Hay fallas en la norma

Cabildean empresas la aprobación de la Ley de Bioseguridad

ANGELICA ENCISO L.

Las empresas productoras de transgénicos cabildean en la Cámara de Diputados la aprobación, en el actual periodo ordinario de sesiones, de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, a pesar de que las comisiones de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Agricultura habían acordado aplazarla para el siguiente periodo.

De acuerdo con información de la Comisión de Agricultura, este miércoles se presentará el predictamen de la ley. Si es aprobada por consenso, aún podría entrar en el actual periodo de sesiones, lo cual dependerá del acuerdo en comisiones.

Greenpeace estima que en la iniciativa hay fallas, entre ellas que varios de sus puntos no se consideren de interés general, social o de orden público. Además, en su articulado, el principio precautorio aparece marginado, pese a que debe ser la base de la legislación.

La iniciativa, aprobada por el Senado en diciembre pasado, tampoco hace referencia a la soberanía ni a la seguridad alimentaria, pero sí pretende establecer instrumentos de fomento a la biotecnología, rubro que debería quedar fuera de la ley, indica la agrupación.

Cuando se hace referencia al resguardo de los centros de origen, áreas naturales protegidas y zonas de alta biodiversidad, se contemplan excepciones para que se puedan liberar transgénicos en esos sitios, a pesar de que debería quedar claramente prohibida la siembra o liberación.

Además, indica, la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre el movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados (OGM) no está plenamente reflejada en la iniciativa. Asimismo, las autorizaciones para liberar los OGM se darían en forma fragmentada, sin considerar una intervención conjunta de las secretarías involucradas en el tema.

El tema del etiquetado, mediante el cual la población podría conocer la clase de alimentos que consume, tampoco está considerado. Greenpeace y otras organizaciones esperan que los legisladores tengan más tiempo para conocer los impactos reales que esta legislación podría tener en el medio ambiente y en la salud de la población.