalladamente a Lewis Karesh (quien la semana próxima viajará a México para abordar este y otros asuntos con la embajada de Estados Unidos en nuestro país); en especial de los obstáculos para la procuración de justicia. "Las autoridades locales y federales (adscritas en Puebla) consideran como legales los contratos de protección y los prefieren antes de autorizar un registro a un sindicato independiente. Hay una marcada complicidad del gobierno en estos actos", advierte USAS.